La grave situación que viven los habitantes del municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca, que quedaron en la mitad de una arremetida criminal de las disidencias de las Farc, los mismos que estuvieron a manteles con el gobierno nacional en el proyecto de paz total, ahora es el centro de una discusión que la Procuraduría General de la Nación propone llevar a una mesa interinstitucional.
Para el ministerio público y luego de hacer una visita a lo que quedó de las instituciones, tras la violenta arremetida de las disidencias de las Farc, es claro que hay una falta de control de la Fuerza Pública para atender este tipo de ataques criminales, incluso el riesgo para los uniformados que deben soportar por horas, sin apoyo, la escalada terrorista.
“Durante la visita realizada a este territorio, la Procuraduría constató la grave situación de seguridad que se vive en la zona, especialmente tras los actos terroristas ocurridos el pasado 16 de diciembre, que han generado afectaciones directas a la vida y tranquilidad de la comunidad”, dijo el ministerio público.
La agenda de esta mesa interinstitucional se fijó para el próximo martes 23 de diciembre en el municipio de Santander de Quilichao. En este espacio no solo se discutirá la grave crisis que se vive en todo el departamento de Cauca, sino cuáles podrían ser las estrategias y los compromisos de parte de las autoridades departamentales y nacionales para frenar la ola de violencia.
“En este espacio, se reunirán funcionarios de distintas entidades con el propósito de elaborar un plan de acción inmediato e integral que garantice la seguridad, la convivencia y el acceso digno a los servicios públicos de la población del municipio de Buenos Aires, Cauca”, dijo la Procuraduría.
Así lo advirtieron luego de constatar la grave afectación que sufrió el municipio en un ataque por más de siete horas de este grupo criminal en contra de la población civil y de la fuerza pública. Destruyeron instituciones y dejaron heridos a varios uniformados que lograron, sin apoyo, sostener un combate como en las épocas más duras del conflicto armado en Colombia.
“Se desarrollarán acciones específicas para proteger el derecho de la población a acceder de manera digna al servicio público de energía, afectado por las recientes acciones violentas; como Procuraduría reafirmamos el compromiso indeclinable con la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades y exigir respuestas inmediatas y eficaces de las instituciones responsables de la seguridad y el bienestar ciudadano”, puntualizó el procurador delegado para la Gobernanza Territorial, Alexander López Maya.
La Fiscalía también abrió una investigación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió este ataque y cómo la falta de apoyo pudo poner en riesgo a la comunidad y a la fuerza pública.
