“La muerte del magistrado Gaona fue por arma de fuego de un miembro del M-19″: autor del informe de la Comisión de la Verdad

SEMANA: Han pasado 40 años después de la toma del Palacio de Justicia y el esfuerzo por la verdad más importante que se ha hecho es el informe de la Corte Suprema del que usted fue parte, ¿qué siente al haber integrado esa misión?

José Roberto Herrera (J. R. H.): Muchos sentimientos. En síntesis, la inmensa responsabilidad por la delicada tarea asignada, el firme compromiso con la verdad, con la imparcialidad, con las víctimas de todos los sectores, con la sociedad en general, con un llamado a la acción de la justicia y con la misión de esclarecer las responsabilidades institucionales de esa absurda e inmensa tragedia nacional. Creo que, junto con la del 9 de abril de 1948, son las más graves sufrió el país en el siglo pasado. Y el gran honor de compartir esa dignidad con expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de tan elevadas calidades jurídicas y éticas como Nilson Pinilla y Jorge Aníbal Gómez.

SEMANA: ¿Por qué, después de tanto tiempo, aún no hay plena verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia?

J. R. H.: Cuando la Comisión de la Verdad inició su trabajo, veinte años después de los hechos, existía una verdad a medias que se había apoderado de la conciencia de gran parte de los colombianos sobre los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Esa verdad a medias había persistido en medio de tanta impunidad, de la ignorancia de la realidad de lo ocurrido, del miedo a contar la verdad, de la destrucción de las evidencias, de la manipulación de la escena del crimen, del pacto de silencio. Desde el informe preliminar nuestro, se esclareció que hubo tres grandes responsables institucionales.

SEMANA: ¿Quiénes fueron los responsables?

J. R. H.: El primer responsable, el M-19, que inició la acción con su ataque terrorista, violento y sangriento. El segundo, el gobierno porque hubo un notorio vacío de poder. Y el tercero, la fuerza pública, con la retoma desproporcionada que tenía como único objetivo eliminar al enemigo sin un plan de protección a los innumerables civiles, con violación de elementales reglas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, como lo demuestran fehacientemente las evidencias de más de cien testimonios que escuchamos, innumerables expedientes, sentencias, documentos y libros que analizamos, y las propias grabaciones de los militares que participaron en los hechos.

SEMANA: Muchas personas no vivieron esa tragedia. ¿Cuál fue su magnitud?

J. R. H.: Los hechos arrojaron el impresionante saldo de 115 personas muertas, víctimas muy valiosas en su totalidad, entre ellos la mitad de los magistrados de la Corte Suprema, y otros seres humanos indefinidamente desaparecidos y la destrucción del templo de la justicia. Desde luego, por todo lo dicho, la verdad plena nunca se alcanzará, con mayor razón si algunos de los perpetradores de esa vergonzosa desgracia nacional, aún guardan silencio y no piden perdón sincero a las víctimas, sino que su único fin es tratar vanamente que los colombianos crean su insólita versión que su contraparte es el único responsable.

SEMANA: ¿Qué significó ese holocausto para el país?

J. R. H.: Un tremendo daño irreparable. Se menospreció la vida de colombianos, se violó su derecho a existir, los responsables institucionales irrespetaron la justicia, que es la que en verdad encarna la majestad del Estado, se desapareció deliberadamente gran parte de la verdad, se desatendió el llamado de diálogo y cese al fuego.

Las llamas del Palacio de Justicia han ardido en los corazones de los colombianos durante muchos años, se deterioró la reputación internacional del país, no se aprendió la magistral lección histórica de que con la guerra nadie gana, sino que todos perdemos. Sin embargo, pese a ese conjunto de catástrofes, algo positivo: por acuerdo de las fuerzas políticas con la antigua insurgencia, surgió la necesidad de reformar la Constitución y se aprobó la de 1991 que, en términos generales, distensionó los espíritus guerreristas; pero ahora algunos, inexplicablemente, quieren echar por la borda ese gran logro de la concordia nacional.

SEMANA: ¿Por qué cree que las heridas del Palacio de Justicia no se han cerrado?

J. R. H.: Por muchas razones, pero en gran medida porque no obstante tenerse conocimiento de las indiscutibles responsabilidades institucionales, sus voceros o defensores de oficio, en vez de reconocer la contundencia de la verdad pretenden seguir adoptando una actitud defensiva, en vez de reconocer los hechos y pedir perdón, o al menos reparar moralmente a las víctimas y abandonar los discursos de odio. Y gran parte de la sociedad no quiere volver la mirada hacia el holocausto, como si no le importara los hechos ni sus nefastos efectos, o por temor a algo así como lo sucedido a la mujer de Lot que, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra debido a su gran maldad, volvió la mirada atrás y quedó convertida en estatua de sal.

SEMANA: ¿Cuáles fueron, en su momento, los puntos centrales que se conocieron gracias al trabajo del informe?

J. R. H.: Le voy a enumerar unos fundamentales. La salida con vida de Palacio y el posterior asesinato de miembros de las fuerzas militares del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. El drama padecido por los sesenta rehenes en los baños de los entrepisos en un espacio de veinte metros durante 28 aciagas horas. La muerte del magistrado Gaona por arma de fuego de un miembro del M-19. La muerte de varios magistrados de la Corte Suprema por balas del ejército. La revelación de los detalles del tercer incendio que ocasionó la destrucción de la edificación. La ocurrencia de desapariciones, varias de ellas de trabajadores inocentes de la cafetería. Esto último se reveló desde el informe preliminar de la Comisión y poco tiempo después la Fiscalía ordenó la apertura de las investigaciones penales por desaparición forzada.

SEMANA: ¿Cómo llegan en el informe a concluir que la muerte del magistrado Gaona fue responsabilidad del M-19?

J. R. H.: En el caso específico de la muerte de Manuel Gaona, la Comisión fue sumamente cuidadosa en el análisis de las evidencias que le permitieron concluir, en grado de certeza, que su muerte, sin duda alguna, fue causada por un guerrillero del M-19 que se encontraba vigilando la salida de quienes trataban de escapar del infierno de baños de los entre pisos, donde se encontraba el doctor Gaona, junto con otros rehenes. Los únicos que podían declarar sobre esos hechos eran las personas que presenciaron directamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando el magistrado Gaona sale del lugar de ese cautiverio donde lo tenía retenido el guerrillero Almarales, y es impactado a tiro de contacto por otro guerrillero del M-19.

Todos los testigos coinciden en el relato y no hay nadie, de las personas que presenciaron los hechos, que declare lo contrario. En efecto, el magistrado auxiliar José Gabriel Salom relata cómo el cuerpo del doctor Gaona le cae encima y que vio cuando le dispararon, la trayectoria de las balas y quién disparó, el instante en que ocurrió. Esta versión está avalada por los magistrados Nemesio Camacho y Hernando Tapias, quienes precisaron los hechos, así como el conductor Reina. Además, la ubicación del ejército en ese momento hacía imposible que sus balas impactaran a quienes salían del baño en ese instante. Pero, además, todo ello está en concordancia con lo constatado en la necropsia practicada al cadáver del magistrado Gaona. Por eso su propio hijo, doctor Mauricio Gaona, después de un análisis técnico exhaustivo, ha declarado que las conclusiones de la comisión sobre este hecho se ciñen estrictamente a la verdad de que el M-19 fue el único responsable del asesinato del magistrado Gaona Cruz, independientemente de que, respecto de la muerte de algunos otros magistrados, no haya sido causado por balas del M-19, como también lo coligió la Comisión. De suerte que tratar de crear una posverdad, quién sabe con qué fines, distorsionando la realidad, equivale a revictimizar a los afligidos hijos de esa gran tragedia.

SEMANA: Justamente esta semana, Mauricio Gaona, hijo del magistrado fallecido en el Palacio, rechazó que Gustavo Petro asegurara que a su papá lo había matado el ejército. El jurista conmovió al país cuando hace poco dijo que los magistrados “dieron la vida defendiendo ese orden constitucional que hoy el ministro y el presidente quieren cambiar”. ¿Cree usted que el riesgo que vivimos hoy es de esa magnitud?

J. R. H.: Manuel Gaona Cruz, padre del gran constitucionalista, Mauricio Gaona,fue un magistrado con conciencia social, defensor insomne del orden constitucional y de las instituciones; fue un ser valiente y héroe de la justicia; como todos los magistrados, soportó con dignidad y valor las 28 horas de angustia, de impotencia, de desesperación y la vejación a los rehenes y a la justicia. Los llamados de todos los familiares de todas las víctimas deben ser escuchados con mucha atención y respeto.

SEMANA: Hay un símbolo muy grande de esta tragedia que fue el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, también padre de otro gran jurista como es el exministro Yesid Reyes. ¿Qué significa hoy su llamado a cesar el fuego?

J. R. H.: “Que cese al fuego” no es simplemente la exigencia momentánea de un rehén de crueles captores, de quien está amenazado con ametralladora en su cabeza, de quien debe velar por la vida de una muchedumbre de inocentes civiles atrapados en el infierno del secuestro, de quien debe preservar la dignidad, independencia y majestad de la justicia, es un mensaje histórico a todas las generaciones de colombianos, para que las armas no sustituyan la palabra, para que resolvamos nuestras discrepancias en forma distinta y civilizada, fomentando el debate crítico y la reconciliación nacional.

SEMANA: Todo lo que usted relata es muy impactante. Y leer el informe es profundamente doloroso. Esta conmemoración llega en un momento de gran crisis institucional. ¿Deja esa experiencia del Palacio alguna lección para superar lo que vivimos hoy?

J. R. H.: En el Palacio, las armas reemplazaron la palabra, se abortó toda posibilidad de diálogo, pensando erróneamente que eso implicaba negociación de las instituciones, siendo dos conceptos diferentes. Hace algunos años hemos avanzado un poco hacia el diálogo, pero no ha sido sincero en sus finalidades y a veces la ausencia de un método adecuado ha desviado el camino correcto de la paz.

Las formas de comunicarnos no son las más idóneas, los discursos de odio son la llama que ilumina muchas decisiones políticas, el fuego no ha cesado en muchos corazones.

SEMANA: ¿Ve algo positivo en esas lecciones?

J. R. H.: Sí. Colombia tiene el tesoro de la esperanza en la juventud. Nos agrada cómo en colegios y universidades existe gran interés sobre estos hechos, más que para conocer culpables individuales, para aprender la lección inmortal de que esto nunca más puede volver a ocurrir y para ello tenemos que comunicarnos de otra forma, reconocer al otro, respetar nuestras diferencias, renunciar y rechazar decididamente la violencia y a todos los que la promuevan.

Para ese fin es muy importante también que se conserve como derecho de las víctimas y de la sociedad la memoria sobre los hechos del Palacio de Justicia, que estos hechos no se olviden 40 años después, que la historia del holocausto no se aprenda en las películas de ficción, que no se abra la puerta a lo que algunos intentan, crear una posverdad, que no es otra cosa que acomodar la verdad a sus propios intereses individuales, políticos, o a sus propios deseos. Por eso hoy cobra mayor importancia el análisis académico, histórico e imparcial de la Comisión de la Verdad.

SEMANA: Justamente, el viernes pasado en la Universidad del Rosario, donde usted hoy tiene una de las máximas dignidades, la de consiliario, se hizo el lanzamiento de una nueva edición de este informe. ¿Por qué está tan vigente ese documento hoy?

J. R. H.: El libro, en sus 486 páginas, no solamente relata los hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que aborda los antecedentes que desembocaron en esa tragedia, que atañen al conflicto político y militar del país pocos años antes de la toma, a la falta de entendimiento entre el gobierno y las fuerzas militares, a la incomprensión de la independencia de la justicia, etc. Hay un valiosísimo acervo testimonial y documental, un análisis detallado y fundado de cada conclusión, y termina con unas recomendaciones que tienen gran vigencia para el conflicto colombiano actual, porque en el Palacio de Justicia se retrata y es espejo de las causas y la problemática nacional de tantos años.

SEMANA: ¿Por qué es importante conservar la memoria de esta manera?

J. R. H.: Es muy importante que en el país perviva indeleblemente esa memoria histórica para que esa tragedia nunca más ocurra, por eso en los diversos foros, quienes demuestran el mayor interés son los jóvenes que valoran la importancia del derecho a la vida, a la esperanza y a la justicia, que junto a la verdad es la base de la reconciliación y el perdón.