La fórmula secreta de la Sala Penal que ayudó a destrabar la elección de fiscal general

El pasado 30 de enero, después de un largo bloqueo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia consiguieron juntar los 16 votos requeridos para elegir a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación. La decisión tenía que ser unánime pues a este tribunal lo golpea una falta de magistrados que amenaza su propia estabilidad. Actualmente tienen siete vacantes y no se han podido poner de acuerdo para escoger a los juristas que ocuparán estos despachos en el futuro. 

Aunque la crisis no ha menguado, la elección de fiscal consiguió darle oxígeno al polémico letargo que ronda el Palacio de Justicia. ¿Cómo llegaron a este consenso? No es un secreto que en la mencionada Sala Plena fueron necesarias cinco rondas de votación para conseguir la unanimidad. Desde el comienzo, el candidato Francisco Barbosa se impuso con 12 votos, después con 15. Cuando solo un voto rebelde impedía la fumata blanca, los discursos de ética, probidad, responsabilidad y transparencia calaron hasta lograr la unanimidad.

Pero no fue lo único que hubo detrás de esta tensa jornada. La Sala Penal de la Corte Suprema, integrada solo por seis de sus nueve magistrados, firmó de manera inédita un documento de tres páginas. Como si se tratara de un pacto electoral grabado sobre piedra, los magistrados se comprometieron a seis cosas con el fin de superar "las dificultades" por la no elección de cargos de magistrados vacantes y de fiscal general.

"Nos preocupa y nos avergonzaría quedar sin el quorum reglamentario para elegir. Rechazamos la posibilidad de ese escenario de riesgo", dice el primer punto de esta comunicación, que fue integrada al acta de la Sala Plena llevada a cabo el pasado jueves. 

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Históricamente, la corte ha sorteado la tensión por los reemplazos de magistrados mediante acuerdos entre las tres salas (Civil, Laboral y Penal). Esto implica que cada sala presenta a su candidato de preferencia y los demás respaldan. No obstante, esta fórmula no ha dado resultados el último año, pues todos los intentos para llegar a una elección son torpedeados con votaciones en blanco. 

En contexto:

Como contribución para superar la crisis, los magistrados de la Sala Penal presentaron su acuerdo, en el que se comprometen de manera unánime a votar por tres candidatos para reemplazar las vacantes que dejaron los magistrados Fernando Castro, José Luis Barceló y Luis Guillermo Salazar, quienes salieron de la corte por periodo cumplido. Los candidatos propuestos son los abogados Hugo Quintero, Fabio Ospitia y Gerson Chaverra, a quienes describen como "profesionales, expertos en derecho penal de importante trayectoria y reconocida honorabilidad".

"Con todo comedimiento le pedimos a los señores magistrados de las salas de casación Civil y Laboral el respaldo a nuestros candidatos", dice el punto 5 del comunicado. Usualmente estos acuerdos eran de palabra pero por primera vez los magistrados estamparon su firma Patricia Salazar, Eyder Patiño, Eugenio Fernández Carlier, Francisco Acuña, Luis Hernández y Jaime Humberto Moreno. A cambio se comprometieron a respaldar las decisiones que adopten las salas de casación Civil y Laboral una vez estas se pongan de acuerdo para proveer los cargos vacantes pendientes. 

En la Sala Civil, actualmente hay seis de siete magistrados y está a pocos días de salir de la corte por periodo cumplido el magistrado Ariel Salazar, lo que en definitiva terminaría desbaratando el quorum de la corte. Allí la pelea dura la están dando quienes quieren evitar que la exmagistrada Margarita Cabello Blanco (actual ministra de Justicia) escoja al heredero de su despacho. Puntualmente se oponen a la elección de Antonio Emiro Thomas, exmagistrado auxiliar de Cabello Blanco. Y a Gilberto Blanco, quien además de haber sido magistrado auxiliar fue procurador delegado para asuntos ambientales.

Quienes cuestionan a este último, han revelado detalles de un informe de auditoría interna del Ministerio Público. En la misma se advierte de evidencias sobre una posible falsedad documental vinculada a una declaración extrajuicio con la que se pretende acreditar que desde su graduación como abogado el 30 de noviembre del 2000 (el título es del 30 de noviembre del 2001) se ha desempeñado como servidor judicial y funcionario público, además de haber ejercido funciones independientes.

Aunque la auditoría asegura que no existen documentos válidos que soporten la experiencia como independiente y anuncia una eventual compulsa de copias, Blanco entregó soportes que acreditan que este cuestionamiento fue desvirtuado. Ante la presidencia de la Corte Suprema, el procurador aclaró con documentación expedida por la misma Oficina de Control Interno de la Procuraduría que algunos hallazgos de dicha auditoría fueron levantados y que en el caso específico del funcionario se consideró que no se configuró ninguna irregularidad disciplinaria, ni ninguna situación reprochable. Por tanto, no se procedió a realizar compulsas de copias. 

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Anticipando su retiro el 28 de febrero, el magistrado Ariel Salazar firmó una carta que trascendió a los medios de comunicación en donde salva responsabilidad por el bloqueo y reconoce que ha votado en blanco cuando "se ha tratado de candidatos recomendados por personas que una vez elegidas en la corporación (...) se dedican a practicar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales atribuidas a la Corte Suprema".

En la sala laboral el lío es más complejo porque hay en juego cuatro vacantes de un total de siete y la posibilidad de ocupar la presidencia de la Corte este año. Respecto del tema de la presidencia, quien debería por tradición ocupar esta dignidad es Jorge Luis Quiroz, magistrado cordobés que viene de ser vicepresidente. Pero a su aspiración le salió competencia de su compañero en la sala laboral, el magistrado manizaleño Gerardo Botero.

Esta división de la sala laboral viene del año pasado cuando en medio de otro letargo, Botero y la magistrada Clara Cecilia Dueñas retiraron su aspiración a la vicepresidencia, lo que favoreció a Quiroz. A esta pugna se le conoció como "paisas contra costeños", y desde entonces se sabía que a futuro traería una verdadera sinsalida pues ninguno daría su brazo a torcer ante la posibilidad de ocupar la presidencia.

En este tire y afloje electoral apareció el acuerdo de los magistrados de la Sala Penal y aunque este no salvó a la justicia de seguir en un peligroso bloqueo por la falta de magistrados, sí influyó para que hubiera humo blanco con la elección de fiscal. 

*Documentación entregada a Semana por el procurador Gilberto Blanco aclara que la Oficina de Control Interno de la Procuraduría desvirtuó los hallazgos del informe de auditoría y concluyó que no se configuró ninguna irregularidad disciplinaria, ni situación reprochable.