La bitácora de los polémicos vuelos de Juliana Guerrero, la joven funcionaria del Gobierno Petro: ha viajado siete veces y un traslado costó casi 120 millones de pesos

La jefe de gabinete del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, está en el ojo del huracán de la Procuraduría, la Contraloría y la opinión pública. Tiene 22 años, es bachiller, posee poca experiencia en el sector público y llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas del despacho del ministro de la política, Armando Benedetti.

En la Casa de Nariño dicen que trabajó a escasos metros del presidente Gustavo Petro, quien no ahorra argumentos para admirarla y defenderla cada vez que puede. Pero Guerrero terminó sentada al lado del ministro Benedetti.

SEMANA conoció con fuentes del Gobierno los documentos de la Policía que confirman que Juliana Guerrero ha participado en siete vuelos durante 2025, en algunos de los cuales estuvo acompañada por el ministro Armando Benedetti y otros funcionarios del Estado.

Según revelan esos oficios, el jueves 19 de junio a las seis de la tarde, Guerrero se desplazó desde Bogotá hasta Valledupar junto con su hermana, Verónica Guerrero, y Ricardo Aldolfo Suárez Belmonte, director ejecutivo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad. Seguramente, como iban pocas personas, en ese mismo vuelo viajaron 13 uniformados de la Policía.

El viernes 20 de junio, a las 6:30 de la mañana, Juliana Guerrero voló en el helicóptero PNC 0495 de la Policía desde Valledupar hasta Aguachica, según los registros de la institución de seguridad que reposan en manos del Ministerio del Interior.

SEMANA confirmó con cifras de la Policía que el desplazamiento de Guerrero en helicóptero le costó al Estado 85.618.624 millones de pesos. La hora de vuelo se facturó a 14 millones de pesos. Se desconoce si la aeronave hizo otros desplazamientos por la zona. Si es así, no aparecen en los registros.

En esa oportunidad volaron Gerardo Bohórquez, Mauricio Díaz, Juliana Guerrero Jiménez, Verónica Guerrero, su hermana, y José Carlos Pérez Yancy, secretario general de la Asamblea del Cesar y consejero superior de Unicesar. El objetivo del desplazamiento era obtener el control de la Universidad Popular del Cesar, que cuenta con un presupuesto cercano a los 200.000 millones de pesos al año y una torta burocrática grande.

Ese día, Juliana Guerrero se devolvió a Valledupar y no se sabe si lo hizo por tierra –la distancia es de dos horas desde Aguachica–, pues en los registros que tiene SEMANA no aparecen más vuelos. No obstante, hay una orden de viaje en el helicóptero de matrícula PNC 495, pero no se ejecutó sobre el terreno.

Desde Valledupar, Juliana Guerrero voló a Bogotá a las seis de la tarde en el avión PNC 0242, cuya foto de la aeronave tiene en su poder SEMANA.

Este medio confirmó que la Policía cobró por ese desplazamiento 34.726.028 millones de pesos. Es decir, el viaje completo de la funcionaria ese día costó casi 120 millones.

Con ella volaron Paula Andrea Granja García, Harold Stiven Ortiz Melo y Angie Vanesa Zambrano desde Valledupar a Bogotá. Mientras tanto, la tripulación estuvo integrada por cuatro pilotos: Andrés Fernando Vargas Linán, Johan Andrés Piay Correa, Pedro Antonio Cepeda y Julio César Villanueva.

¿Por qué el Gobierno Petro no envió a Juliana Guerrero en un avión comercial y se hubiera ahorrado casi 120 millones? ¿Vale la pena gastar más de 85 millones de pesos en un desplazamiento en helicóptero para una funcionaria que no tiene rango de ministra? ¿Incidir en la elección de un rector en el Cesar era, realmente, urgente para el Gobierno o era un capricho personal de Guerrero? ¿Se pudo prever con tiempo el desplazamiento hasta Aguachica? ¿Ese era el supuesto “mandado” que le pidió el ministro Armando Benedetti a su jefa de gabinete, Juliana Guerrero? Esas son algunas de las preguntas que rondan la cabeza de algunos investigadores de la Contraloría y la Procuraduría encargados del proceso.

SEMANA confirmó que Humberto Botero Díaz, asesor grado 20 del ministro Armando Benedetti, correrá con la peor suerte. Es el supervisor del convenio 400 de 2025 firmado entre el Ministerio del Interior y la Policía para los desplazamientos aéreos de ese despacho. El valor es de 7.000 millones de pesos.

En la cláusula 13 de ese convenio se estableció que el responsable de autorizar y verificar quién utiliza el servicio de vuelos es el supervisor del contrato. En otras palabras, Botero Díaz tendrá que explicar por qué ordenó el costoso desplazamiento de Juliana Guerrero y deberá argumentarlo. La Policía no tiene responsabilidad porque su papel exclusivo es poner en marcha las órdenes de vuelo que provienen desde el Ministerio del Interior.

SEMANA confirmó que estos no fueron los únicos viajes en los que Juliana Guerrero ocupó una silla en los aviones de la Policía. El jueves 15 de mayo de 2025, la joven voló desde Bogotá hasta Montería, al parecer, a cumplir con temas institucionales. En la aeronave estuvieron el ministro Armando Benedetti, la asesora Mariana Cortés, Diego Sierra, Juan Pablo Higuita, Francisco Caicedo, entre otros.

En los registros aparece otro desplazamiento: Montería-Barranquilla, y uno más desde esa ciudad a Bogotá. Ese vuelo se adelantó en el avión de matrículas PNC 0277.

A juzgar por los viajes, Juliana Guerrero parece una de las funcionarias preferidas en el Ministerio del Interior. El martes 20 de mayo, el día en el que Gustavo Petro presidió su primer cabildo abierto en la costa, volvió a viajar a las once de la mañana desde Bogotá hasta Barranquilla y regresó a las seis de la tarde. En esa aeronave también estuvo el ministro Benedetti, la asesora Mariana Gómez y Verónica Guerrero, hermana de Juliana.

En el listado de vuelos que tiene el Gobierno, Verónica Guerrero aparece como asesora del director del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonidualdad), es decir, forma parte del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

En ese viaje estuvieron varias personas invitadas, entre ellas el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias; el influenciador y asesor de la presidencia Celso Tete Crespo, quien recibió durante 2023 casi 280 millones de pesos en contratos; además, Óscar Benavides, Carlos Peña, Cristián Rivas, Jesús Salvador Quinchoa y David Enrique Porras.

El último recibió en 2024 más de 57 millones de pesos por defender al Gobierno Petro. Ha trabajado para el Gobierno de Nicolás Maduro y es cercano a Daniel Ortega, en Nicaragua.

El 5 de junio de 2025, Juliana Guerrero volvió a volar en avión de la Policía. En esa oportunidad lo hizo desde Bogotá hacia Cartagena a la una de la tarde. A renglón seguido, Cartagena-Barranquilla a las cinco de la tarde. Y Barranquilla-Bogotá a las diez de la noche.

En la aeronave de la Policía también estaban el ministro Armando Benedetti, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, Mariana Gómez (asesora y secretaria privada) y Heizel Margarita Melo (asesora del despacho).

La Procuraduría y la Contraloría tienen investigaciones abiertas y llegaron hasta la Unidad de Antinarcóticos, en donde están los hangares de la Policía en Catam, en Bogotá, buscando pruebas que les permitan identificar si hubo una extralimitación de funciones o un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, la fiscal Luz Adriana Camargo no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si hay alguna investigación penal sobre el tema.

Juliana Guerrero saldrá bien librada, pues su defensa recaerá en que cumplía una orden. Sin embargo, se desconoce quién la dio y por qué terminó volando, casi sola, en un avión de la Policía, cuyo costo casi llega a los 120 millones de pesos en un solo día.

Lo que desean establecer las autoridades es si el caso de presunto despilfarro tras lo ocurrido con Guerrero es la punta del iceberg sobre cómo se estarían utilizando los vuelos comerciales que presta la Policía con varias entidades del Estado.