Informe de la Contraloría revela irregularidades financieras en San Andrés y Providencia; estableció hallazgos por $36.879 millones

La Contraloría General dio a conocer un informe detallado tras llevar a cabo una actuación especial de fiscalización intersectorial al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Hospital Departamental de San Andrés, que abarca desde el año 2019 hasta el 15 de mayo de 2023.

El informe identificó un total de siete hallazgos con incidencia fiscal, que ascienden a la asombrosa cifra de $ 36.879 millones. Adicionalmente, el ente de control detectó 14 hallazgos con presunto carácter disciplinario y tres con presunta incidencia penal. La investigación se centró en la gestión fiscal vinculada a los procesos de recaudo, administración y ejecución de los recursos provenientes de la tarjeta de turista y la contribución para el uso de la infraestructura pública turística.

La Contraloría ha señalado una serie de deficiencias graves, lo que ha llevado a emitir un “concepto adverso” para las entidades involucradas debido a la inobservancia de los principios de economía, eficacia, eficiencia y planeación.

Un hallazgo fiscal significativo, por un monto de $ 1.225 millones, está relacionado con la construcción abandonada de una pista de bicicross en el municipio de Providencia. Este proyecto no solo ha quedado inconcluso, sino que también ha evidenciado deficiencias desde la fase de estructuración, donde no se realizaron las gestiones adecuadas para obtener los permisos y licencias ambientales necesarios.

Otro punto destacado es la falta de controles en el proceso de recaudo por concepto de tarjeta de turista, con deficiencias cuantificadas en $ 4.869 millones. Según el informe, se identificaron números seriales utilizados sin que se haya evidenciado el ingreso efectivo de los recursos a la tesorería del departamento.

El informe también señaló una inversión de $ 155 millones por parte de la Gobernación en el Centro de Salud San Luis, destinada a la instalación de un ascensor que no está en funcionamiento. A la fecha, las pólizas de garantía están vencidas, evidenciando la falta de gestión para salvaguardar dicha inversión.

Además de estas irregularidades específicas, la Contraloría destacó la ausencia de mecanismos de seguimiento, validación y control que garanticen el adecuado registro y administración de los recursos. Esto ha resultado, según el organismo de control, en falta de oportunidad en las transferencias que debe realizar la Gobernación en favor del municipio y disparidad entre distintas fuentes de información en cuanto al recaudo y transferencia, según los términos de la ley.

El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, subrayó la necesidad urgente de que las entidades auditadas tomen acciones correctivas para subsanar las deficiencias encontradas en la labor de recaudo, administración y ejecución de los recursos. Estas acciones son cruciales para garantizar el cumplimiento de los propósitos establecidos en la ley y para mejorar las condiciones del archipiélago, su comunidad turista y residente, así como su infraestructura.

Contraloría deja en firme fallo millonario contra Ecopetrol

Por otro lado, la Contraloría General ratificó un fallo con responsabilidad fiscal por un monto de $ 20.375 millones, relacionado con la “ejecución incompleta y deficiente” de un contrato de obra suscrito por Ecopetrol para la pavimentación de una vía en Tibú, Norte de Santander.

El fallo cobijó a Édgar Emilio Rincón Mora, un funcionario de Ecopetrol que estuvo vinculado a la compañía entre marzo y noviembre de 2014 y que tuvo a su cargo la administración del contrato de obra. También se confirmó la responsabilidad fiscal para el contratista de obra y la firma del contrato de interventoría AB Proyectos S.A.

El contrato en cuestión tenía como objetivo el mejoramiento y la pavimentación de la vía Astilleros-Tibú, abarcando sectores como la vereda La Cuatro, ingreso al casco urbano de Tibú (La Virgen), y la Cuatro-Portería No. 2 (ingreso a las instalaciones de Ecopetrol Campo Tibú), vía a La Gabarra. Sin embargo, de acuerdo con el ente de control, la obra presenta serios deterioros y no ha sido concluida.

La Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 confirmó la responsabilidad fiscal de varias personas naturales y jurídicas, entre ellas Édgar Emilio Rincón Mora, Aníbal Felipe Matiz Pinzón (representante legal de AB Proyectos S.A.), y el Consorcio 121 conformado por Ingenierías Triturados y Concretos S.A., Intricon S.A. y AS Ingeniería Puntual S.A.S.

La cuantía indexada del proceso de responsabilidad fiscal alcanzó los $ 20.375.766.883. El daño patrimonial se centró en múltiples fallas en el pavimento, construcción de obras innecesarias, falta de cunetas en gran parte de las calzadas y pérdida de banca de la vía, con un deterioro general en ambas calzadas.

El fallo también declaró civilmente responsable a la compañía aseguradora Axa Colpatria S.A. por la suma asegurada. Este caso destacó por su enfoque en la garantía de la responsabilidad fiscal y la búsqueda de reparación por los perjuicios causados debido a la ejecución deficiente del contrato de obra en Tibú.