Judicial
JEP verifica incumplimiento de cinco coroneles del Ejército, en retiro, en expediente por desaparición de líderes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta
Los oficiales habrían faltado a su deber de aportar verdad sobre el secuestro, tortura y desaparición de tres Mamos del Pueblo Arhuaco y la tortura de dos indígenas.
Este martes 30 de septiembre se realizará una audiencia de incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad contra seis integrantes de la Fuerza Pública que habrían faltado “a su deber de aportar verdad y no mentir”, en relación con el secuestro, tortura y desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, y la tortura de Amado Villafañe y Vicente Villafañe, miembros del mismo pueblo, en 1990.
La citación de la diligencia judicial, que se celebrará en la sede central de la JEP en Bogotá, hace parte del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta, del Caso 09 que investiga los crímenes contra pueblos y territorios étnicos. Cinco de los seis comparecientes convocados pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ con sede en Valledupar.
En la lista de citados se encuentra el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el coronel Rafael Mejía Roa, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el mayor Hernán Carrera Sanabria y el sargento viceprimero Cosme García Camacho. Asimismo, fue citado a comparecer el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, quien era mayor de la Brigada Móvil No. 1 para la época de los hechos.
Por estos hechos, hace dos meses se compulsaron copias ante la Fiscalía General para que, dada su competencia frente a terceros, investigue a civiles (empresarios y hacendados de Cesar) por su posible participación en los hechos. También, compulsó copias para la extinción del dominio de la hacienda Bethania, lugar en el que fueron retenidos los Mamos y donde habrían sido torturados. Sobre este sitio se decretó una medida cautelar por solicitud de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; y, en junio de este año, se reportaron hallazgos forenses de posibles víctimas de desaparición forzada.
Igualmente fueron convocados a participar autoridades espirituales y tradicionales de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.
“Por este hecho ilustrativo investigado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el cual ha permanecido 35 años en impunidad, la Procuraduría General de la Nación destituyó a dos de los militares vinculados en este caso; posteriormente, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Constitucional ordenaron una investigación seria e imparcial; y la Corte Suprema de Justicia revocó las absoluciones de la Justicia Penal Militar. Además, la Comisión de la Verdad incluyó estos graves hechos en su Informe Final”, señaló la JEP por medio de un pronunciamiento en sus redes sociales.
Después de esta audiencia se continuará con el trámite para decidir el mencionado incidente de incumplimiento y, en concreto, si los comparecientes incumplieron la prohibición constitucional de engañar o distorsionar de manera dolosa la verdad, lo que implicaría una falta al régimen de condicionalidad y la posible exclusión del Sistema Integral para la Paz.
La audiencia será presidida por la magistrada Caterina Heyck Puyana, quien hace parte de la Sección de Revisión y actúa en movilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.
