Nación
Insólito | Los encargados de proteger la Amazonia la estaban talando a gran escala. Fueron capturados por arboricidio
La Fiscalía puso al descubierto a una organización delictiva que estaría conformada por funcionarios y particulares.
La red de tala indiscriminada de bosques en la Amazonia estaba integrada por exfuncionarios y funcionarios de la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia (CDA). Se trata de Luis Orlando Castro Acosta, el actual servidor de la CDA, y Carlos Andrés Quintero Sánchez, que, con sus omisiones, beneficiaban a los criminales.
La investigación de la Fiscalía logró establecer cómo una red criminal, con funcionarios a su servicio, sería la responsable del crecimiento de la tala de bosque nativo y la obtención de madera en áreas de reserva forestal en Calamar y El Retorno (Guaviare). Los funcionarios entregaban permisos a diestra y siniestra, sin los requisitos de ley.
“De la red harían parte el exdirector de la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia (CDA), Luis Orlando Castro Acosta; el actual servidor de la CDA, Carlos Andrés Quintero Sánchez, y los beneficiarios de los aprovechamientos forestales, identificados como Jonathan Ortiz Villamil y Juan Andrés Sánchez”, señaló la Fiscalía.
Los investigadores lograron descubrir cómo se gestó el entramado de corrupción que terminó destruyendo los bosques protegidos por los mismos funcionarios encargados de cuidarlos. “Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas personas se habrían concertado para duplicar la expedición de permisos para el aprovechamiento forestal y así aumentar las cantidades de madera que se podían extraer en determinados puntos, sobrepasando los límites permitidos por la ley”.
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Lo que quedó claro, luego de las audiencias de imputación de cargos, es que el exdirector de la CDA, al parecer, autorizó y emitió nueve salvoconductos de movilización que no cumplían la reglamentación vigente, “teniendo en cuenta que se encontraban por fuera del volumen total avalado para transportar especies maderables obtenidas en zonas de gran importancia ecológica, superando el límite por más de 108,3 metros cúbicos”.
Las víctimas de este arboricidio eran especies como el cedro achapo, el dormidero negro, el dormidero blanco y el botagajo. Todas explotadas a gran escala y con las autorizaciones corruptas de los funcionarios que estaban para protegerlas. Los permisos fueron expuestos en las audiencias de control de garantías.
“Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó al exfuncionario y al funcionario los delitos de financiación a la deforestación y abuso de la función pública, y a los particulares el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables”, señaló la Fiscalía.
Uno de los capturados, Ortiz Villamil, aceptó los cargos que imputó la Fiscalía, y los demás serán llevados a juicio con la convicción de los investigadores de obtener una condena en su contra.
