JEP revela cifra de falsos positivos cometidos por el Ejército en el Valle de Aburrá durante cuatro años

Las audiencias de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad a la que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) citó a un grupo de exmilitares en Medellín, esta última semana de mayo, dejaron ver datos que pocas personas conocían sobre las ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos, en el Valle de Aburrá.

Este territorio comprende diez municipios: Caldas, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y, el más grande de todos, Medellín.

A las diligencias, la JEP citó a 43 integrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur) de la Cuarta Brigada del Ejército.

Tres de ellos, sus comandantes y quienes fueron calificados por la JEP como máximos responsables, son: el entonces capitán Beismarck Salamanca Nempeque, quien fue comandante de la Afeur n.° 5; el subteniente Édgar Andrés Torres Hurtado y el cabo Hernando García García.

Aunque los tres aceptaron a través de videollamadas su responsabilidad en los hechos, pidieron perdón y se mostraron arrepentidos, la JEP evalúa que su aporte sea suficiente para la justicia transicional nacida de los acuerdos de paz en La Habana entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.

Según el magistrado de la JEP Pedro Díaz, “Antioquia está entre los cinco departamentos del país en que se cometieron más ejecuciones extrajudiciales en el periodo del 2002 al 2006, que que fue el tiempo priorizado por la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad” para investigar este macrocaso.

Y la Afeur actuaba en el Valle de Aburrá, una de las subregiones de Antioquia, donde se contabilizaron “diez hechos, en los que fueron asesinadas 18 personas entre 2004 y 2008 en el Valle de Aburrá”, cuando los comparecientes hacían parte de ese destacamento militar.

Durante las diligencias se reveló cómo ocurrieron esos asesinatos denominados por la ley homicidios en persona protegida; uno de los más crueles, los de Adrián Mauricio Sierra Torres y Ferney Alonso Múnera, cometidos el 14 de septiembre de 2004 en el barrio La Cruz, nororiente de Medellín.

Adrián Mauricio tenía 16 años y laboraba en construcción, mientras que Ferney Alonso, de 25 años, se ganaba la vida lavando buses. Pero un informante les dijo a los militares, sin pruebas, que eran integrantes de la guerrilla.

Según se conoció en las audiencias, “las víctimas fueron seleccionadas de manera aleatoria y estigmatizante en un contexto de marginalización territorial”, dijo la JEP.

Posteriormente, aproximadamente a las 6:30 p. m., “los soldados dispararon a los jóvenes por la espalda, a pesar de que uno de ellos habría salido con las manos en alto”.

Ya muertos, les sembraron armas hechizas sobre los cuerpos, entre ellas una escopeta artesanal calibre 12 y una granada de fragmentación IM26, “con el objetivo de simular un combate; el montaje fue completado con un reporte militar en el que se afirmó falsamente que las víctimas murieron durante un enfrentamiento”.