En la noche del 18 de agosto de 1989, cuando estaba a punto de pronunciar uno de sus discursos más importantes, el precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento fue alcanzado por una ráfaga de balas. En medio de los confusos hechos, pues los disparos se confundían con la pólvora, el concejal Julio César Peñaloza Sánchez, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre el líder del Nuevo Liberalismo para protegerlo y resultó asesinado.
El cabildante del municipio de Soacha, Cundinamarca, quien fungía como maestro de ceremonias del evento político, recibió varios impactos de bala. En medio del bullicio, las sirenas y disparos al aire, el concejal fue trasladado por sus conocidos a un centro de salud, donde falleció cinco días después por la gravedad de las heridas.
Desde ese momento comenzó un periplo judicial para su viuda, Gloria Mercedes Rojas, y sus hijas, quienes entonces eran apenas unas niñas, por demostrar las graves omisiones del Estado en proteger la vida de Galán y, por esa vía, la del concejal. Esto, pese a las graves advertencias de seguridad y amenazas de Pablo Escobar, entonces jefe del cartel de Medellín.
El trámite para exigir justicia no fue fácil. En el camino se encontraron trabas judiciales, amedrentamientos, presiones y el olvido. Pocos recordaban el nombre del concejal en medio de uno de los magnicidios que marcó la historia política de Colombia y una época en la que fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
“Se trata de hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, así como ‘los eventos de orden disciplinar y de especialización en salud psíquica’ cuando el evento traumático deriva de un contexto de guerra”, alegó la viuda del concejal. Ella tuvo que tocar las puertas de la Corte Constitucional para que se le ordenara al Consejo de Estado revisar nuevamente el caso, que había tumbado la sentencia del tribunal por un tecnicismo. Casi cuatro décadas después obtuvo un sorbo de justicia ante sus reclamos.
Un atentado anunciado
Pero más allá de la esperada reparación, el fallo de 54 páginas, conocido en su totalidad por SEMANA, pone sobre la mesa las inexplicables fallas que se presentaron en el crimen.
El Consejo de Estado concluyó que hubo una grave omisión de la Policía Nacional y el DAS, pues ya estaban alertados del grave riesgo del evento y de la gran probabilidad de que atentaran contra Galán en la improvisada tarima ubicada en la plaza central del municipio de Soacha.
“La Sala encuentra probado que la Policía Nacional tenía conocimiento previo del riesgo que implicaba la realización del evento político programado para el 18 de agosto de 1989, tal como lo advirtió el entonces secretario de Gobierno de Soacha en la misiva dirigida al comandante de la Policía del municipio”, determinó el alto tribunal.
Las pruebas son concluyentes: los esquemas dispuestos en la plaza carecían de hombres capacitados y de estrategias para prevenir y contrarrestar un acto violento como el que se presentó.
“El memorial suscrito por el subcomandante de la Policía Cundinamarca corrobora que entre los mandos de la Policía Nacional se presentó una evidente falta de articulación y de apoyo efectivo para atender la manifestación”.
“Estos elementos probatorios son suficientes para concluir que la Policía Nacional no adoptó medidas suficientes de protección y vigilancia en la plaza central de Soacha pese a tener conocimiento previo sobre el riesgo que implicaba el evento programado, lo cual contribuyó de manera decisiva a que el atentado se pudiera llevar a cabo”, añadió la decisión de cierre.
La responsabilidad del DAS no se queda atrás. Para el Consejo de Estado, si la Policía fue responsable por omisión, el antiguo organismo de seguridad del Estado tiene una participación por haberse aliado con los ejecutores del magnicidio, colaborándoles en un aspecto esencial: la disminución del esquema de seguridad del precandidato presidencial, lo que les permitió a los sicarios llegar más fácil a su objetivo.
“La participación consistió en el debilitamiento del esquema de protección del candidato presidencial, a tal punto que, en contravía de lo solicitado por este, su escolta fue aminorada. Se asignó un líder sin la suficiente preparación que facilitó la ejecución del magnicidio. Esta fue una decisión deliberada y planificada como parte de una estrategia para facilitar la ejecución del delito, al extremo que Jacobo Alfonso Torregrosa Melo, quien fue asignado como cabeza del grupo de escoltas, conocía al sicario que disparó en contra del candidato presidencial y el concejal”, concluyó.
Por este debilitamiento en el cuerpo de escoltas, la Corte Suprema de Justicia, en 2016, condenó a 30 años de prisión al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas.
“En ese sentido, para la Sala, tanto la participación de funcionarios del DAS para facilitar el crimen como la omisión de la Policía Nacional en tomar medidas de seguridad correspondientes a los riesgos que la manifestación política implicaba y de los cuales tenía pleno conocimiento fueron causa determinante de los hechos en que se produjo el homicidio del señor Peñaloza Sánchez”, aseveró el fallo.
Placa para evitar el olvido
En la demanda se advirtió que el nombre y la memoria del concejal Peñaloza Sánchez han quedado en el olvido. “De acuerdo con el informe de evaluación psicológica de los familiares de César Julio Peñaloza Sánchez (...) echan de menos que la memoria sobre los hechos del 18 de agosto de 1989 se ha concentrado en la pérdida de Luis Carlos Galán y no ha permitido visibilizar la historia de vida y liderazgo político de su cónyuge y padre”.
Treinta y seis años después no hay en la plaza de Soacha, escenario central del magnicidio, “una sola pieza arquitectónica que recuerde la muerte del concejal del Nuevo Liberalismo”.
Por esto, y con el fin de honrar su memoria, le ordenó al director de la Policía Nacional que, además del “acto público de reconocimiento de su responsabilidad y ofrecimiento de excusas por el homicidio de Julio César Peñaloza Sánchez”, se realice una acción que resalte “el perfil de liderazgo político de la víctima y señalar que su prematura muerte significó la pérdida de oportunidad de que un liderazgo local haya visibilizado la situación del municipio de Soacha”.
De las arcas de la Policía y el organismo que haya asumido las funciones del DAS deberá salir el dinero para fijar una placa conmemorativa en la plaza central de Soacha “que recuerde que, en aquellos hechos del 18 de agosto de 1989, perdió la vida Julio César Peñaloza Sánchez. La misma debe resaltar su liderazgo político. La instalación de la placa debe ser coordinada con el municipio de Soacha y realizarse en un acto público a celebrarse en la plaza central del municipio”.
El relato que realice el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el magnicidio de Galán deberá tener un capítulo especial sobre el liderazgo político y social del concejal “con el fin de que se complemente la narración histórica ya existente sobre aquella fecha y se incluya en las piezas escritas y audiovisuales relacionadas con este hecho”.
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DAS al pago de una indemnización cercana a los 1.105 millones de pesos por los daños morales y materiales de este crimen.
