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JEP podría sancionar a un exmilitar capturado por su presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se le abrió un incidente de incumplimiento al militar en retiro.
En medio de las investigaciones que adelanta la Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre el conflicto y los falsos positivos, el exmilitar Francisco Eladio Uribe Ochoa estaría a punto de ser sancionado ante su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el cual ocurrió el 7 de julio de 2021.
Uribe Ochoa, quien era investigado por falsos positivos, fue capturado en Haití junto a los mercenarios colombianos, a los que la justicia de ese país señala de presuntamente haber estado involucrados en la muerte de Moïsse, un magnicidio que conmocionó a los haitianos y fue noticia mundial.
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se le abrió un incidente de incumplimiento al militar en retiro, por su salida del país en 2021 y no informar de ello, para presuntamente participar en el asesinato del mandatario.
“Se evidencia un incumplimiento de su parte a las obligaciones que le asisten como compareciente de la JEP, situación que se torna gravosa cuando se tiene en cuenta que esta sala tiene conocimiento de dos hechos distintos, por los que se encuentra sometido ante la JEP, en el marco de los cuales se ha asegurado en debida forma su status libertatis, sin que su salida del país se haya siquiera informado a la Sala, quien conoció de ella luego de que su captura en la República de Haití se hiciere pública (...)”, informó Blu Radio.
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Uribe Ochoa no habría informado de su viaje al extranjero y esa es una de las prohibiciones que establece la JEP para el sometimiento de los indiciados en el tribunal de paz. El exmilitar fue expulsado, tan pronto se conoció de su captura en Haití, pero la defensa apeló la decisión al señalar que no ha sido juzgado o condenado por el magnicidio de Moïsse.
También dentro de los argumentos está que “si se iba a tomar la decisión de su expulsión, al menos debería esperarse a que se determinara su responsabilidad en el caso” y se le den todas las garantías para que pueda defenderse.
Ante la situación, la JEP reincorporó al exmilitar, pero ahora el tribunal de paz va a evaluar si lo sanciona por no solicitar el debido permiso para salir del país, un requisito que debe cumplir tras haberse sometido al tribunal.
El caso que llevaba la JEP con Uribe era por las ejecuciones extrajudiciales de Yeferson Rivas Palacios, Diego Juan López Vanegas y Luis Carlos Cárdenas, estos últimos jóvenes pertenecientes a la comuna 13 de Medellín, en combate con el Ejército, en un operativo que nunca existió.
Respecto al caso de Cárdenas, era un comerciante que fue citado junto con otros para el pago de extorsiones; sin embargo, habría sido una coartada para asesinarlo y presentarlo como una baja en combate.
Ahora la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le solicitó a la Cancillería que en diez días hábiles entregue la información que tiene sobre Uribe Ochoa, desde el momento en que fue capturado por el magnicidio del presidente haitiano.
También debe informar si “i) conoce la situación jurídica actual del compareciente Uribe Ochoa ante las autoridades judiciales de Haití y cuenta con pruebas al respecto; ii) ha establecido canales de comunicación y cooperación judicial con tales autoridades para conocer las condiciones de reclusión en el que el mencionado ciudadano se encuentra; y iii) ha realizado esfuerzos diplomáticos para esclarecer su presunta participación en el homicidio del expresidente Jovenel Moïse”.