Caso Uribe: así está el proceso de cara a la trascendental audiencia de preclusión de este martes

El martes se dará una cita clave en el marco del proceso judicial y político más importante de las últimas décadas: la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Será ante la jueza 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz; y la Fiscalía tendrá que argumentar el motivo por el cual solicita la preclusión del proceso contra el exmandatario, en contravía del rumbo que llevaba la indagación en la Corte Suprema de Justicia, donde nació este pleito penal.

En agosto del año pasado, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe, siendo el primer exmandatario al que se le imponía esta medida en la historia reciente. Uribe y su defensa consideraron que no tenían garantías en el proceso y, como la corte investiga a los congresistas, el exmandatario renunció a su cargo de senador, y el proceso pasó a la Fiscalía.

Fue asumido por Gabriel Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quien empezó a recaudar pruebas que no habían sido tenidas en cuenta, como la declaración del exparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra. Este afirmó que los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba fueron hasta la cárcel, en Estados Unidos, para buscar testimonios contra el expresidente Uribe a cambio de darle asilo a su familia en Francia o Suiza.

En esta etapa, desfilaron por los pasillos de la Fiscalía testigos que no fueron escuchados en la Corte Suprema, o si rindieron declaración, su testimonio no fue considerado. Es el caso de la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño, quien ha dicho que desde la Fiscalía, en la administración de Eduardo Montealegre, se fraguó un complot contra el expresidente Uribe y su hermano Santiago. La misión: demostrar que tenían vínculos con los paramilitares.

Vea la declaración de Hilda Niño

El testigo estrella en el caso, Juan Guillermo Monsalve, ha declarado únicamente ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Uribe solicitó en varias ocasiones contrainterrogarlo, pero no fue posible. En el proceso en la Fiscalía tampoco quiso dar testimonio, argumentando falta de garantías. Tanto para la Fiscalía como para los apoderados de Uribe era clave escuchar esta versión.

Entrevistas, declaraciones, pruebas técnicas y nuevos testigos forman parte del material probatorio recogido por la Fiscalía desde septiembre. No obstante, hay una serie de pruebas que ha sido clave en esta nueva etapa: los dispositivos electrónicos y de comunicaciones del condenado Monsalve.

La corte no se detuvo a indagar en ellos, pero ante la negativa del senador Iván Cepeda de dar a conocer los chats que tenía con el testigo Monsalve, la Fiscalía fue más allá: pidió el contenido de los celulares, siete sim cards que le fueron decomisadas en prisión y su computador personal. Ahí se abrió la caja de pandora.

Una pieza fundamental es el computador de Monsalve. SEMANA reveló en exclusiva un documento de 34 páginas con información detallada, con fecha del 25 de marzo y elaborado por agentes del CTI de la Fiscalía. En total, hay 87 archivos de Word, 66 en formato PDF, 517 gráficos, 4 archivos de Excel y 14 archivos de video. También encontraron palabras clave como: La Veranera, Cepeda, Deyanira, Uribe, Santiago, Lombana, Guacharacas y Caliche.

Uno de estos términos, o mejor, un nombre, es protagonista en este proceso. Se trata de la expareja de Monsalve, Deyanira Gómez, médica de profesión. Sobre ella, uno de los nuevos testimonios, el del abogado Héctor Romero –primer defensor de Monsalve y amigo personal de Deyanira– reveló que ella viajó al exterior como medida de protección gracias a las gestiones del magistrado José Luis Barceló, quien llevaba el caso contra Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Y hay un dato sobre el cual tienen puestos los ojos las autoridades: ella habría tenido una relación con un exintegrante de las Farc que fue procesado por homicidio y sería el padre de su hija mayor.

Uribe publicó en su cuenta en Twitter: “Deyanira, instrumento de Santos - Barceló - Farc 2014, iniciamos campaña y el Gobierno me acusa de interferir La Habana con agencia militar Andrómeda (ni la conocí)”.

La explicación de este mensaje es que, según el expresidente Uribe, Deyanira negoció un inmueble con el coronel Juan Pablo Prado, quien era miembro de inteligencia en el Gobierno de Juan Manuel Santos y habría estado detrás de la filtración del supuesto espionaje al proceso de paz de La Habana. Pardo, de acuerdo con el exmandatario, salió de las Fuerzas Militares el año pasado, al parecer, por estar involucrado en casos de perfilamientos.

Deyanira Gómez tiene escriturada la finca La Veranera en sociedad con la mamá de Monsalve por un valor de 54 millones de pesos, cuando su costo real es de cerca de 560 millones de pesos. No está claro de dónde salió el dinero, por lo que la Fiscalía ya adelanta diligencias de extinción de dominio al predio.

En esta etapa, la Fiscalía recogió declaraciones de abogados y de testigos; algunas de exparamilitares y otras de delincuentes recluidos con Monsalve. Por ejemplo, está Enrique Pardo Hasche, quien aseguró que Monsalve no es paramilitar, que se disfrazó para tomarse una foto frente a un predio de los Uribe y luego desprestigiarlos, y que su compañero de reclusión cambia de parecer con tal de que le ofrezcan prebendas.

Entrevistaron al exabogado de Uribe, Diego Cadena, quien asistió a cárceles en Colombia y Estados Unidos para recoger testimonios favorables al exmandatario. Cadena, quien afronta un juicio por manipulación de testigos en este mismo caso, afirmó que la entrega de dineros se trató de ayudas humanitarias, y que lo hizo sin autorización de Uribe.

El martes, los principales protagonistas de este pleito se verán las caras ante la jueza 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz. Estará el fiscal Jaimes argumentando la solicitud de preclusión del proceso contra Uribe, con base en lo recogido en estos seis meses que lleva el caso en sus manos.

La solicitud de preclusión es una batalla más de esta guerra política y judicial que enfrenta al senador Iván Cepeda y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El origen se dio en un debate de control político –citado por Cepeda– sobre el paramilitarismo en Colombia, el cual estaba direccionado contra Uribe. Ese día, el 17 de septiembre de 2014, el exmandatario abandonó el recinto del Congreso y fue ante la Corte Suprema de Justicia a denunciar a Cepeda por ofrecer beneficios a presos a cambio de enlodarlo.

Uribe pasó de denunciante a acusado cuando el magistrado José Luis Barceló consideró que no había mérito para investigar a Cepeda y, por el contrario, abrió un proceso contra Uribe.

En este giro se dio un hecho sin precedentes. La corte había ordenado la escucha del teléfono del senador Nilton Córdoba en otro proceso, pero resultó ser el de Uribe y lo sumaron como prueba. Para la defensa del expresidente esto no es más que una interceptación ilegal que debe ser investigada; de hecho, la Fiscalía ya tiene un expediente abierto por este tema. El analista del CTI Óscar Álvarez, quien participó en la interceptación, reconoció ante el organismo acusador que continuó escuchando al expresidente, pese a haberse percatado de que no correspondía al celular que le habían ordenado interceptar. “La autoridad competente sabía que A no era B”, dijo Álvarez.

Un espinoso caso, con Uribe y Cepeda como protagonistas; abogados, testigos y exparamilitares como parte del reparto. Y una jueza sobre la que cae la responsabilidad de decidir si precluye o no el proceso contra el exmandatario. De hacerlo así, tampoco significa el cierre. Con las apelaciones, el caso llegaría al Tribunal Superior de Bogotá, donde cualquier cosa podría ocurrir. Si por alguna circunstancia el caso fuera a juicio, habría dos posibilidades: que Uribe demostrara su inocencia o que fuera condenado, lo cual es poco probable. De cualquier modo, este llegaría de nuevo a la Corte Suprema de Justicia, en una eventual casación.

La audiencia llega con un antecedente adicional: las polémicas declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Luis Hernández, quien criticó a la Fiscalía por el manejo del caso. Hernández dijo que el ente acusador había hecho “equipo con la defensa de Uribe”. Además, aseguró que la jueza debe tener en cuenta todo lo actuado por la corte, incluyendo la orden de detención. Para muchos, sus palabras fueron interpretadas como una presión indebida a la funcionaria judicial que tendrá que decidir con respecto a la preclusión.