La JEP asume competencia sobre el caso del general Santoyo, el antiguo hombre de confianza de Álvaro Uribe

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas declaró la competencia exclusiva y prevalente de la JEP en relación con el proceso que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra el general retirado Mauricio Santoyo Velasco por concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

Eso significa que será la JEP quien juzgue y sancione los delitos por concierto para delinquir y la desaparición forzada presuntamente cometidos por el general en retiro. La desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa ocurrió el 6 de diciembre de 2001 cuando el general Mauricio Santoyo, entonces coronel de la Policía, era el comandante del Gaula en Medellín.

Aunque el oficial retirado no ha mostrado interés en comparecer ante la jurisdicción de paz la competencia prevalente de esta no le da opción distinta. Y no obstante que la JEP declara su competencia, la Sala le solicitó a la Fiscalía que de manera complementaria y armónica con esta jurisdicción finalice la investigación hasta que califique el mérito del sumario.

“El presente caso se trata de una situación especialísima y excepcional”. Con esos términos rotuló la Fiscalía General su medida de remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el expediente del general de la Policía Mauricio Santoyo Velasco. Efectivamente, se trata de un personaje y un caso singulares. El oficial retirado pagó condena en Estados Unidos, donde confesó haber apoyado a los grupos paramilitares entre 2001 y 2008. Ese periodo incluye los cuatro años en que sirvió como jefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante el primer gobierno de Álvaro.

La Fiscalía también acusa al general de haber chuzado más de 1.800 líneas telefónicas entre 1995 y 2001 cuando dirigió el Gaula Urbano en Medellín. Esa interceptación masiva –según lo confesaron años después jefes paramilitares– guió como una brújula envenenada que le sirvió a los paramilitares para adelantar sus operaciones contra los sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos, a los que consideraban auxiliadores de la guerrilla.

Santoyo aceptó, ante la Corte del Distrito Este de Virginia, que recibió plata de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y que como alto mando de la Policía tuvo con ellos intercambio de asistencia y apoyo en varias operaciones. Para la Justicia de Estados Unidos, las AUC son un grupo narcoterrorista, por lo que Santoyo pudo haber afrontado una sentencia de más de 20 años de cárcel. Pero dado que aceptó su responsabilidad y tuvo buen comportamiento, consiguió rebajas sustantivas. Pagó siete años efectivos de cárcel.

El 29 de abril del año pasado, el general regresó a Bogotá, remitido por las autoridades gringas. Al bajar del avión, Migración Colombia lo recibió con una orden de captura expedida por un fiscal especializado de la unidad contra la violación de derechos humanos. La orden contra Santoyo proviene de un expediente en el que le endilgan los cargos de concierto para delinquir y desaparición forzada. Se trata justamente del caso de Claudia Monsalve y Ángel Quintero, los dos integrantes de la organización Asfades, desaparecidos en Medellín en el 2000.

Ese día, varios hombres armados los metieron en un carro escoltado por una moto, y las pistas y testimonios apuntan al Gaula Urbano, dirigido por Santoyo. Todo ocurrió horas después de que las víctimas declararon en la Fiscalía por la desaparición forzada de varios familiares. Así que el expediente está entrelazado con otros muchos radicados que se remontan a la masacre de La Balsita, ocurrida en Dabeiba en 1997. Allí murió una persona y otras 13 desaparecieron. Las autoridades les atribuyen el crimen a los paramilitares en asocio con miembros de las Brigadas XVII y XI del Ejército.

El 1 de octubre pasado, la Fiscalía remitió a la JEP el expediente que compromete a Santoyo con la desaparición de Monsalve y Quintero. Según las pautas obligatorias que ha impartido la Corte Constitucional, con la puesta en marcha de la JEP la Fiscalía se limita a indagar sin resolver la situación jurídica en los casos relacionados con el conflicto armado.

Pero Santoyo, a diferencia de 2.431 exintegrantes de la fuerza pública, incluidos 11 generales, no ha levantado la mano para ir a la JEP. Los excombatientes (tanto exmilitares como guerrilleros desmovilizados) hacen fila en el Tribunal para la Paz con miras a resolver allí sus líos judiciales, a cambio de aportar verdad y reparar a las víctimas. Pero “hasta ahora el general no ha mostrado interés en ese sentido. Él siente un gran compromiso con el honor militar”, dice su abogado, Jorge Ruiz Sánchez.

Sin embargo, por tratarse de un expolicía, su comparecencia no es voluntaria, sino forzosa. Solo los terceros civiles o agentes del Estado no combatientes pueden decidir si prefieren seguir en la justicia ordinaria o pasar a la JEP. Muchos de los militares enredados en expedientes de graves delitos vinculados con el conflicto armado colaboran con el Tribunal para la Paz a fin de conseguir mejores condiciones de reclusión o la libertad anticipada, siempre que hayan estado detenidos como mínimo cinco años.

Santoyo está preso en una escuela de Policía que le ofrece condiciones dignas. Cuando llegó a Colombia, sus posibilidades de conseguir la libertad anticipada eran nulas, pues el tiempo de cárcel en Estados Unidos no le vale en el país. Pero en junio pasado la JEP abrió una ventana. El general del Ejército Henry Torres Escalante, procesado por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, solicitó la libertad, aunque no había cumplido los cinco años requeridos para ganar esa gabela. Los magistrados no accedieron, pero hicieron una contraoferta.

Por medio del Auto 124, la Sección de Apelación, máxima instancia de la JEP, determinó que si un compareciente hace un “pacto extraordinario de verdad temprana y reconocimiento de responsabilidad”, y acredita un año de detención, podría conseguir la libertad anticipada. Ese escenario excepcional le plantea nuevos dilemas al general Santoyo.

En efecto, contra el oficial también obran otros dos expedientes en la justicia ordinaria. Uno de estos lo vincula como el cerebro del plan de desviación que torpedeó las indagaciones por el asesinato de Jaime Garzón. El otro está relacionado con señalamientos de jefes paras que aseguran que Santoyo puso al servicio de la temida Oficina de Envigado recursos de la Policía. Como el tratamiento de la justicia para la paz es integral, se da por descontado que todos esos expedientes también terminarán en este tribunal. “Si la JEP decide dar vía libre a su admisión, debe hacerlo sobre la base de un plan puntual de contribución y con un seguimiento estricto al mismo. Así, en caso de incumplimiento con las víctimas, le sean retirados los eventuales beneficios que esta jurisdicción puede otorgar como incentivo”, dice Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, contraparte de Santoyo en el caso por desaparición forzada.

Desde hace nueve meses, el oficial está recluido en una escuela de la Policía, al occidente de Bogotá, y apenas ahora con la deteminación de la JEP empieza a decantarse su situación jurídica, algo que venía solicitando reiteradamente su abogado defensor. Con la determinación de la JEP lo que sigue es la firma obligatoria del acta de sometimiento por parte del oficial retirado. Cuando lo haga, en los próximos días, se sabrá  si está dispuesto a hacer el pacto extraordinario de verdad temprana para obtener la libertad condicional pronto. Por el momento, Santoyo seguirá privado de la libertad.