Judicial
JEP otorgó permiso para salir del país al mayor Juan Carlos Meneses, condenado a 27 años por crimen ejecutado por Los 12 Apóstoles
El oficial se acogió a la JEP en 2020 con el compromiso de entregar información sobre los nexos entre empresarios, clase política y ganaderos con los grupos paramilitares de Yarumal.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió este lunes un permiso de salida del país al mayor en retiro Juan Carlos Meneses Quintero, condenado a 27 años de prisión por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos registrado el 25 de febrero de 1994 en el municipio de Yarumal (Antioquia) y ejecutado por el grupo paramilitar denominado como Los 12 Apóstoles.
El mayor en retiro estará fuera del país hasta el próximo 1 de julio. En la decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas hizo una detallada evaluación de las contribuciones a la verdad que ha realizado Meneses ante la JEP, consignadas en su “documento de compromiso claro, concreto y programado”, reseñad en enero de 2020.
“La salida del país del compareciente no implica riesgos para el cumplimiento de sus compromisos o de fuga, pues ha atendido los requerimientos exigidos para este tipo de permisos, como parte del régimen de condicionalidad”, aseveró la Sala. El mayor Meneses deberá presentarse personalmente el 2 de julio de 2024 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, “señalando que se encuentra ya de regreso en su lugar de residencia actual e indicando nuevamente una actualización de sus datos de ubicación y contacto”.
Esta decisión se tomó pese a que la JEP no ha recibido desde hace cuatro años nuevos aportes o reiteraciones del compareciente en fechas recientes.
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Meneses fue sentenciado el 2 de octubre de 2017 por el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Antioquia por su responsabilidad directa en este crimen. En esos momentos, fungía como comandante de Distrito de la Policía Nacional en esa región del país.
“Como él mismo lo reconoció de forma libre, voluntaria y sin presión, oportunamente tuvo conocimiento sobre el atentado que sobre la humanidad de Camilo Barrientos se iba a efectuar, y que su ‘aporte’ a ese hecho fue el no hacer nada para salvaguardar la vida de este ciudadano, a pesar de que sobre él se cernía en concreto el deber de protección, tanto por haber sido advertido de dicho atentado y por ostentar del calidad de Comandante del Distrito Siete de la Policía Nacional con asiento en el municipio de Yarumal”, señaló el fallo.
En la acusación de la Fiscalía se señaló que el entonces comandante de la Policía de Yarumal y el agente Alexander de Jesús Amaya Vargas recibieron a Barrientos y otros ciudadanos en el comando de la Policía y les aseguraron que los protegerían, para “después ellos mismos proceder a eliminarlo y finalmente acudir a este para tomarle fotografías y después presumir de su perversa capacidad de asesinar”.
“Se trata de un hecho que, no solo reprocha a sus autores sino que devela una actividad delictiva por parte de la Policía que para entonces se encargaba de proteger la vida, honra y bienes de los conciudadanos, concretamente aquellos de Yarumal (Antioquia) y municipios aledaños”, señalaba el documento.
El crimen se presentó el 25 de febrero de 1994, cuando Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera, cubría la ruta Yarumal–Campamento y fue requerido por dos de sus pasajeros, que lo obligaron a detener el automotor y le dispararon varias veces.
Para la Fiscalía, el crimen de Barrientos hizo parte de la estrategia establecida por un grupo de personas, conocidas posteriormente en el mundo del crimen como Los Doce Apóstoles, que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla.
En la investigación se tuvieron en cuenta muchos testimonios y hechos específicos en los cuales los Policías en la época amenazaron a varios ciudadanos, como el ocurrido el 5 de diciembre de 1993 en el municipio de Campamento, cuando tres hombres, incluido el muerto, fueron objeto de agresiones por parte de varios miembros de la Fuerza Pública.