La historia de un intento de feminicidio que la Fiscalía quiere sepultar, a pesar de las advertencias de un fiscal de “manos oscuras” en el proceso

Consuelo fue atacada de forma brutal en mayo de 2018. Las lesiones repartidas por todo su cuerpo no tenían explicación y ella tampoco recordó cómo terminó en un hospital, después de siete días en coma. Lo único que tenía era la versión de su entonces esposo. Según el hombre, ella se cayó de un caballo.

Sin embargo, los familiares de la mujer denunciaron un intento de feminicidio. Entregaron las pruebas a la Fiscalía, pero, seis años después, el fiscal a cargo del proceso en la seccional de Cundinamarca, pidió la preclusión de la investigación, incluso le negó a la mujer el reconocimiento de víctima.

Tras el ataque, y en su proceso de recuperación, la víctima empezó a recordar trozos de la historia, de lo que ocurrió antes de llegar al hospital. En todas las escenas borrosas estaba su esposo. Primero, en un recorrido de Bogotá hasta Pacho, en Cundinamarca. Luego con una bebida que recibió y la dejó inconsciente.

Según la víctima, en los destellos de su memoria, que construyeron el relato cronológico de la denuncia, ella fue llevada a la parte trasera de la casa que compartió con su esposo por más de 10 años. En el suelo fue sometida a patadas en diferentes partes del cuerpo y un golpe certero en la cabeza, mientras le subían el volumen a la música para esconder los ruidos del ataque.

“Hasta ese momento recuerdo estar plenamente consciente de la realidad, al subirme al vehículo mi esposo me ofrece agua contenida en una botella y le recibo en varias ocasiones. Mi posterior recuerdo corresponde a la fecha en la que despierto en la unidad de cuidados intensivos”, señala la denuncia de la mujer.

Cuando la historia en su memoria quedó completa, fue a la Fiscalía y lo que tanto prometió el ente acusador, en este caso, no se cumplió. Consuelo tuvo que soportar los reclamos de fiscales, incluso reparos a su versión, no le creyeron y hasta en una audiencia le negaron la condición de víctima mientras el fiscal pedía a un juez precluir la investigación en favor del único sospechoso.

Fue necesario que el Tribunal Superior de Cundinamarca le diera la orden a la Fiscalía y al juez de conocimiento, de reconocer la calidad de víctima de Consuelo, por ser justamente ella la que aparece en la denuncia, en la historia clínica y en los reportes de Medicina Legal, con las semanas de incapacidad que dejó el brutal ataque.

“A quo equivocadamente exigió datos relacionados con circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar de los hechos, desconociendo que esa información le corresponde suministrarla a la Fiscalía al momento de fundamentar la solicitud de preclusión porque será en ese instante donde deberá informar cuáles fueron los hechos denunciados y por qué le es imposible desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, atendiendo la causal preclusiva que pretende sustentar”, explicó el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Durante la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía, el caso tuvo un impulso. El proceso llegó a los encargados de investigar los hechos criminales con enfoque de género. Un fiscal le metió el acelerador y, cuando estaban a punto de tomar importantes determinaciones, el funcionario fue removido del caso. Antes de irse, ese fiscal dejó una grave advertencia.

“Durante el desarrollo de las labores investigativas que lideraba este servidor, se evidenció que varias personas, al parecer funcionarios ajenos al proceso, mostraron inquietud e interés por la investigación. Se temía por la alteración, modificación y evidencia el interés de obtener información, incluso copias del proceso sin razón legal justificable”, señaló la advertencia del fiscal de género.

El caso nuevamente aterrizó en un fiscal de Cundinamarca, en la misma jurisdicción donde ocurrieron los hechos, y otra vez revivió la amenaza de la preclusión. La víctima, que lleva más de 6 años tratando de demostrar que es víctima, ahora se enfrenta a la justicia que prometió cuidarla.

El proceso está por terminar enterrado, cuando, al mismo tiempo, la fiscal Luz Adriana Camargo hace gala de planes y estrategias para luchar contra la impunidad en los casos de violencia de género. Consuelo, esperó, confió en la justicia y ahora se convierte en una cifra más de impunidad.