Justicia en las regiones: la llave hacia una sociedad pacífica

Cualquier sociedad que se precie de ser equitativa y pacífica debe ofrecer una oferta judicial que cubra las necesidades de sus habitantes. En Colombia, este requisito aún está lejos de cumplirse. Hace tres años, el Gobierno presentó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la más grande encuesta de necesidades jurídicas en Colombia, que recogió las respuestas de 50 mil ciudadanos. Uno de los resultados más relevantes fue que el 60 por ciento de las personas declaró que sus problemas no se habían resuelto. Otra encuesta, del Departamento Nacional de Planeación, mostró que en más de diez departamentos las necesidades jurídicas insatisfechas superan el 60 por ciento.

En las regiones rurales de Colombia, la fragilidad del sistema judicial es especialmente preocupante. En muchos lugares del país acceder a la justicia supone emprender una odisea llena de barreras como la distancia, los altos costos, la falta de infraestructura judicial y el represamiento de procesos. De acuerdo con una encuesta de la Procuraduría, en las zonas rurales de Colombia las principales dificultades que identificaron son la carencia de infraestructura y tecnología (75,7%), el deterioro de la infraestructura física (64%) y la mala ubicación de los juzgados (58%). A estos problemas se suma también una falta de confianza en los entes judiciales y la concepción de que la justicia está relacionada con el castigo.

En medio de este panorama, decenas de personas, en distintos lugares del país, trabajan por llevar la justicia a sus territorios con la convicción de que muchos de los pleitos pueden resolverse por medio del diálogo y la conciliación. Son líderes que, en su trabajo como investigadores, conciliadores, mediadores, jueces, líderes de comunidades étnicas, entre otros, han sido testigos del poder que tiene la justicia cuando se ejerce de una manera más humana, reconociendo las diferencias y animando a las personas a resolver los conflictos de manera pacífica y rápida para evitar largos procesos y costos imposibles de pagar.

Atravesar ríos, sortear en moto caminos pantanosos, caminar largas distancias: todo para resolver un conflicto entre vecinos o una riña familiar, atender a una mujer que no se atreve a denunciar, mediar en problemas de linderos e incluso restaurar el daño que se le ha hecho a otro ser, incluida la misma naturaleza. Gracias a su trabajo en regiones remotas de Colombia, la justicia puede ser una aliada de la comunidad. “Hay líderes que pueden transformar estos territorios —cuenta Maria Eugenia Muñoz, representante de Culturama, quien trabaja con hombres, mujeres y jóvenes de Putumayo que dirimen conflictos a través del diálogo—. Vale la pena creer en estos métodos de resolución y en estos líderes porque sí son una opción para acceder a la justicia”.

‘Caminos para la justicia: experiencias que transforman las regiones’ se realizará el martes 15 de junio e incluirá conversatorios, entrevistas, historias de éxito y tres bloques temáticos: ‘La justicia, una tarea de todos’, ‘Justicia étnica: una inspiración para el país’ y ‘Enfoque de género: clave para un país más justo’. Algunos de los invitados son Wilson Ruiz, ministro de Justicia; Yolanda Perea, lideresa social e integrante del Comité Nacional de Paz; Dunen Muelas, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas; Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura; entre otros líderes comunitarios y representantes del sector público y privado.