La historia de cómo alias Pipe Tuluá engañó al Gobierno para colarse en la paz total. Un funcionario público radicó una tutela para regresarlo a su celda de lujo en La Picota

Una tutela de un juez en Villanueva, La Guajira, radicada por un funcionario de la Universidad del Valle, se convirtió en el tiquete de regreso de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, a la celda de lujo que tenía en la cárcel La Picota, que ha convertido en su centro de operaciones.

La tutela, firmada por un auxiliar administrativo en la Universidad del Valle, según consta en los documentos, advertía que al señalado asesino, trasladado y asilado en la estación de Policía de los Mártires, en el centro de la capital, luego de una solicitud de extradición de los Estados Unidos, era víctima de una supuesta “vulneración de derechos”, todo por cuenta de ese traslado.

SEMANA habló con el funcionario público que aparece en el documento que busca el traslado de Pipe Tuluá a La Picota. Deiby Alexánder Osorio reconoció que era su nombre y cédula los que aparecían en la tutela, pero al preguntarle si efectivamente fue el encargado de radicar ese documento, advirtió que “no podía responder”.

“Eso hay falsificación de datos, manipulación de información porque no es conmigo… eso hay suplantación de datos, es delicado de manejar, muy delicado”, señaló. Al cuestionarlo puntualmente si fue el responsable de radicar la tutela, dijo: “Es un tema complejo… No puedo decir sí o no, admitirlo o negarlo es un tema complejo”.

En la cárcel La Picota, alias Pipe Tuluá se puso al servicio de los capos del pabellón de extraditables. Fuentes de la Fiscalía advirtieron que, mientras ordenaba asesinatos en otras cárceles, el señalado criminal buscó a miembros del Gobierno para postularse como gestor de paz.

Su fachada de pacifista le sirvió para continuar con sus actividades tras las rejas. Andrés Felipe Marín se enteró de un plan para asesinar a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, disidente de las Farc capturado con fines de extradición, mientras dialogaba con el Gobierno.

Alias Pipe Tuluá convenció a los delegados de paz de ser el responsable de salvarle la vida a su compañero de cárcel. Un argumento para meterse en los diálogos y evitar su envío a Estados Unidos. La historia era distinta y alias Pipe Tuluá la acomodó.

Inteligencia de la Policía tuvo información que advierte que un narco extraditado a los Estados Unidos pagó por asesinar a alias Araña. El Inpec fue informado del plan, que incluyó a dos ciudadanos venezolanos recluidos en el pabellón de extraditables.

Con la advertencia, el Inpec ordenó el traslado de los dos presuntos asesinos y los enviaron a otro pabellón, pero alias Pipe Tuluá se enteró del procedimiento y montó su propia película con un nuevo giro en la historia. Se encargó de presentarse como un salvador de alias Araña, dispuesto a enfilarse en la paz total del Gobierno. Lo peor fue que le creyeron.

Hasta la senadora Isabel Cristina Zuleta conversó con alias Pipe Tuluá. El cabecilla criminal prometió entregar el arma con la que, según su historia, iban a matar al negociador de las disidencias. Era necesario un procedimiento judicial para incautar el arma, por eso el CTI llegó a La Picota y recuperaron la pistola. La supuesta promesa se cumplió.

Este criminal empezó a figurar en los listados de gestores de paz del Gobierno, la mejor forma de bloquear su extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, la investigación lo puso en evidencia y se estableció que el arma en su poder y en la cárcel era para su propia protección. Tiene una sentencia de muerte firmada por otras organizaciones criminales.

Mientras alias Pipe Tuluá convencía a la senadora Zuleta de ser líder de paz, sus actividades asesinas, encargos de narcos, se concretaban en otras cárceles. La Fiscalía investiga su vinculación con el asesinato de dos presos. Uno en Ibagué, Tolima, y otro en Jamundí, Valle del Cauca.

“Alias Waltercito fue trasladado a la cárcel de Ibagué y, apenas llegó, lo asesinaron por orden de un narco. Fue Pipe Tuluá, quien con su hermano coordinó el crimen, tras advertir que a su salida podría tomar el control del narcotráfico en el municipio de Buga”, señalaron las fuentes que hablaron con SEMANA.

Otro asesinato en el que se investiga la participación de Pipe Tuluá dejó como víctima a un privado de la libertad de la cárcel de Jamundí. Se trata de alias Yerry, asesinado en su propia celda con arma de fuego. Otro encargo de un narcotraficante que, según la investigación, Pipe Tuluá no dudó en cumplir.

Este hombre no solo es un criminal, ha logrado poner contra las cuerdas a la guardia del Inpec, y ahora pretende sumarse a las filas de la paz total para evitar su inminente extradición.

Amenazó y cumplió la masacre contra los funcionarios del Inpec; conformó, de acuerdo con las investigaciones, el autodenominado grupo Mago (Muerte a Guardianes Opresores), el grupo de asesinos que plantó una lápida en el escudo del instituto y que amenazó al director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez.

La lista de muertos de alias Pipe Tuluá es perturbadora y no tiene reparo en reconocerlo. Pasó por una docena de cárceles y en todas se encargó de amenazar a guardianes y pedir privilegios a cambio de perdonarles la vida. Ese periplo carcelario de Pipe Tuluá lo acercó a las bandas criminales más peligrosas de todo el país.

A ellos también les prometió favores. Cuando fue notificado de la orden de extradición a los Estados Unidos, se dio un traslado relámpago que incluyó hasta un helicóptero. Lo llevaron a la estación de Policía de los Mártires, en el centro de Bogotá, donde han estado otros criminales, incluso de mayor calado, como alias Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo.

Ahora un juez advierte que el señalado asesino, que le declaró la guerra al Inpec, está “en riesgo inminente de vida, integridad y dignidad… Como persona privada de la libertad”. El juzgado ordenó regresar a Pipe Tuluá a su celda de lujo en la cárcel La Picota, el mismo sitio donde, según los informes, ordenó el asesinato de funcionarios y otros privados de la libertad.

“En consecuencia, cuando está en riesgo la vida o integridad de una persona privada de la libertad, la competencia territorial en materia de tutela debe interpretarse de manera flexible, a fin de garantizar la intervención inmediata del juez constitucional”, dijo el juez segundo promiscuo del circuito en Villanueva, Cristian Camilo López, al explicar por qué podía conocer en La Guajira una tutela de hechos ocurridos en Bogotá.

El Inpec le respondió al juez López que el espacio de reclusión donde está Pipe Tuluá, en la estación de Los Mártires, es por disposición de un pabellón externo de la cárcel La Picota y cuenta con todas las garantías de seguridad y dignidad para cualquier privado de la libertad.

“En el caso concreto, la persona beneficiaria de la acción se encontraba privada de la libertad y expuesta a amenazas contra su vida, lo que obligaba a un control judicial inmediato”, así el juez argumentó la extraña decisión en llevarlo de regreso a La Picota.

El juez abrió un incidente de desacato en contra del director del Inpec, tras insistir en que alias Pipe Tuluá debe ser trasladado a la cárcel La Picota y que “a su juicio ha transcurrido un término prudencial desde la notificación de esa decisión y no ha sido cumplida”.

Así las cosas, el criminal que según las investigaciones y sus propios panfletos amenazantes ordenó el asesinato de guardianes del Inpec y otros presos, que engañó al Gobierno con una falsa oferta de paz, y que se puso al servicio de los narcos, ahora es protegido con una tutela, mientras el director del Inpec está sometido a un arresto, en caso de prosperar el desacato.