Increíble: a un coliseo en Valledupar le han metido tanta plata que se podrían construir dos Movistar Arena, y aún no lo entregan

 En Valledupar, Cesar, donde la música vallenata se escucha en cada esquina y forma parte de la cotidianidad de sus habitantes, están construyendo una obra que ya debería estar lista y en uso: el Centro Cultural de la Música Vallenata. De eso, todo está a medias y avanzando muy lento, pero también lleno de prórrogas y, sobre todo, de un silencio sepulcral de los hacedores culturales, que son los principales beneficiados.

Esa construcción se ha convertido en un símbolo del despilfarro, la opacidad y el silencio impuesto por los poderosos de la política en todo el Cesar. Así lo denuncia, sin rodeos, la diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas, del Centro Democrático, la única voz de oposición en la Asamblea. “Este proyecto no solo representa un elefante blanco en marcha; es la prueba ruidosa de un modus operandi sistemático de sobrecostos, adiciones y negligencia deliberada, todo bajo el sello de una gobernación dominada por el clan Gnecco”, dice sin titubeos la diputada, en diálogo con SEMANA.

Zuleta es una mujer de armas tomar, no se guarda nada en lo absoluto, sabiendo que su voz incomoda a los poderosos. El proyecto, contratado en 2021 por 138.000 millones de pesos y que debía estar listo en 22 meses, ya ha pasado por seis prórrogas y supera los 220.000 millones de pesos, con lo que se podrían construir dos Movistar Arena como el de Bogotá. Y sobraría plata. Pero hay algo más preocupante: no hay garantías de que se entregue en 2025 ni de que pueda operar si algún día se culmina. “En este momento ya van más de 50 meses de ejecución y el contratista no ha terminado ni techos, ni sistemas de sonido. Si no duplican el personal y las horas de trabajo, es muy difícil que lo logren”, precisa Zuleta.

Pero el escándalo va más allá de los tiempos y el dinero, que es lo que se ha conocido mediante las redes sociales. Lo que más escandaliza es el silencio de quienes deberían vigilar y sancionar. “Lo más ruidoso en todo esto es el silencio absoluto de los órganos de control. Es como si tuviéramos que rogar para que el Estado funcione”, dice con indignación.

Un diseño adulterado y “donado”

Zuleta afirma que todo el problema de esta obra comenzó desde su planeación, en 2014, bajo la administración del hoy capturado gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien contrató a una firma consultora española para hacer los estudios y diseños del centro cultural por más de 2.000 millones de pesos. Pero cuando, siete años después, adjudicaron la construcción, esos estudios fueron ignorados. En su lugar, le dieron al contratista un diseño distinto.

“La Gobernación reconoce que esos cambios los hicieron profesionales que supuestamente donaron sus servicios, sin estar contratados ni cumplir requisitos legales. ¡Donaron modificaciones a un diseño estructural de una obra pública! Es un absurdo total”, denuncia Zuleta. La diputada agrega que ni siquiera hay documentos que expliquen por qué la consultoría inicial se prorrogó de seis a 18 meses. “No hay actas, no hay informes, no hay trazabilidad. Y la información no está disponible en Secop. Hemos tenido que recurrir a derechos de petición, y aun así nos niegan la verdad”, señala.

El Centro Cultural es solo una pieza más de un entramado de obras públicas marcadas por las mismas presuntas irregularidades. Zuleta menciona con preocupación el caso del proyecto El Toco, en San Diego, donde prometieron 200 hectáreas de riego y un proyecto productivo para víctimas del conflicto. Hoy, tras invertir más de 10.000 millones de pesos, no se ha entregado ni una sola hectárea.

También menciona el estadio de fútbol de Valledupar, el Centro de Desarrollo Tecnológico y otras inversiones que terminaron siendo monumentos a la improvisación y a la impunidad. “Este patrón de sobrecostos y prórrogas parece una política institucionalizada del clan Gnecco, y se ha hecho con total impunidad porque tienen cooptados los mecanismos de control. Así compran el silencio en el Cesar”, asevera la diputada con tono firme.

El costo político del silencio

El clan Gnecco apoya hoy a Petro. De hecho, en la votación de la consulta popular, el senador José Alfredo Gnecco Zuleta respaldó la iniciativa del Gobierno, que al final se hundió en el Senado. Ese clan es tan fuerte en el Cesar que a quienes intentan hacerles oposición, presuntamente, los compran, o atacan su vida profesional o personal, y no descartan, al parecer, usar las amenazas.

Zuleta reitera que no se le amilana a este poder político en el Cesar, aun cuando es la única diputada del departamento que les hace oposición a los presuntos despilfarros e irregularidades que ha denunciado desde hace varios años, pero lo increíble es que nada pasa. “Me atacan, me intentan deslegitimar, pero yo sigo; porque aquí hay que decir las cosas como son. Esta obra no solo huele a corrupción, está podrida desde sus cimientos”, remata.

El exdiputado Quintín Quintero, en diálogo con SEMANA, recuerda un momento clave: “El proyecto fue aprobado en plena pandemia, cuando la gente no podía salir a trabajar. Les dijimos: ‘Este no es el momento para invertir 200.000 millones en una obra tan estrambótica’. Pero no nos escucharon. Ni el Gobierno nacional, ni la Gobernación, ni nadie”.

En ese entonces, la crítica de varios sectores apuntaba a que ese dinero podía haberse redirigido a necesidades urgentes: salud, reactivación económica, alimentación. Sin embargo, el proyecto fue impulsado y blindado con un decreto del Gobierno de Iván Duque que permitió modificar los planes de desarrollo en plena emergencia sanitaria.

“No es que estas obras no se necesiten, pero no eran la prioridad en ese momento. Fue una decisión desatinada, insensible. Pero cuando el poder está concentrado, no hay espacio para el disenso”, dice el exdiputado.

Entre tanto, Jorge Armando Maestre, secretario de Planeación de la Gobernación del Cesar, precisó que todo avanza supuestamente sin ningún tipo de irregularidades. “Las obras del Centro Cultural de la Música Vallenata se encuentran en plena ejecución. Actualmente, se realizan actividades constructivas para la finalización del capítulo de redes eléctricas, hidrosanitarias, voz y datos y HVAC. También los acabados, y ya se encuentra en obra una gran parte del componente de mobiliario, dotación del museo y el componente tecnológico para la proyección del contenido audiovisual. Estamos hablando de un avance del 84 por ciento”, explicó.

Al ser consultado por la cantidad de prórrogas, sostuvo que todo lo han realizado de acuerdo con lo que establece la ley y que no hay ningún tipo de hechos contrarios a la normatividad. “Contra el contratista actualmente cursa un proceso de imposición de multa, ese proceso se lleva a cabo de manera independiente y seguirá su curso para que se actúe de conformidad en las instancias correspondientes”, explicó. SEMANA también conoció que muchos medios de comunicación del Cesar guardan silencio frente a este tipo de situaciones por razones de seguridad y también porque les podrían retirar los contratos de publicidad.