“La acción terrorista en Tunja podría haber sido cometida por el ELN”: la Defensora del Pueblo, Iris Marín, habla con SEMANA

SEMANA: El atentado al Batallón Bolívar ha generado conmoción. Boyacá, y especialmente Tunja es considerado un remanso de paz. ¿La Defensoría del Pueblo tenía alguna información de que existieran riesgos?

Iris Marín: Boyacá sí es un departamento con mayores niveles de seguridad, respecto de otras zonas del país. Sin embargo, en el departamento hay presencia del ELN, las disidencias de las Farc de la línea de alias Mordisco y el Clan del Golfo, que se hace llamar ‘Ejército Gaitanista de Colombia’.

Específicamente, en Tunja, hay presencia permanente del ELN y el Clan del Golfo. El ELN ha sido señalado de acciones con explosivos en el pasado, la última vez en 2018, pero no se conocía recientemente riesgos directos con el uso de explosivos.

SEMANA: ¿Existía alguna alerta temprana para Tunja?

I.M: Sí. Hay dos alertas vigentes para Tunja, ambas de carácter nacional: la de líderes sociales y la reciente alerta electoral. En esta última, Tunja se clasifica como un municipio en el que debe haber una acción prioritaria del Estado, este es el tercer nivel de atención, de los cinco en que se hizo la clasificación. Es decir, si bien no es una ciudad en la que se identifiquen los riesgos más altos del país, sí requiere una acción prioritaria.

SEMANA: ¿Cómo operan esos grupos armados en Boyacá y en dónde están los mayores riesgos?

I.M: En el departamento de Boyacá hay varias subregiones con alertas específicas. En las Provincias de La Libertad, Valderrama, Gutiérrez, Sugamuxi, Norte y Tundama opera principalmente el ELN y las disidencias. Allí se identifican riesgos relacionados con amenazas a líderes y lideresas sociales, coacción a autoridades indígenas, así como el desarrollo de actividades de narcotráfico, extorsión y préstamos de usura. Se ha observado además la disputa por rentas ilícitas.

Además, en la provincia de Neira, Oriente y Occidente opera el Clan del Golfo, criminalidad organizada y otros grupos armados sin identificar. La presencia del Clan del Golfo está asociada con laboratorios de procesamiento y cultivos ilícitos. Para la provincia de Occidente y el municipio de Chivor, la explotación y comercialización de esmeraldas permite lavar dinero proveniente de esta actividad ilegal, también se encuentra la venta de madera ilegal que genera ingresos a este grupo armado. Estas estructuras no solo ejercen control social y territorial en los municipios, también tienen incidencia en control económico y político.

SEMANA: ¿Cuál es la situación en el caso específico de los municipios esmeralderos?

I.M: En este momento se identifican grupos armados de seguridad privada de los comerciantes de esmeraldas (clanes familiares que históricamente han manejado el negocio), otros grupos armados no estatales sin identificar, el más significativo denominado ‘Dorados’, a quienes se les atribuyen los homicidios que se presentan fuera y dentro del departamento, modalidad de sicariato, y el EGC que ha continuado con alianzas que les permite participar de economías ilícitas como el narcotráfico en acuerdo con el grupo de crimen trasnacional denominado Cartel de Sinaloa.

En la actualidad también se denota un incremento en las economías ilegales ligadas al narcotráfico, hechos violentos como amenazas, desplazamientos forzados y extorsiones que las comunidades vinculan con personas pertenecientes al EGC.

SEMANA: ¿Qué se sabe de los posibles autores del atentado contra el Batallón Simón Bolívar?

I.M: Desde la Defensoría participamos en el Puesto de Mando Unificado. Allí, el comandante de las Fuerzas Militares indicó que, según el análisis de inteligencia, esta acción terrorista podría haber sido cometida por la estructura Adonay Ardila Pinilla del ELN. Sin embargo, esto lo tendrá que determinar la Fiscalía General de la Nación y los jueces.

SEMANA: ¿Existe alguna conexidad de estos atentados con el ambiente preelectoral que vive el país?

I.M: La información disponible no permite concluirlo. Debemos analizar el conflicto nacional considerando las dinámicas regionales. Boyacá forma parte de un corredor estratégico que conecta Arauca y Casanare con el centro del país. Así, hechos en Tunja pueden vincularse con movimientos, presiones o demostraciones de fuerza relacionadas con esa confrontación, sobre todo cuando los grupos amplían su influencia, protegen redes de apoyo o envían mensajes políticos y de control social en zonas donde antes no tenían presencia visible.

SEMANA: Hace unos días también hubo una bomba en Suarez (Cauca) y una masacre en Corinto. Y también hemos visto la crueldad del ELN con el secuestro de los funcionarios en Arauca. ¿La violencia se está recrudeciendo?

I.M: El monitoreo evidencia que la violencia recrudece en varias regiones del país, con especial gravedad en el norte del Cauca. El 30 de octubre emitimos la Alerta Temprana AT-018 de 2025 para Suárez. Allí, el Frente Jaime Martínez, adscrito al Bloque Occidental de las disidencias de la línea de alias Mordisco (EMC), mantiene un control hegemónico sobre la vida social, económica y política del municipio. Este grupo financia sus operaciones mediante cultivos ilícitos y minería ilegal. Impone su dominio mediante el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, emplea artefactos explosivos en zonas pobladas, amenaza a líderes, comete homicidios selectivos, y provoca desplazamientos y confinamientos. Esta tendencia también aparece en municipios vecinos como Corinto, donde han ocurrido masacres y ataques con explosivos.

En Arauca también advertimos recientemente un escenario de riesgo extremo.

SEMANA: ¿Cuál es la situación allí?

I.M: El 8 de octubre emitimos una alerta para siete municipios del departamento y para Cubará (Boyacá), donde se agudiza la confrontación entre el Frente Domingo Laín del ELN y el Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de alias Mordisco (EMC), que se disputan activamente el control territorial y social. Esta disputa provocó homicidios, desapariciones forzadas, reclutamientos de niñas, niños y adolescentes, y generó violencia basada en género, desplazamientos, confinamientos y contaminación por minas y explosivos, afectando también la infraestructura petrolera. La pobreza, el desempleo, la débil oferta institucional y la limitada presencia de justicia estatal agravan esta vulnerabilidad y hacen que los grupos armados ilegales impongan sus formas de justicia y control sobre las comunidades.

SEMANA: ¿Y sobre los secuestros?

I.M: El secuestro se ha incrementado tanto en Cauca como en Arauca. En Arauca hay cuatro funcionarios secuestrados por el ELN desde hace varios meses: dos de la policía y dos del CTI de la Fiscalía. El ELN se ha negado a liberarlos incondicionalmente, como corresponde según el DIH. En cambio, han hecho solicitudes indebidas de intercambio humanitario y han anunciado que adelantarán un “juicio” para decidir el tiempo que continuarán privados de la libertad. Esto es absolutamente inadmisible. También hemos conocido hechos de secuestro puramente extorsivo.

SEMANA: Volviendo al Cauca, la Defensoría presentó justamente un informe sobre este departamento, Voces que resisten. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?

I.M: El informe ‘Cauca: Voces que resisten’, describe el agravamiento de la crisis humanitaria, que está ligado a factores estructurales de desigualdad y falta de implementación del Acuerdo de Paz, que se han convertido en factores de persistencia de la violencia. La desigualdad en el control de la tierra (coeficiente de Gini de 0,86 %) y la ubicación estratégica del departamento han convertido al Cauca en un punto clave de disputa territorial. Las disidencias de la línea de alias Mordisco, el ELN, las disidencias agrupadas en la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano -en proceso de negociación- y el crimen organizado han fortalecido su presencia. En este contexto se presenta un aumento de los cultivos de coca también de la minería ilegal.

SEMANA: El Cauca siempre ha sido un territorio que ha vivido mucha violencia, pero hoy se siente peor que antes. ¿Es correcta esa percepción?

I.M: En los últimos años se ha dado una reconfiguración de la violencia que ha consolidado nuevas formas de gobernanza armada. Esta reconfiguración se caracteriza por el sucesivo fraccionamiento y la finalidad asociada esencialmente al control de economías ilícitas.

Los grupos armados restringen derechos, imponen reglas estrictas en lo cotidiano y provocan una fragmentación social muy grave. Entre las manifestaciones más graves destacan más de 1.200 homicidios y 18 masacres (de 2024 a septiembre de 2025). También se producen desplazamientos, confinamientos forzados, homicidios y riesgos para firmantes de paz, así como para líderes y lideresas sociales. Además, Cauca concentró el 63,5 % de los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en 2024 de todo el país, lo que afecta principalmente a adolescencia indígena.

Ahora, es positivo que finalmente se adoptó, el pasado septiembre, el denominado “Pacto Cauca”, que prioriza acciones de inversión estratégica en el departamento y articula los compromisos retrasados de cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, especialmente de la Reforma Rural Integral y de sustitución de cultivos de uso ilícito.

SEMANA: En términos de orden público, ¿hay algunas situaciones que le preocupen especialmente?

I.M: Es importante precisar que la Defensoría del Pueblo no es responsable de monitorear el orden público ni de la acción de la Fuerza Pública. Nuestra función es diferente: realizamos seguimiento para prevenir las afectaciones y vulneraciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a partir de análisis de riesgo, reportes comunitarios y verificación en campo.

El Sistema de Alertas Tempranas identifica patrones de violencia y dinámicas de control territorial. También analiza factores de amenaza para la población civil y luego emite recomendaciones a las entidades encargadas. Esto permite prevenir y proteger. La Defensoría no mide el orden público; advierte riesgos y vulneraciones para que las autoridades de seguridad, justicia y política social actúen oportunamente y de forma coordinada.

SEMANA: ¿Dónde están las alertas más graves?

I.M: Actualmente hay varias zonas donde hemos emitido alertas estructurales e inminentes que nos preocupan. Mencionamos Suárez, en Cauca; Tibú, en Norte de Santander; varios municipios de Vichada y Arauca, entre otros. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, el mapa de riesgo electoral, encontramos 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 acción urgente y 425 acción prioritaria: en total son 649 municipios que requieren una atención especial. La región más crítica es el suroccidente, pero preferimos hacer el análisis por municipios, para evitar que se desatiendan otras subregiones que, si bien no son como un todo las más preocupantes, tienen municipios que presentan una situación crítica.

SEMANA: Usted es una abogada con una muy amplia experiencia en derechos humanos y ha acompañado el trabajo de las víctimas por años. ¿Cómo lee esta controversia alrededor de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia?

I.M: Creo que 40 años después deberíamos estar en un nivel de madurez política para que todos los actores del país asuman la extrema gravedad de lo que ocurrió y el rechazo sin ningún matiz. Como lo han dicho los informes de las Comisiones de la Verdad, la que estableció la Corte Suprema de Justicia, así como la del Acuerdo Final de Paz y la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los hechos hubo responsabilidad del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza en la retoma, así como por las torturas, desapariciones forzadas y las ejecuciones. La responsabilidad del Estado no elimina la responsabilidad que tuvo el M-19, que este mismo reconoció en su momento.

SEMANA: ¿Qué reflexiones le deja esta conmemoración de los 40 años?

I.M: Pero más allá de las responsabilidades, en esos hechos toda la sociedad colombiana perdió. Sin embargo, la sociedad y sectores políticos parecen seguir divididos para definir quién fue el peor: el Estado o el M-19. Nuestro llamado es a que haya un consenso en torno al rechazo global de los hechos, y, sobre todo, una reflexión autocrítica que nos saque de esa disputa y nos una en torno a un futuro común que debemos construir. El hecho de que el Presidente de la República haya sido integrante del M-19 y hoy ejerza la política en el máximo cargo, el de jefe de Estado, debiera ser una oportunidad para ver lo que hemos podido avanzar como nación; pero, sobre todo, para permitir un debate abierto que permita conocer lo que sigue oculto en medio del negacionismo de algunos sectores. Muchas víctimas se quedaron solas en su dolor, todavía hay personas desaparecidas, no se han ubicado sus restos. Como sociedad tenemos una deuda con las víctimas, pero con nosotros mismos. El dolor debería ser común y motor de acción para nuestra transformación social y política.