El monto que se estima de defraudación al Estado colombiano a través de la manipulación del sistema que maneja la Dian para el registro y control de las importaciones, superó los ocho billones de pesos, de acuerdo con la información entregada por el propio presidente Gustavo Petro.
Las irregularidades que se detectaron en el manejo de este sistema fueron advertidas por funcionarios del Ministerio de Hacienda que, tras revisar y auditar ese sistema, encontraron una delicada manipulación con el único objetivo de favorecer a contrabandistas, evitando los controles que normalmente se hacen a algunos importadores.
“El software con que se hacen los registros de importaciones, por donde se debe detectar el contrabando, o de declaraciones de renta con lo que se debe detectar la cantidad de impuestos que entran a la bolsa pública, está hecho para robar. Estamos hablando de $8 billones de pesos que se han fugado en manos de las mafias que operan desde adentro del Estado”, señaló el presidente.
El Ministerio de Hacienda hizo la denuncia ante la Fiscalía para advertir los graves hechos que desde hace varios meses estaban ocurriendo con el manejo irregular del sistema Lucía, como se conoce en la Dian a este registro y control que se hace a las importaciones. El ente acusador, de acuerdo con fuentes del ministerio, abrió una investigación.
“Los sistemas están siendo adulterados. Cambian el NIT de empresas legales y se hacen pasar como operadores económicos autorizados (OEA) para ingresar grandes volúmenes de mercancía sin que sean inspeccionados, como lo permite la figura OEA”, explicó la directora de ITRC-Inspector General de Tributos, Rentas y Parafiscales, Eva Carolina Madrid.
La irregularidad básicamente consistía en manipular el sistema respecto de la razón social del importador, dejando el nombre de empresas reconocidas, incluso entidades públicas, para de esta forma evitar los controles rigurosos a los contenedores y pasar la mercancía sin el registro que se hace a empresas que apenas comienzan con importaciones.
De esta manera era posible que los contenedores con mercancía de contrabando o cualquier otro producto pasaran sin los controles necesarios o que normalmente se realizaban a importaciones de empresas de poca trayectoria. Los funcionarios de la Dian cambiaban la razón social y así garantizaban su paso.
Con los hallazgos del Ministerio, las auditorías y las evidencias de la supuesta manipulación en el sistema, se radicó la denuncia y la Fiscalía ahora tendrá la labor de establecer responsabilidades, citar a los involucrados y ordenar las diligencias que se requieran en el propósito de confirmar las irregularidades.
