Judicial
JEP fija fecha y hora para alegatos de conclusión en el proceso contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía
El excomandante del Batallón de la Popa enfrenta un juicio por la ejecución extrajudicial de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate.
Este miércoles, tras siete meses de audiencias, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó la fecha para que se presenten los alegatos de conclusión en el juicio contra el coronel en retiro Publio Hernán Mejía.
La magistrada Reinere Jaramillo dio por concluida la etapa de práctica de testimonios en este proceso y otorgó un plazo para la elaboración de los alegatos finales de conclusión, los cuales deberán ser presentados por escrito el 5 de agosto.
La última etapa del juicio contó con la exposición del coronel Mejía, quien renunció a su derecho a guardar silencio. Tras las preguntas de su abogado, aseguró que todas las operaciones que se adelantaron en el Batallón La Popa, de Valledupar, entre el 2002 y 2004, estuvieron cobijadas por la ley.
En la acusación presentada en julio de 2023, la JEP señaló que el coronel en retiro tuvo una responsabilidad directa en los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura.
En la acusación se citó que siendo comandante del Batallón de Artillería n.° 2, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, el coronel habría ordenado el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira para que fueran presentadas como guerrilleros abatidos en combate.
En este sentido, se indicó que por su modus operandi estos hechos se enmarcan en conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, “los crímenes se enmarcan en un patrón de macrovictimización consistente en un ataque sistemático y generalizado contra integrantes de la población civil”.
Esto teniendo en cuenta que muchas de las víctimas eran jóvenes desempleados de bajos recursos, miembros de la comunidad indígena presentes en la región y campesinos del norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Para lograr su cometido, los militares se habrían asociado con el frente Mártires del Cesar, también denominado como frente Mártires del Cacique de Upar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandado por David Hernández Rojas, conocido como 39.
En la ejecución de estas acciones, las víctimas fueron “retenidas y asesinadas por las AUC, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar”.
Un grupo de civiles fueron entregados con vida por las AUC a los militares para que fueran asesinados y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.
“Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares”, señaló la acusación.
Las pruebas recolectadas indican que militares adscritos al Batallón de la Popa sostuvieron combates reales con grupos armados ilegales ubicados en la zona. Después de ellos, se les quitó la vida a combatientes que habían depuesto las armas o se encontraban heridos.
