La costosa ‘factura’ que tendría que pagar Alejandro Ordóñez por sancionar en su momento a Piedad Córdoba. La Procuraduría pide que pague indemnización de su bolsillo

Revivió, en todo el sentido de la palabra, el estudio de la inédita demanda de reparación que presentó la Procuraduría contra quien fue su máximo representante y figura entre el 16 de enero de 2009 y el 8 de septiembre de 2016: Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la nación.

Después de cuatro años sin moverse una sola página, el Consejo de Estado envió en dos días cinco oficios para la recaudación de elementos probatorios fundamentales a fin de tomar una decisión de fondo en el primer semestre del próximo año. El asunto no es de poca monta: de ser condenado, Ordóñez tendría que meterse la mano al dril y pagar 1.674 millones de pesos.

En los documentos, a los que tuvo acceso SEMANA, el despacho del magistrado Alberto Montaña Plata, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pidió informes detallados y con carácter de urgencia a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Banco Popular, la Fiscalía General y el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá.

En el oficio enviado al Banco Popular, el magistrado pidió constancia de los 1.435 millones de pesos que la Procuraduría le consignó, el 27 de diciembre de 2017, a la familia de la fallecida dirigente política Piedad Córdoba. Cifra astronómica que el ente de control disciplinario quiere de vuelta a sus arcas y que saldría de los bolsillos del mismo Alejandro Ordóñez.

El meollo del asunto tiene relación con la reparación que tuvo que pagar la Procuraduría después de que el Consejo de Estado tumbara la sanción disciplinaria que había firmado Ordóñez, en el año 2010, contra Piedad Córdoba por considerar que tenía vínculos con el secretariado de la guerrilla de las Farc. Ella estaba “asesorándolos” para que enviaran videos de personas secuestradas como pruebas de supervivencia y así forzar un intercambio humanitario.

La sanción se basaba, entre otros elementos de prueba, en un hecho: que el nombre completo de la dirigente política apareciera en los computadores incautados en medio de la operación Fénix, en la que se abatió al comandante guerrillero Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, el primero de marzo de 2008, en zona fronteriza con Ecuador.

Una de las secuestradas era justamente la dirigente política Ingrid Betancourt, de quien, según información contenida en los computadores de Raúl Reyes, pedía retrasar su liberación y no presentar pruebas de supervivencia encadenada porque afectaba la imagen de la guerrilla.

En la sanción disciplinaria, que sacó del Congreso a Piedad Córdoba, el procurador Ordóñez concluyó que se había extralimitado en sus funciones como congresista y delegada para la liberación de secuestrados, creando lazos cercanos con las Farc, grupo subversivo en el que era conocida como Teodora de Bolívar.

Sin embargo, para el Consejo de Estado, la decisión de la Procuraduría contra Córdoba “se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario”.

En el fallo judicial se ordenó, de paso, el pago inmediato de los salarios como congresista y las prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010 y el 19 de julio de 2014.

En la demanda de reparación elevada por la Procuraduría, se pide “declarar que el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la nación, es responsable por culpa grave en su actuación, al haber expedido los fallos disciplinarios (...) por medio de los cuales se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 18 años a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz”.

Por tal razón, además, pide que se le “condene” a pagar a favor de la Procuraduría General 1.674 millones de pesos “con la respectiva indexación e intereses”.

Para tomar una decisión definitiva, es decir, si se avalan las pretensiones de la Procuraduría contra Ordóñez, el magistrado ponente envió dos oficios a fin de recolectar evidencia sobre otros procesos penales que se adelantaron por los hallazgos en los computadores de Reyes.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia, se pide una certificación sobre la investigación que se adelantó contra la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, por esos años senadora del Polo Democrático Alternativo.

Asimismo, a la Fiscalía y al Juzgado se les pidió información sobre el expediente que se adelantó contra el sociólogo y profesor universitario Miguel Ángel Beltrán Villegas por presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc.

El nombre del docente también apareció en los computadores incautados en la operación Fénix, que se constituyó en uno de los golpes más importantes contra el secretariado de las Farc.

Por su parte, el Consejo de Estado deberá entregar todo el expediente referente a la discusión y fallo –firmado el 9 de agosto de 2016– que anuló la sanción disciplinaria contra Piedad Córdoba.

Sin ánimo conciliatorio

En una audiencia celebrada en el Consejo de Estado el pasado 12 de noviembre, y cuya acta conoció en exclusiva SEMANA, se concluyó que ni la Procuraduría General ni el exprocurador Ordóñez tienen un ánimo conciliatorio.

“Después de interrogar a las partes, el despacho, ante la falta de ánimo conciliatorio, declara fallida esta etapa”. En simples palabras, no existió un acuerdo para llegar a un cierre rápido y definitivo de la millonaria discusión. Ordóñez no acepta que lo hagan responsable y menos que pretendan obligarlo a pagar de su bolsillo la sanción que en su momento desembolsó la Procuraduría General de la Nación. La exmagistrada y exministra de Justicia Ruth Stella Correa recibió el poder para representar en este complejo caso a Ordóñez. Fuentes cercanas al proceso le revelaron a SEMANA que el interés del ex procurador general es llegar hasta las últimas instancias.

Para esto, insistirá en que las decisiones que tomó en este caso tuvieron como base varios elementos probatorios incautados por las autoridades colombianas que vinculaban a la entonces congresista con la guerrilla de las Farc. Esto, según su defensa, representaba una falta gravísima, como lo detalla el Código Disciplinario.

En consecuencia, la exmagistrada, curtida y experimentada en los procesos contenciosos-administrativos, ha negado llegar a una conciliación que representaría, en simples palabras, una aceptación de responsabilidades por parte del exjefe del ente de control disciplinario.

Una década después, Ordóñez Maldonado ha reiterado que la evidencia es clara: Piedad Córdoba era Teodora de Bolívar y tenía una comunicación constante con los despiadados comandantes del secretariado de las Farc.

Pese a que en 2021 el caso estaba “para fallo”, una anotación hecha por la representante de Ordóñez Maldonado dejó ver que todavía faltaba para llegar a esta etapa, pero la última palabra está cerca de dictarse por parte del Consejo de Estado.