Un mes después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía tomó una drástica determinación: compulsar copias para que se investigara lo que, en ese momento, se advirtió como una filtración de información y que con el paso de los meses se dibujó como un aporte voluntario y desinteresado de la comunidad: los videos de seguridad.
Fueron varias las imágenes que el país conoció, con las escenas previas y posteriores al magnicidio. En todas se observan los protagonistas del atentado, los mismos que, gracias al trabajo de los fiscales e investigadores, fueron capturados, algunos condenados en tiempo récord.
Sin embargo, varias dudas y hasta reclamos saltaron cuando las imágenes, con los videos de seguridad, se conocieron en diferentes medios de comunicación. Los propios fiscales e investigadores tomaron la determinación de compulsar copias para determinar con certeza de qué forma estaban saliendo las imágenes que se creían en poder exclusivo de la investigación.
“En ese contexto, las filtraciones que se han presentado no solo menoscaban la reserva que debe prevalecer en las actuaciones judiciales, sino que representan una amenaza directa para la seguridad de quienes intervienen en este proceso, particularmente del menor de edad cuya protección resulta prioritaria. Al mismo tiempo, estas situaciones entorpecen las labores investigativas al permitir que otros posibles implicados, que aún no han sido plenamente individualizadas o capturadas”, advierte la compulsa de copias.
Lo particular del asunto es que las dudas entre investigadores y fiscales fueron infundadas. Los videos de seguridad, que se convirtieron en elementos de prueba y material de reportajes periodísticos, aterrizaron en el momento más importante para la investigación, y en los medios se convirtieron en la forma más completa de revelar los detalles del magnicidio.
“Adicionalmente, no puede perderse de vista que este tipo de filtraciones propicia un ambiente de intimidación, presiones o posibles represalias contra testigos, víctimas y servidores públicos que intervienen en la investigación, lo que vulnera no solo su integridad, sino también el adecuado desarrollo del proceso”, explica el documento con la compulsa de copias que llegó a la Comisión de Disciplina Judicial.
La solicitud de investigación que hicieron los investigadores y fiscales del caso se convirtió en un proceso formal en la Comisión de Disciplina Judicial en la seccional de Bogotá que, para entender realmente lo que pasó, ordenó una serie de diligencias que incluye declaraciones de los principales responsables de salvaguardar la información.
“Con el propósito de identificar, individualizar y judicializar a la totalidad de los responsables, se han desplegado diversas actividades investigativas, entre las cuales se destacan: recolección y análisis de videos, extracción forense de dispositivos electrónicos, entrevistas, interrogatorios, búsquedas selectivas en bases de datos, inspecciones judiciales, análisis de redes sociales, entre otras”, señala el documento.
Los investigadores explicaron las razones de la compulsa de copias, de solicitar que se adelante una investigación en el propósito de dar transparencia y garantía, de que los videos y toda la información relacionada con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay estuvo bajo reserva del expediente. Lo que terminó en medios de comunicación se conoció a través de otros canales.
