Jaque mate a la Fuerza Pública: sin Estados Unidos ni Israel, los uniformados no tendrían el fusil Galil. Hay riesgo de que los helicópteros se queden en tierra

“Las decisiones del presidente Gustavo Petro van en camino del debilitamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía”. Esa fue la conclusión a la que llegaron funcionarios del Ministerio de Defensa, exministros del sector e integrantes de la fuerza pública en retiro, tras la orden del jefe de Estado de no comprar armamento a Estados Unidos, luego de la descertificación en la lucha contra las drogas. Esta decisión se suma al rompimiento de relaciones con Israel, que ya había significado un duro coletazo para las fuerzas.

Para medir el impacto devastador de la orden de Petro, basta mirar a los Comandos Jungla de la Policía, la unidad élite en la lucha contra el narcotráfico. De la cabeza a los pies están vestidos con indumentaria fabricada en Estados Unidos. El casco kevlar, el chaleco táctico, el cinturón multipropósito, el pantalón, los portaccesorios donde se guardan los proveedores, las rodilleras y coderas, la reata táctica, la chapuza piernera (funda para la pistola), los guantes y las botas son de origen estadounidense, así como el armamento que portan estos experimentados uniformados.

El material de guerra estadounidense que ha llevado a los comandos Jungla a propinar duros golpes es amplio. Al mirar de frente a cualquiera de ellos, se encuentra a un policía colombiano bajo una armadura estadounidense.

La pistola Glock, la pistola Prieto Beretta, la ametralladora MP-5, el rifle M-4, la escopeta Mossberg en sus cuatro versiones (500, 590, 591 y Benelli), el rifle M-4, el mortero M-224, la ametralladora M-249, la ametralladora Neguev 5.56, la ametralladora M-60, el rifle de francotiro Remington 700 de cerrojo abierto, los visores nocturnos, los geolocalizadores y los radios de comunicación de base, entre otros conjuntos importantes de piezas, son de fabricación estadounidense, así como las municiones de marcas como WCC, LC, LEW y Winchester.

Los comandos Jungla de la Policía forman parte del plan triangular que tienen Colombia y Estados Unidos para apoyar a otros países en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Además, cumplen un papel fundamental en el componente de erradicación de cultivos ilícitos, aviación, interdicción y acciones en puertos y aeropuertos. Estas unidades, que forman parte de la Policía Antinarcóticos, son entrenadas en los Estados Unidos en diferentes bases.

Por ejemplo, los pilotos de Black Hawk, una de las mayores ventajas con las que cuenta el país para combatir el crimen de alto impacto, que en su momento fueron determinantes para inclinar la balanza de la guerra a favor de la fuerza pública, reciben capacitaciones en San Antonio (Texas); los Jungla, por su parte, son entrenados en Miami, el mismo sitio donde los hacen los reconocidos miembros de los equipos Swat estadounidenses.

De acuerdo con un alto funcionario del Ministerio de Defensa, que habló con SEMANA, pero que pidió la reserva de su identidad, la orden del presidente Petro de frenar la compra de armamento a Estados Unidos es un nuevo golpe que recibe la fuerza pública y que busca, porque no hay otra explicación sensata, disminuir sus capacidades.

“Hay equipos que son críticos y que necesitan mantenimiento. Si no se hace, se van a deteriorar. Así se pierde la capacidad y no hay plata para comprar nuevos equipos”, advirtió el funcionario.

Los equipos a los que hace referencia, por ejemplo, son los helicópteros Black Hawk, que necesitan un mantenimiento continuo, compra de repuestos, pilotos entrenados, software actualizado y modernizaciones en su caparazón. Al igual que los equipos de los Jungla, Estados Unidos es el único país proveedor por asuntos contractuales.

Para exministros de Defensa como Juan Carlos Pinzón y Diego Molano, la decisión del presidente Petro, de dejar a Colombia sin sus dos principales aliados militares, como Estados Unidos e Israel, tiene un propósito específico y es desmantelar a la fuerza pública para convertirla en una fuerza similar a como funciona en Venezuela.

Estrategia clara

“Es evidente que la estrategia de Petro es debilitar las fuerzas armadas, someterlas, arrodillarlas, pero lo más triste es que cada vez que hace eso empodera a la criminalidad”, dijo el exministro Pinzón, quien además lanzó una preocupante alerta. “La orden de Petro podría dejar helicópteros en tierra en unos meses, con lo cual el país perdería la capacidad de controlar el territorio, de mover las fuerzas armadas y eso podría dejar a las Fuerzas Militares sin capacidad para realizar operaciones especiales, sin buena parte de sus comunicaciones, de su armamento de precisión y armamento especial, lo cual afectaría tremendamente a la inteligencia en la lucha contra el narcotráfico”, alertó Pinzón.

Por su parte, el exministro de Defensa Diego Molano, reconoció que la posición del presidente Petro es la de buscar la pérdida de capacidades de la fuerza pública. Él dijo que no encuentra otra justificación para esas decisiones y que es consciente de que impactan a las fuerzas y a su operatividad.

“Hay tres aspectos que se verán afectados. En primer lugar, los programas de aspersión aérea, de erradicación manual y de incautaciones, que se financian en su mayoría con cooperación de Estados Unidos.

Por otro lado, las operaciones de la Armada, como Orión, para hacer interdicción en el mar, no contarán con los recursos logísticos. Y la compra de ciberseguridad y tecnología se verá afectada, especialmente la inteligencia para combatir el crimen organizado”, sostuvo el exministro Molano.

Por su parte, el general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, dijo que la fuerza pública es la única que pierde. “La munición se acaba, los equipos necesitan mantenimiento y son muy importantes los recursos de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esto no es inteligente”, manifestó el general, haciendo referencia al combate contra las drogas, motivo central de la descertificación a Colombia.

Golpe a las fuerzas élite

El coletazo de la decisión presidencial también impactará a las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares. Por ejemplo, los Comandos del CCOES (Comando Conjunto de Operaciones Especiales) son unidades élite y, a diferencia de los soldados del Ejército, operan con material de guerra estadounidense. Fusiles, pistolas y otros equipos bélicos que portan estos hombres, que se encargan de combatir a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo, al ELN y a la Segunda Marquetalia, son similares a los de los comandos Jungla.

Ellos también son dotados con fusiles M-4 americanos, pistolas Glock, Prieto Beretta y ametralladora M-60. Incluso, las prendas de vestir las compran a la marca militar 5.11, de origen americano. Las consecuencias de las decisiones del presidente Petro de sacar del camino a los dos principales aliados militares de Colombia sin tener un plan B, que los pudiera reemplazar de forma inmediata, ya pasó la primera factura. Y es muy costosa.

SEMANA conoció con altas fuentes del sector Defensa que el fusil Galil, insignia en la lucha militar del país, se dejará de fabricar por desacuerdos entre Colombia e Israel, de donde es oriunda la patente de la poderosa y emblemática arma de guerra.

El 8 de agosto de 1994, Colombia adquirió los derechos a Israel, dueño del Galil. Desde esa época el país inició la fabricación de piezas y ensamble del robusto fusil. Sin embargo, en el contrato quedó estipulado que había dos piezas que Colombia tenía que comprarle exclusivamente a Israel, el cañón y la mira. Con la decisión de Petro de romper relaciones con Israel, Indumil quedó en una encrucijada.

En junio de 2024, SEMANA reveló en exclusiva que Indumil, la empresa de armamento colombiana, estaba buscando alternativas para no afectar la producción del Galil luego de que el presidente Petro dijo que no quería tener vínculos con Israel por su guerra en la franja de Gaza.

Hoy, más de un año después, fuentes confirmaron a SEMANA que tras la crisis diplomática iniciada por Petro, fue imposible conseguir el cañón del Galil con otro proveedor, por lo que se tomó la decisión de no ensamblar más el fusil y, por el contrario, buscar una alternativa para dotar a los militares que están en terreno.

“Hasta ahora, eso es un proyecto”, le dijo una alta fuente del sector Defensa a este medio. El exministro Pinzón expresó su preocupación por el futuro de la dotación para las tropas. “Es el fusil de dotación de la fuerza pública. Prácticamente todas las unidades de Ejército, algunas de la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea reciben los Galil como el arma de dotación básica de cada hombre”, dijo.

Tras la compleja radiografía para el país con las decisiones del presidente Petro en materia militar, quien reaccionó a la orden de no comprar armamento a Estados Unidos fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“Es clave mantener la cooperación con Estados Unidos. En el caso colombiano, la intención del presidente es que nosotros mismos defendamos con nuestras armas nuestra soberanía, nuestra independencia y para ello ya hay un proyecto que hemos matriculado para modernizar las armas, pero ese proyecto toma tiempo y requiere dinero. Son aproximadamente diez años que se requieren para hacer esa transición de capacidades para ser autónomos”.

Así mismo, indicó: “En este momento decir que no vamos a tener (armamento) de equis o ye países es irresponsable. Los aviones Gripen, por ejemplo, que se van a adquirir, esos motores vienen de Estados Unidos”.

Frente a la idea de que Colombia se convierta en un país autónomo en materia militar, como lo dice el presidente Petro, el exministro Pinzón no dudó en calificarlo como una “persona que habla carreta”. Según Pinzón, Colombia no está en la capacidad de producir armamento y por eso se hace necesario tener aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel.

Lo cierto es que mientras la fuerza pública pierde capacidades con helicópteros en tierra, problemas para producir fusiles y deficiencia de recursos, los grupos criminales aparecen con nuevo armamento, dinero ilimitado producto del narcotráfico para financiarse y con ventajas de guerra tras las decisiones del Gobierno Petro que les ha permitido fortalecerse: ceses al fuego, la suspensión de órdenes de captura contra peligrosos cabecillas y la no extradición de otros por estar en negociaciones en el polémico proyecto de paz total. La verdad es una: los militares y los policías de Colombia están quedando maniatados.