La nueva guerra criminal por el control de la Sierra Nevada de Santa Marta

La guerra ha estado viva durante años en la Sierra Nevada de Santa Marta, incluso después de los procesos de desmovilización de los paramilitares en 2006 y el reciente Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc. Pero en los últimos meses la violencia se ha recrudecido. En menos de un año, la Defensoría ha emitido tres alertas tempranas para advertir sobre el riesgo en que se encuentran las comunidades.

En un año y medio, 11 de los 15 municipios de la zona han tenido manifestaciones de violencia, fueron asesinados seis líderes sociales, otro sufrió un atentado y 42 personas fueron desplazadas luego del asesinato de un miembro de la comunidad en Playa Salguero. En total se presentaron ocho acciones armadas y ocho infracciones al Derecho Internacional Humanitario, según un informe reciente del Observatorio Caribe de la Universidad del Norte.

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El origen de esta escalada de violencia se debe a una mezcla de diferentes actores. Por un lado está el rearme de grupos al mando de exjefes paramilitares que se habían acogido a la Ley 975 de Justicia y Paz (conocidos como ex 975), como Jhon Jairo Esquivel y Rigoberto Rojas, alias el Tigre y Rigo, respectivamente, quienes crearon alianzas con el Clan del Golfo y son señalados como responsables del secuestro de la empresaria Melissa Martínez, sobrina de Gabriel García Márquez, entre otros delitos. Ambos ya fueron capturados.

Rigo, quien fue el principal heredero de la estructura conocida como el Clan Rojas, creada por su padre Adán Rojas, había salido de la cárcel en 2016 por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Al parecer, desde entonces había conformado una organización armada asentada en Ciénaga (específicamente en el corregimiento de Palmor). La propia Defensoría ya se había referido a esta como uno de los grupos delictivos de la posdesmovilización.

Las autoridades departamentales referencian a los Rojas como una de las dos estructuras que comandan el negocio del narcotráfico. La otra estaría a cargo de Elkin Javier López Torres, conocido con los alias de la Silla o Doble Rueda, quien se entregó a las autoridades esta semana, en una clínica de Barranquilla. Según testimonios recopilados por SEMANA, López Torres tendría el control sobre el movimiento de contenedores que hace a través del puerto de Santa Marta.

Lo paradójico, según investigadores del fenómeno de la violencia en la Sierra Nevada, como el antropólogo y defensor de Derechos Humanos, Lerber Dimas, es que estos excomandantes o ex 975, entre los que se encontraban Rigo y el Tigre, volvieron de pagar sus cortas condenas, se rearmaron y empezaron a delinquir incluso teniendo asignados esquemas de seguridad y carros blindados suministrados por la Unidad Nacional de Protección, “en casos usándolos para sus fines delictivos”.

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Estos nuevos grupos rearmados iniciaron enfrentamientos con estructuras tradicionales de la Sierra como la Oficina Caribe, que siempre ha estado bajo el mando de los descendientes de Hernán Giraldo, el extraditado exjefe paramilitar que paga una condena en Estados Unidos.

Una parte de esa estructura familiar de la Oficina Caribe, durante un tiempo, fue reconocida como Los Pachencas, porque después de un operativo la directora de la Policía de Santa Marta de ese entonces, la coronel Sandra Vallejos, se refirió a ellos con el alias de uno de los cabecillas del ala armada, alias Chucho Pachencas o Chucho Mercancías.

Jesús Aguirre Gallego, nombre de pila de Chucho, es uno de los actores determinantes en el reinicio de la escalada de la violencia en la Sierra. De origen antioqueño, inició su vida delictiva en el Bloque Norte de las AUC, al lado de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Luego de la desmovilización en 2006 pasó a integrar la banda Los Nevados, al mando de los mellizos Mejía Múnera, y con el paso del tiempo llegó a trabajar con el Clan del Golfo, a disposición de Dairo Antonio Usúga, alias Otoniel, jefe máximo de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Pero en 2011 se independiza y vuelve a la Sierra, donde logró concentrar alrededor de 200 hombres y es cuando le declara la guerra a sus antiguos jefes.

Chucho Pachencas fue abatido en junio de este año en un enfrentamiento con la policía. Con su muerte, el sobrino de Hernán Giraldo, de nombre Deimer Patiño Giraldo, alias 80, quedó al mando de la estructura militar. Esto debido a la previa captura, en mayo, de John Salazar Salcedo, alias Flash, quien en realidad era el segundo al mando.

Ese es el punto de partida de la nueva gran amenaza de la Sierra, Santa Marta y muchos otros municipios del Magdalena, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Que sumado a la reaparición del ELN en cercanías de Minca, Dibulla y en la zona montañosa de la propia Santa Marta, ha convertido la región en una olla a presión que en cualquier momento podría explotar. Por lo que en una de las alertas de la Defensoría del Pueblo también se advierte sobre la amenaza a la que están sometidos pueblos indígenas como los Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos.

Las principales disputas se dan por el control de las rutas para la exportación de clorhidrato de cocaína, el control del puerto y la renta ilegal generada por la extorsión. Según la Fundación Paz y Reconciliación alrededor del 60% de las actividades comerciales en zona rural de Santa Marta han sido extorsionadas por Los Pachencas (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra), incluso en corregimientos de Ciénaga como Palmor, Siberia, San Pedro y San Javier establecieron un impuesto del 10% sobre la compraventa de cualquier predio.

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Según Luis Trejos, del Observatorio Caribe, está reconfiguración del crimen organizado se da porque se rompió una especie de equilibrio que existía entre Los Pachencas o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, con un brazo importante del antiguo Clan Rojas, quienes se repartían las tareas en la cadena de exploración de clorhidrato de cocaína. Al surgir un conflicto entre ellos se activa una guerra. Uno de los puntos clave sería la disputa por el control del puerto de Santa Marta, con especial protagonismo de alias la Silla. “La disputa es porque este es un corredor de movilidad entre tres departamentos, con una cara sobre la Troncal del Caribe, acceso a puertos marítimos y de donde se pueden generar muchas rentas ilegales en todo lo relacionado con el turismo y los cultivos de banano y palma”.

En un comunicado de prensa emitido por las ACSN, en junio pasado, este grupo lamentó la muerte de Flash y negaron su participación en la muerte de Joaquín Trujillo, el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guachaca. Se declararon como “fuerza armada que vela por la tranquilidad y bienestar de miles comidas campesinas. Seguimos en pie de lucha mientras cualquier fuerza ajena al estado pretenda incursionar en el territorio”. Hacen especial énfasis en que su trabajo “es combatir al ELN y al Clan del Golfo”. En julio, también a través de un comunicado las ACSN negaron estar involucrados en alguna disputa del territorio, al reconocerse como “la única organización armada con control y dominio de la región”.

Aunque al inicio hubo negativa de parte de las autoridades para reconocer el incremento de la violencia debido a la disputa del territorio entre Los Pachencas y el Clan del Golfo. Una racha de asesinatos registrada en julio hizo que el propio ministro de Defensa del momento, Guillermo Botero, confirmara que había una “dura lucha” entre ambas organizaciones.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, sin embargo, ya sufrieron golpes importantes por parte de las autoridades. En junio de este año fue capturada Amparo del Carmen Giraldo, alias Natalia, una de las hijas mayores de Hernán Giraldo, y su esposo Jonathan De Jesús Soto Quintero, alias Peligro. El operativo fue realizado en el sector de Pozos Colorados, Santa Marta y, según las autoridades la Fiscalía los requería por investigaciones en su contra por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte de armas y homicidio.

Y hace unos días, el 19 de noviembre, fueron detenidas Gladys Giraldo Contreras, alias la Paraca, y Sirley Milena Giraldo Pérez, alias la Encuestadora, en la vereda Cabañas de Buritaca, corregimiento de Guachaca, a una hora de Santa Marta. Ambas hijas de Hernán Giraldo. Ahora el foco de la organización parece haber quedado sobre alias 80.

Norma Vera Salazar, secretaria de Gobierno del Magdalena, le dijo a SEMANA que en efecto la administración departamental reconoce unas acciones que en efecto atentan contra la estabilidad del territorio y existen los escenarios de riesgo que describen las Alertas Tempranas hechas, pero señala que la problemática comenzó en Santa Marta y que las autoridades de la ciudad han hecho un “ocultamiento sistemático” que ha causado que el problema “se potencializara, se fortaleciera y avanzara”.

“Desde el 2006 hasta lo que va corrido del 2019, han pasado por Santa Marta 13 estructuras tipo paramilitar. Hoy persisten, pero están más caracterizados, más visibilizados y con una estrategia conjunta de ataque frontal. Donde nos enteramos que están extorsionado en el municipio, ahí mismo llegamos con Policía Nacional, Ejército Nacional y presencia institucional señaló Vera.