JEP, la tormenta que se avecina: SEMANA revela el contenido de las primeras condenas contra exguerrilleros y militares, y que desatarán polémica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezará a emitir las primeras condenas contra los máximos responsables de los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia después de siete años de investigaciones por parte de los magistrados. SEMANA revela detalles de las dos sentencias que el país conocerá antes de agosto y que prometen levantar un gran revuelo en la opinión pública.

De acuerdo con los planes del tribunal, primero se fallará sobre los militares que aceptaron su participación en 127 ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– ocurridas en municipios del norte del Cesar y el sur de La Guajira, y después se publicarán las sanciones aplicadas a los últimos siete integrantes del secretariado de las extintas Farc por conductas relacionadas con el secuestro en todos los rincones del país.

Se tratará de condenas restaurativas. Es decir, los implicados no estarán privados de la libertad, tendrán algunas restricciones para su movilidad y deberán adelantar trabajos sociales y de memoria en los territorios donde cometieron los crímenes, siempre y cuando las condiciones de seguridad estén dadas por la fuerza pública, y el Gobierno nacional apruebe los recursos para materializar esos planes, puestos en duda por la crisis fiscal.

Hay un tercer fallo en camino y se divulgaría a finales de 2025. El protagonista es el coronel (r) Publio Hernán Mejía, antiguo comandante del Batallón La Popa, escenario de varios falsos positivos, que resolvió defender su inocencia y rechazar las acusaciones de la JEP. Los magistrados tienen dos posibilidades: desconocer los cargos y avalar los argumentos de su defensa o, por el contrario, condenarlo hasta los 20 años de cárcel.

El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, explicó que la mayoría de condenas serán restaurativas y no adversariales, que implican la prisión: “Los casos son excepcionales. Más del 90 por ciento de los comparecientes están aportando verdad y reconociendo responsabilidades. Unos muy pocos están estableciendo la ruta adversarial, que podría desencadenar en la culpabilidad, irían a la cárcel, o la inocencia”.

Los ex Farc

El cronograma de actividades de la Jurisdicción Especial para la Paz planteó que la primera condena comprometería a los siete últimos miembros del secretariado de las extintas Farc. Sin embargo, un recurso judicial presentado por los protagonistas de la sentencia obligó a aplazar la agenda y, por el orden de los procesos, la primera sanción que conocerá el país será contra exintegrantes de la fuerza pública.

Los excombatientes cobijados con la condena serán Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Ellos deberán realizar proyectos sociales en los territorios en donde la organización criminal cometió secuestros y serán patrocinados por el Gobierno nacional.

“El cumplimiento se da fuera de los muros, de las rejas, se da en las comunidades, a la luz pública. El diseño de los proyectos debe tomar en cuenta las condiciones de las personas condenadas: su edad, su estado de salud, sus habilidades y destrezas. Esto no se trata de trabajos forzados, se trata de aportes, contribuciones efectivas a la dignificación, a la restauración, a la reparación en diversas líneas”, aclaró el secretario de la JEP.

Aunque las iniciativas están en diseño, y se requiere la posición de los afectados acreditados, se ha calculado que le pueden costar al Estado más de 18.000 millones de pesos. Se piensa resarcir a las víctimas de 4.151 secuestros con medidas relacionadas con la acción integral contra minas, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, memoria y reparación simbólica, y medioambiente, naturaleza y territorio.

Los exguerrilleros se dedicarán a estas tareas por un tiempo entre cinco y ocho años: “En el caso del antiguo secretariado, son personas que ya superan los 65 años, en promedio. Por lo tanto, las tareas no deben comprometer ni la vida, la integridad y la salud de estas personas. Es una sanción, pero también requiere cumplimiento de los derechos a la seguridad, a la salud, a la integridad de quienes cumplen la sanción”, agregó el vocero de la JEP.

Hay un ingrediente que causa revuelo en el interior del tribunal y que por ahora está en discusión: ¿qué hacer con los máximos responsables de las Farc que sean condenados y estén ejerciendo cargos de elección popular? El secretario del tribunal respondió: “Las sanciones deben ser compatibles con el ejercicio de la política. Es uno de los temas que está resolviendo la sección: cómo hacer compatibles los tiempos”.

Sanciones a exmilitares

La segunda condena llegará por cuenta de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región Caribe. De acuerdo con los expedientes, 12 soldados serán declarados responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el Cesar y La Guajira, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Las sanciones se aplicarán contra los mayores (r) Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos primeros (r) Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda Quintero; el cabo tercero (r) Elkin Rojas; y los soldados profesionales (r) Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Álex José Mercado Sierra.

Ellos deberán trabajar en ocho iniciativas que le costarían al Estado cerca de 20.000 millones de pesos. “Los proyectos fueron identificados, codiseñados y consensuados con las víctimas y las organizaciones de representación judicial de apoyo, en función de identificación del daño y las afectaciones, y a partir de allí aquellas obras y proyectos que les hicieran mayor sentido a las víctimas”, manifestó el secretario de la JEP.

En las zonas en las que acontecieron los hechos se construirá un centro de armonización, un centro integral y de memoria, una casa cultural, un parque memorial, cinco casas multipropósitos –centros de encuentro cultural denominados Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas, en el Cesar y Magdalena–, un plan de memorización en varias ciudades del Caribe y proyectos productivos y de reparación ambiental.

SEMANA conoció que varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz tienen una gran preocupación por el flujo de caja que está teniendo el Gobierno de Gustavo Petro, pues la crisis fiscal que azota al Estado los ha llevado a recortar gran parte de su presupuesto y afectar un gran número de proyectos de alcance local, regional y nacional. No se descarta que el tribunal también se vea tocado.

La inquietud de los togados es que el dinero no alcance para materializar los proyectos que surjan de las condenas, que obligatoriamente deben ser apalancados a través del Presupuesto General de la Nación, tal como se pactó en el acuerdo final entre los exintegrantes de las Farc-EP y el presidente Juan Manuel Santos. Las dudas ya fueron transmitidas al Ministerio de Hacienda y a la Casa de Nariño.

El secretario de la JEP manifestó que se están haciendo las gestiones para asegurar la plata. “Debemos decir que el Gobierno ha sido muy receptivo a las necesidades de los derechos de las víctimas y a la seguridad jurídica de los comparecientes, y ha destinado recursos que han garantizado el funcionamiento de la Jurisdicción, con las restricciones que sabemos”, explicó.

La Jurisdicción es consciente de que se vienen días críticos por el alcance público que tendrán sus decisiones, pues varios sectores de la sociedad siguen pidiendo condenas ejemplares y prisión para los responsables de los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado colombiano.