JEP le pidió con urgencia al Gobierno los 121.000 millones de pesos para implementar sanciones al exsecretariado de las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió este miércoles, 24 de septiembre, una comunicación al Gobierno de Gustavo Petro y al Congreso solicitando “con urgencia” 121.858 millones de pesos para implementar las primeras sentencias restaurativas contra los siete excomandantes del Secretariado de las FARC y los doce exintegrantes del Batallón La Popa.

En la misiva se indica que, pese a que el Ministerio de Hacienda ya destinó cerca de 20.000 millones de pesos para la implementación de las sanciones, “este monto es insuficiente para poner en marcha los proyectos de reparación y restauración a favor de las víctimas” de los casos 01, relacionado con secuestro y el 03 que tiene que ver con falsos positivos.

“⁠El Ministerio de Justicia aún no ha tramitado un decreto clave sobre condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de las sanciones”, señala la petición.

En la carta de ocho páginas firmada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez, se solicita el soporte y articulación presupuestada “entre sectores para la efectividad de recursos y condiciones transversales que permitan la ejecución de las primeras sentencias con sanciones propias”.

“Reiteramos que seguiremos en diálogo constante y en colaboración armónica con el Estado para que las Sanciones Propias no se queden en el papel y se conviertan en acciones concretas que contribuyan a reparar a las víctimas”, añade la comunicación.

La misiva fue enviada al presidente Gustavo Petro; a los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre; a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez; a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio. Asimismo, al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y al procurador, Gregorio Eljach.

Por esto, como lo había anunciado el pasado jueves 18 de septiembre el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, faltan otros recursos clave para poner en marcha las sanciones que se impusieron en contra de los exguerrilleros y exmilitares.

“Lo que la ONU va a monitorear al Estado colombiano es que estén garantizados los recursos y esto tiene que ver con el acuerdo del 2021 y la Corte Penal Internacional. Ahora que están hablando tanto de llevar los procesos a la Corte Penal Internacional (CPI), tocará llevar el tema del presupuesto y el tema de la responsabilidad del Estado”, advirtió en esa oportunidad.

Entre los proyectos restaurativos para los siete excomandantes de las FARC se encuentran acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra las minas antipersona que están en varias regiones, actos de memoria y reparación simbólica; además, proyectos de recuperación al medioambiente, naturaleza y territorio.

Esta es la carta completa: