La consulta popular de Gustavo Petro es “antidemocrática y autoritaria”: Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional

SEMANA: Usted ha lanzado una conclusión contundente sobre la consulta popular y la ha denominado una consulta antidemocrática. ¿Por qué?

Luis Guillermo Guerrero (L. G. G.): Ese planteamiento responde, en buena medida, a quienes han expresado que la consulta que propone el presidente Petro se inscribe en las previsiones constitucionales y que, por consiguiente, es democrática, es ajustada a la Constitución. En ese contexto, sostengo que, efectivamente, en abstracto, estamos ante un mecanismo previsto en la Constitución y, por lo tanto, en principio, democrático. Pero el problema surge cuando la propuesta que hace el presidente Petro, cuando esa específica consulta, se considera en concreto.

SEMANA: ¿Y cuál es el análisis de esta consulta en concreto?

L. G. G.: En primer lugar, no toda consulta al electorado es democrática. Muchas veces se piensa que porque se acude al electorado eso es democracia. En la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se discutieron estos temas, hubo mucha prevención a la aprobación de los plebiscitos y consultas populares de alcance nacional, en la medida en que había el temor de que eso pudiera derivar en lo que se conoce como el cesarismo plebiscitario.

SEMANA: ¿Qué es eso?

L. G. G.: Con eso se alude a que gobiernos autoritarios han acudido a las consultas al electorado, prevalidos de todos los medios que tienen a su alcance y de contenidos muchas veces populistas para lograr respaldo a sus iniciativas. En este escenario, la consulta deja de ser democrática y es, por el contrario, una expresión autoritaria.

SEMANA: ¿Y en la consulta de Petro cómo ve eso reflejado?

L. G. G.: La consulta propuesta por el presidente Petro está orientada a omitir, a pasar por encima de los mecanismos de equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos que están previstos en la Constitución. Allí está establecido que la aprobación de las leyes se hace, en primer lugar, en el escenario deliberativo y democrático del Congreso. Entonces, si el Congreso no aprueba los proyectos, se trata de pasar por encima y llevarlo directamente al electorado. Eso es algo que está expresamente prohibido en la ley, que señala que las consultas populares no son para aprobar contenidos normativos. Es claramente antidemocrático tratar de llevar a una consulta algo que está excluido por la ley y que implica desconocer al Congreso.

SEMANA: Lo que está diciendo es que esta consulta no sirve para lo que la están proponiendo...

L. G. G.: Cuando hablamos de una consulta, se trata preguntarle al pueblo su postura sobre un asunto de interés nacional o local, como fue, por ejemplo, en su momento, la consulta que se hizo en Bogotá para el día sin carro. Se trata de auscultar la voluntad de la ciudadanía. Así, por ejemplo, se dice, aquí hay una propuesta interesante, hacer un día sin carro y preguntémosle a la ciudadanía, ¿quiere o no quiere? Y la ciudadanía dice ‘sí’ o ‘no’. Pero se trata precisamente de que, libremente, los ciudadanos escojan entre opciones que se presenten como igualmente viables o posibles. Ahora no se ha planteado la consulta en esos términos. Aquí lo que está pasando es que el Gobierno impulsa y promueve con todos los recursos del Estado su propuesta y trata de imponerla, buscando para ello el respaldo masivo en las urnas, en un proceso que muestra un claro desequilibrio frente a quienes se oponen a la consulta, que nunca tendrán los mismos recursos, ni la misma capacidad, ni la disponibilidad de la televisión pública y privada. Entonces, se está cambiando el sentido a lo que es una consulta.

SEMANA: En este momento, la consulta va para un momento definitivo que es la aprobación que debe dar el Senado. El Gobierno ha sostenido la tesis de que es impresentable no dejar “al pueblo decidir”. ¿Cómo se controvierte eso?

L. G. G.: Precisamente en eso consiste un poco la falacia y la trampa con la que se plantea en esta propuesta, porque se dice ¿cómo es posible que el Congreso se vaya a negar a la posibilidad de que sea el pueblo el que se pronuncie? La primera premisa errónea es, precisamente, esa, pensar que consultar al pueblo es democrático en todos los casos. Cuando, repito, está demostrado que no en todos los casos ello es así. Por el contrario, como hemos dicho, hay oportunidades en las que eso es autoritario. Al Congreso se le está poniendo un dilema: si no aprueba la consulta, va a ser tildado de antidemocrático, de estar bloqueando el pronunciamiento popular, de tenerle miedo a la democracia. Pero ese es el señuelo para que el Senado apruebe una consulta que lo que le da es la oportunidad al Gobierno para promover su proyecto político y hacer un discurso con recursos públicos.

SEMANA: Uno de los temas más criticados es el momento de la consulta, tan previo a las elecciones. ¿Eso en un análisis jurídico tiene relevancia?

L. G. G.: Frente a esta pregunta creo que es preciso advertir, y seguramente el Gobierno lo sabe, que en un escenario tan polarizado como el que existe hoy en Colombia, parece imposible alcanzar el umbral de participación requerido en la ley para que la consulta, de obtener la mayoría, pueda considerarse aprobada. Entonces, la consulta no tendría como propósito aprobar las preguntas que se sometan a consideración del electorado, sino generar un espacio para anticipar la campaña política, para que, desde el Gobierno, con empleo masivo de recursos públicos, se haga campaña. El presidente lanzó su propuesta con un video propagandístico muy bien realizado, con la presencia de congresistas y ministros. Luego, decretó un día cívico para promover su iniciativa, algo que nunca podría hacer la oposición. A eso se suma que, a quienes se oponen a la consulta, el presidente de entrada ya los ha descalificado como enemigos del pueblo, de las clases trabajadoras, de la justicia social y con otros epítetos que no vale la pena repetir. Entonces, yo creo que la sumatoria de todas esas condiciones, insisto, hace que estemos ante una consulta que no es democrática, sino, por el contrario, antidemocrática, autoritaria.

SEMANA: ¿Qué puede revisar el Senado en su examen a la consulta?

L. G. G.: El Senado debe considerar, tanto si conviene o no conviene la consulta, como, eventualmente, si los términos en los que ella se ha planteado se acomodan a las previsiones constitucionales y legales. En cuanto a lo primero, el Senado debería analizar si es oportuno en este momento abrir la puerta a un ejercicio de activismo político desde el Gobierno y desde los sectores que le son afines, para impulsar una serie de medidas que pueden resultar populares, en la medida en que implican beneficios, en principio, por lo menos, en el corto plazo o para ciertos sectores, pero que plantea, también, serias reservas en ejercicios más reflexivos y que con mayor dificultad tocan las fibras de los electores. El Senado debe, entonces, decidir si, como lo dijo el propio ministro del Interior, le sirve esa papaya al Gobierno, para que inicie tempranamente una campaña, para la cual no vacilará, como lo ha demostrado, en usar y abusar de los de recursos públicos.

SEMANA: ¿Esta consulta será examinada en algún momento por la Corte Constitucional?

L. G. G.: La consulta popular que, como dije, no está diseñada para aprobar contenidos normativos, no tiene control previo de constitucionalidad. Para el referendo constitucional, que sí tendría este propósito, sí se ha previsto un control previo, y, además, este mecanismo debe ser tramitado por una ley o debe ser respaldado por una iniciativa ciudadana. En un referendo se podrían aprobar las temáticas que impliquen contenidos normativos. Pero, entonces, al presidente no le habrían dado los tiempos.

SEMANA: ¿Esta consulta pasa un examen de constitucionalidad?

L. G. G.: De acuerdo con la ley, si una materia es sometida a consulta del electorado y el electorado dice ‘sí‘, y se obtiene el umbral de participación, eso requiere para su desarrollo una ley y el Congreso se vería obligado a legislar en el sentido que haya decidido el pueblo. Allí es donde se advierte la contradicción de la actual propuesta con las previsiones legales. Si la ley dice que no se pueden consultar en contenidos normativos, pues no cabría hacer una consulta que conduzca a que el Congreso se vea obligado a aprobar un contenido normativo. Estimo altamente probable que una consulta en esos términos, una vez realizada, se caiga en la Corte Constitucional, porque es evidente que lo que el presidente está planteando o estaría planteando, de acuerdo con las preguntas que han dicho que se harán, son temas que se habían incluido en el proyecto de ley que no pasó en el Congreso.

Se estaría tratando, entonces, de darle vida a un contenido normativo, que es lo que la ley, precisamente, excluye del ámbito de las consultas. Una seria dificultad es que la Constitución no contempló que el control en este tipo de consultas fuera previo al pronunciamiento popular.

SEMANA: El presidente ha cabalgado la consulta sobre la deslegitimación del Congreso. ¿Eso tiene algún freno?

L. G. G.: Hemos visto el discurso deslegitimador de todo aquello que no coincida con el proyecto político del Gobierno, con su visión del Estado y con su visión de las cosas. En una democracia siempre hay visiones alternativas y precisamente lo que ha previsto el diseño constitucional es la posibilidad de que esas distintas visiones se expresen. La idea de la separación de los poderes es evitar que el poder se concentre en un solo centro, en este caso el presidente de la República. Se busca asegurar que existan otros centros igualmente valiosos, igualmente democráticos, que establecen un contrapeso al Gobierno, pero que además también le imponen controles. Entonces, descalificar esos mecanismos es una expresión antidemocrática.

SEMANA: ¿En qué elementos de esta consulta ve usted rasgos del populismo?

L. G. G.: Eso se advierte tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque el presidente, abusando de los recursos públicos, particularmente de la televisión, acude a un discurso agresivo que descalifica a todo aquel que ose oponerse a lo que, expresa, es un mandato del pueblo. Y en el fondo, porque las propuestas buscan llegar a la sensibilidad ciudadana, más allá de análisis más elaborados, en asuntos que se presentan como beneficios directos para la clase trabajadora y para sectores vulnerables y que hacen muy difícil intentar una confrontación en la arena electoral. Por razones similares, la Constitución expresamente prohíbe que iniciativas como estas se puedan formular, por ejemplo, en materia de impuestos. ¿Quién no diría que sí a pagar menos impuestos? Pero eso, más allá del probable respaldo del electorado, tendría unos impactos desastrosos.