JEP ordena al Gobierno proteger a las comunidades indígenas y afrocolombianas del Cauca y Valle

La JEP decretó medidas cautelares para proteger la supervivencia y seguridad de las víctimas indígenas y afrocolombianos del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. La decisión fue adoptada en el Caso 05, instruido por los Magistrados Raúl Eduardo Sánchez y Belkis Izquierdo.

En ella se resaltó la grave situación de orden público del Cauca y del Valle del Cauca en donde se han presentado más 90 asesinatos de líderes indígenas, 160 reclutamientos de menores indígenas, 30 combates, 26 atentados y 29 masacres. Asimismo, las comunidades afrocolombianas reportaron el asesinato de más de 50 líderes, el desplazamiento de 539 familias y el reclutamiento de cientos de niños y niñas especialmente en la zona plana.

También se resaltó que la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 10 alertas de riesgo inminente sobre las afectaciones causadas a las comunidades indígenas y afro del Cauca por parte de las disidencias de las FARC que tienen el control territorial de amplias zonas de los territorios.

Se resalta que la población indígena y afro se encuentra sometida en la zona a los grupos al margen de la Ley, en especial a las Columnas Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Yair Bermúdez de las disidencias de las FARC, así como también de la nueva Marquetalia, estructura que ha ingresado en los últimos 2 años desde la cordillera central.

Con base en los insumos presentados durante la audiencia, y ante la gravedad de las situaciones descritas, la JEP advirtió el riesgo inminente de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas y afrocolombianos acreditados en el Caso 05. Ante esta situación, las medidas cautelares se concentran en 4 aspectos fundamentales múltiples frentes como los siguientes:

En el campo de seguridad personal se ordenó: la entrega de medios para la protección a los pueblos indígenas y afro acreditados en el Caso 05; la dotación de megáfonos, medios de comunicación; alarmas de sirena y altoparlantes a todos los resguardos y cabildos acreditados; y la implementación de espacios de refugio temporal en Cali o Popayán para autoridades, guardias y líderes en riesgo.

También se ordenó la presentación de un plan integral de seguridad para el municipio de Guachené que debe incluir acciones concretas de seguridad y protección étnica conforme a la Ley 70 de 1993 y el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

En el campo de la seguridad territorial se ordenó la entrega prioritaria de bienes no rurales extintos a las guardias étnicas por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con destino a proyectos de protección territorial, seguridad alimentaria y fortalecimiento comunitario de las organizaciones indígenas y afrocolombianas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca. También se ordenaron medidas en materia de salud, educación y comunicaciones frente a las víctimas que se encuentran en los territorios.

En el tema étnico se ordena a los Ministerios de Interior y de Justicia el fortalecimiento de la Jurisdicción Indígena y de la Justicia Afro, especialmente la dotación de las guardias indígenas y afrocolombianas. En este aspecto, la decisión más destacada fue la de ordenar al gobierno nacional que presente al Congreso un proyecto para regular la jurisdicción afro, lo cual era una deuda que se tiene desde la Constitución de 1991 con esas comunidades.

Entre las acciones para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas se dieron órdenes al ICBF, el SENA y el Ministerio de Educación y las entidades territoriales para facilitar el acceso de los jóvenes a programas educativos. Asimismo, se ordenó al gobierno nacional y a las entidades territoriales facilitar el transporte de los niños y niñas que deben asistir al colegio en la zona y cuya falta de protección los han vuelto objetivos de reclutamiento por parte de los grupos al margen de la Ley. La decisión hace énfasis en la grave situación de los menores de la región que vienen siendo reclutados masivamente por las disidencias de las FARC.

La JEP también resaltó que se han tenido que interrumpir varias diligencias que se han realizado en la zona por la proximidad de grupos al margen de la ley que han colocado en peligro la vida de los funcionarios y de las víctimas que asisten a las audiencias.

En la rueda de prensa de la decisión el Magistrado co-relator del Caso 5 Raúl Eduardo Sánchez concluyó que “lo que hacemos es apuntalar con plazos, con órdenes, con articulación, toda esta fuerza institucional en protección de las propias víctimas, destacamos además la protección integral que desde esta jurisdicción estamos dándole a todas estas comunidades con el fin de tener un pilar fundamental para construir una paz estable y duradera en esta región históricamente afectada por el conflicto armado y de esta manera garantizar plenamente una de las máximas garantías que es la no repetición”.