Juicio a Uribe: avalan interceptaciones irregulares del expresidente y el abogado Diego Cadena

La jueza 44 de conocimiento de Bogotá avaló las interceptaciones a la línea telefónica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.

La funcionaria judicial no aceptó los planteamientos presentados por Jaime Granados, abogado principal del expresidente, cuando pidió la nulidad de dichas interceptaciones telefónicas que se realizaron entre el 9 de marzo y el 9 de abril de 2018.

La jueza indicó que “las pruebas permiten esclarecer de manera confiable” la demora en la cancelación de la orden de interceptación emitida por la Corte Suprema de Justicia.

“No se encuentra fundada la suspicacia invocada por la defensa”, indicó la funcionaria judicial al citar varios informes de peritos y los registros emitidos por el alto tribunal sobre este asunto.

Tras hacer un análisis de la situación, la funcionaria judicial señaló que los investigadores adscritos de la Corte Suprema, al darse cuenta del “error”, realizaron todo el trámite para cancelar la interceptación de dicho abonado telefónico.

En el informe técnico, uno de los investigadores líderes destacó que se adelantó el trámite que exige la ley con el fin de advertir la falencia y cancelar la escucha de esta línea.

“Este despacho considera que no puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación se hubiera presentado un acto de mala fe o una irregularidad intencional concertada con el fin de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. Esto corresponde a conjeturas y suposiciones planteadas por la defensa sin respaldo en los soportes del expediente”, precisó la jueza.

Igualmente, avaló las conclusiones a las que llegó el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia al avalar estas interceptaciones.

La decisión de la jueza Sandra Heredia sobre dichas interceptaciones telefónicas se conoció antes de que leyera el fallo en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

El polémico capítulo de las interceptaciones arrancó en el año 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al CTI escuchar al excongresista Nilton Córdoba y, por un supuesto error, se terminó escuchando las comunicaciones entre Uribe Vélez y su entonces abogado Diego Cadena.

Aunque dichas actividades investigativas fueron calificadas por la defensa del exmandantario como “ilegales”, la Fiscalía ha considerado que esas conversaciones son claves para evidenciar cómo se buscó que personas que vinculaban a Uribe con grupos paramilitares se retractaran. Dichas interceptaciones ahora son fundamentales para el fallo contra el expresidente.