La JEP analiza permanencia del general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Uribe

El pasado jueves, 21 de marzo, las salas de Definición de Situaciones Jurídicas y Reconocimiento de Verdad de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), escucharon de manera reservada al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.

La diligencia judicial tuvo como objetivo ofrecerle a Santoyo, según la JEP, una última oportunidad para que el exoficial realice aportes de verdad que le permitan permanecer en esta Jurisdicción y así pueda acceder a beneficios.

Por lo tanto, los magistrados Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento, le presentaron a Santoyo un cuestionario “sobre sus vínculos con grupos paramilitares, cuando fungió como comandante del Gaula en Medellín, entre los años 1997 a 2001″.

A través de un comunicado emitido este sábado, 23 de marzo, desde la JEP destacaron que “de estos vínculos existe suficiente evidencia en la justicia ordinaria”.

Sin embargo, desde la JEP informaron que, en medio de la diligencia judicial, Santoyo negó a los magistrados su responsabilidad en los hechos por los que es procesado, motivo por el cual no ofreció a esta Jurisdicción un aporte nuevo o relevante para el esclarecimiento de la verdad.

“Los hechos por lo que el general (r) comparece en la JEP son de sumo interés para los casos 06 y 08, que investigan, respectivamente, la victimización de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado (…) Actualmente, Santoyo tiene dos procesos penales en su contra que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP; un proceso es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la justicia de los Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición”, indicaron desde la JEP.

Dado que la información brindada por Santoyo no convenció a los magistrados, estos le advirtieron al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe que dicha audiencia se trataba de “su última oportunidad para hacer aportes de verdad significativos que se ajusten a los estándares de la JEP y al Sistema Integral para la Paz”.

Además, le indicaron que, de verificarse una actitud renuente a hacer aportes de verdad suficientes, las dos salas de la JEP podrían iniciarle un incidente de incumplimiento, lo que, en últimas, podría implicar su expulsión de esta justicia especial.

Vale recordar que el general (r) fue aceptado en la JEP, en septiembre de 2021, por los dos procesos antes mencionados y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le concedió el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.

“En caso de que se determine que el compareciente incurrió en un incumplimiento del régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y se mantendría privado de la libertad”, recalcaron finalmente desde la JEP.