Gustavo Petro logró su “chu chu chu”: así le dio cuatro golpes mortales al sistema de salud

Llegó el chu, chu, chu, el momento que muchos habían advertido, el colapso del sistema de salud. Se trataba de un escenario dantesco que el mismo presidente Gustavo Petro había explicado el día en que reconoció públicamente que no necesitaba de ninguna reforma para lograr su propósito: la caída como un castillo de naipes de las EPS: “Chu chu chu, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada... sus afiliados tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Entonces los afiliados tienen que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar”.

Faltaba ver la imagen del desastre, los centenares de personas en fila, pasando la noche, esperando sus medicamentos, las historias de los pacientes de cáncer sin sus quimioterapias, de los diabéticos sin su insulina, para comprender la dimensión del daño irreparable que tiene hoy el sistema de salud. “Llegamos al día que no queríamos llegar. Lo que nos preocupa no son las filas, sino las vidas”, dice con dolor Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo.

Lo aseguran también los expertos. “Ya pasamos una barrera en la cual el sistema tenía posibilidades de recuperación. Eso ya no existe”, reconoce el exministro de Salud Fernando Ruiz. “Muchos se preguntaban, ¿qué va a pasar el día que pase lo que está pasando? Y como ya pasó lo que está pasando, es hora de parar el debate y sentarnos a actuar”, agrega el presidente de Afidro, Ignacio Gaitán.

“Lo que el presidente Petro aseguró que todas las EPS se iban a caer, chu, chu, chu, se va a cumplir. Va a haber una calamidad pública por la falta asistencial en medicamentos, en recursos humanos y en experiencia técnica”, concluye el excontralor Edgardo Maya.Y también lo dijo Petro, con orgullo, esta semana: “El chu, chu, chu es problema de las EPS, no del Gobierno”.

Mientras el sistema hace agua, el presidente se despacha y utiliza su estrategia de siempre: demonizar a los otros, no reconocer la crisis, hablar de golpe de Estado. “En la salud han crecido verdaderos vampiros”, dijo en el consejo de ministros del miércoles. En las más de dos horas que duró la reunión del gabinete, no hubo el más mínimo reconocimiento de que existe un problema.

“No hay escasez de medicamentos, es un plan pérfido y asesino para acaparar diciendo que es el efecto de la reforma a la salud que el Congreso ni piensa aprobar”.

Lo que sienten los pacientes, los médicos, las enfermeras, los directores de hospitales, las autoridades regionales y los organismos de control, sin embargo, es otra cosa.

El colapso ya llegó. La defensora del Pueblo, Iris Marín, lo explicó bien en una sentida carta que le hizo llegar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le pide medidas urgentes frente a la crisis que se vive. “Existen circunstancias críticas que sufren las personas, frente a las que no se puede hacer caso omiso, que deben ser atendidas con urgencia a través de mecanismos excepcionales que den respuestas inmediatas”.

SEMANA habló con decenas de líderes en todos los frentes del sistema y presenta cuatro puntos esenciales que demuestran que la situación es crítica y que va a empeorar.

1. La crisis de medicamentos

Es el síntoma más visible y, para quienes los necesitan, el más urgente. ¿Por qué los medicamentos no están llegando a la gente? La respuesta es sencilla: porque no hay plata. La realidad es que no existe técnicamente una escasez, que tendría que ser advertida por el Invima, sino que nadie paga lo que los pacientes necesitan.

El sistema funciona así. El 80 % de la entrega en el país está gestionado por Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam. Los gestores farmacéuticos son los que reciben el catálogo de medicamentos de la EPS, se ponen en contacto con los proveedores de la industria para comprarlos y tenerlos en inventarios que se calculan de 15 a 30 días. Los precios, para la mayoría de los componentes activos, se establecen mediante una regulación del Gobierno nacional, lo que significa que es responsabilidad del Ejecutivo poner los rangos de las tarifas.

“El cobro de los medicamentos dispensados ambulatoriamente se hace con cargo a los recursos del sistema, este cobro es posterior a la entrega a los pacientes, lo que demuestra que los recursos a los gestores farmacéuticos llegan después de la prestación del servicio”, detalló el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Este pago solía demorarse, pero nunca como hoy. Las carteras de estas empresas están pendientes hasta 600 días, según narró Afidro. Es decir, que todavía no les han pagado medicamentos que entregaron hace dos años. El total de la deuda del sistema de salud con los gestores farmacéuticos hoy supera los 4,4 billones de pesos.

“La situación de deuda trae como consecuencia la no disponibilidad de medicamentos, por la falta de pago a los gestores”, agregó Cabal. La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, lo explica de frente: “La falta de acceso a los medicamentos es por las carteras, no es desabastecimiento. Aunque el Gobierno nacional habla de acaparamiento, yo no le puedo exigir a un privado que abastezca de medicamentos el sector si no hay garantía de pago”.

En las regiones, la situación es crítica. Luis Gabriel Degiovanni, presidente de Fenalper, la organización que reúne a los personeros en todo el territorio, cuenta que el problema está desbordado. Solo en Montería, su ciudad, las quejas aumentaron 550 %. En Barranquilla, la cifra es del 310 % y en Jamundí, del 157 %. “Esa es la prueba de que la salud agoniza de manera profunda”, sostiene. La defensora Marín asegura que solo entre enero y finales de febrero de 2025, las quejas en este frente aumentaron el 30 % con respecto a 2024 y el 67 % con relación a 2023.

“Hoy hay más déficit de medicamentos que los que tuvimos en la pandemia por covid, imagínese lo triste”, se lamenta Mauricio Echeverri, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud.

SEMANA contactó a todos los gestores, quienes corroboran la información, pero ninguno quiso salir públicamente. Fuera de micrófonos, aseguran que hay una decisión de las directivas de no hacer pronunciamientos para no caer en la mira del Gobierno nacional, que radicó una demanda contra una de ellas, Audifarma.

2. El ahogo financiero

Al inicio del Gobierno, la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, anticipó lo que vendría. En una conversación con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente cuando se contagió de covid, la entonces funcionaria dijo: “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”.

El Gobierno presentó la polémica reforma a la salud y paralelamente generó esa crisis. Su principal instrumento fue cerrar el chorro de los recursos del Estado a las EPS. De todas las vías en que esto se hizo, la más letal fue el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es, en términos sencillos, lo que les gira el Estado a esas empresas por cada afiliado.

Por cuenta de la pandemia, la inflación, la trepada del dólar y otros factores, las EPS argumentan que este dinero ya no alcanza. El año pasado, cuando el sistema ya venía en crisis, la Andi calculó que este aumento debía ser del 16,9 %. Sin embargo, el Gobierno lo fijó en 5,36 %.

“Cada día que el Gobierno se demora en darle liquidez al sistema está haciendo sufrir a las personas, en algunos casos puede llegar hasta causar consecuencias irreparables. Hay que recordar que el sistema de salud vale más de 80 billones de pesos, que hoy son manejados en su totalidad por el Estado”, sostiene Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

La cifra de la UPC que puso el Gobierno fue en sí misma desafiante. La Corte Constitucional ha venido advirtiendo que los aumentos que ha hecho el Gobierno Petro son insuficientes. En 2024 ya había ordenado hacer el reajuste de la UPC. El Gobierno incumplió, y en enero de 2025 la Corte emitió otro pronunciamiento en el que le ordena de nuevo al Gobierno recalcular y reconocer lo que se dejó de pagar de 2021 a 2024.

No es lo único que el Gobierno no ha querido girar al sistema. Las EPS también tienen deudas represadas. En 2023, la Corte dijo que no se habían girado 819.000 millones de pesos correspondientes a presupuestos máximos de 2022 y ordenó al Gobierno pagar la deuda. Esas decisiones también fueron ignoradas. La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advierte que las pérdidas en 2024 fueron de 10 billones de pesos.

Según la directora territorial de Salud de Caldas, Natalia Castaño, los dineros faltantes constituyen una “amenaza inminente a la estabilidad del sistema y han alcanzado niveles que se vuelven insostenibles para muchos hospitales”.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ni siquiera reconoce que haya un problema de plata. “Dicen que quieren marchitar el sistema, pero lo que ha hecho el Gobierno es favorecer el presupuesto de salud”, dijo en el consejo de ministros de esta semana. A renglón seguido, expuso una tabla en la que asegura que el presupuesto de salud pasó de 40 billones en la vigencia de 2022 a 65 billones en 2025.

Pero el panorama es objetivo y las cifras contradicen la narrativa del ministro. Como explica el exministro Ruiz, hoy se maneja “una siniestralidad del 112 %. Es decir, que por cada 100 pesos que el sistema recibe, se gastan 112. Las EPS intervenidas hoy han liquidado su patrimonio. La falta de recursos es tan severa que se han venido comiendo por dentro todo el capital”.

Mac Master lo pone de otro modo: “No se necesitaba ser un gran experto para entender que si el Estado no les da recursos a las entidades que prestan los servicios, ni a las que proveen los medicamentos y los dispositivos médicos, el Estado estaba conduciendo a que se presentara una gran crisis”. “El Gobierno ejecutó la asfixia mecánica. Le quitó la ventilación pulmonar al sistema. Lo estranguló”, concluye el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal.

3. La estatización, el deseo de Petro

El Gobierno ha avanzado también en lo que desde el comienzo ha sido su deseo: sacar a los privados del juego y estatizar el servicio de salud. Era la médula de la reforma a la salud que se hundió en el Congreso, pero se ha venido dando por la puerta de atrás.

La salida de las EPS se ha ejecutado por dos vías. La primera ha sido por las intervenciones, y la segunda, por la realidad fáctica de que esas empresas están en un punto tan insostenible que consideran que es mejor cerrar su operación que seguir, y le han pedido al Estado devolver los pacientes y comenzar a desmontar.

Sobre lo primero, la cifra es impactante. Hoy, el 62,5 % de los colombianos están afiliados a alguna EPS intervenida por el Gobierno de Petro. Se trata de 31 millones de personas repartidas así: La Nueva EPS (11 millones de usuarios), Sanitas (5,8 millones), Coosalud (3,3 millones de usuarios), Famisanar (2,7 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,5 millones), Cajacopi Atlántico (1,4 millones), SOS (749.000), Dusakawi (290.000) y Capresoca (171.000).

El Gobierno tomó el control de esas EPS porque, en teoría, no funcionaban. Pero bajo la égida del petrismo, les ha ido peor. Del total de 10 billones de pérdidas de 2024, Acemi asegura que el 70 % está en las EPS intervenidas.

El caso de Sanitas, por ejemplo, es diciente. Durante el debate de la reforma a la salud, el Gobierno lo coronó como su principal antagonista. Desde ese entonces y hasta hoy, el presidente ha criticado el manejo de la empresa española Keralty y la ha acusado de corrupta, colonizadora y financiadora de la oposición. Pero, según los datos del Informe del Observatorio de Financiamiento de Así Vamos en Salud, a Sanitas le ha ido mucho peor al ser manejada por el Gobierno.

“Sanitas es una de las entidades que más deterioro ha tenido en su patrimonio, que terminó 2024 en negativo en cerca de un billón de pesos, cuando en 2023 no superaba los 100.000 millones de pesos”, sostiene el documento. Es decir, intervenida, no solo no mejoró, sino que multiplicó sus pérdidas por diez.

El otro ejemplo de esa debacle es la Nueva EPS. El Observatorio no la pudo medir porque ni siquiera hay información pública de sus cuentas, pese a que es la que más afiliados tiene hoy en el país: 11 millones en total, cinco del régimen contributivo y 6,1 del subsidiado.

El superintendente de Salud, Helver Rubiano, explica que los estados financieros serán presentados en abril por el agente interventor, Bernardo Camacho. Y que la tardanza se da porque “al inicio de la intervención se encontraron más de 12 millones de facturas radicadas y sin procesar por un valor superior a los 4 billones de pesos y están pendientes más de 2 millones de facturas por un valor de 470 millones de pesos, que corresponden a lo radicado en los primeros meses de 2024”.

La Nueva EPS tiene una figura mixta. El Estado posee el 49 % y las cajas de compensación el 51 %. El año pasado, el Gobierno, pese a estar en minoría, logró voltear la junta y sacar al presidente de la entidad, José Fernando Cardona. Además, la superintendencia intervino la Nueva EPS. El resultado es terrible para los pacientes. Y solo uno de los síntomas es el tema de medicamentos.

Audifarma le había advertido que no podía seguirle entregando medicamentos, pues la cartera era de casi medio billón de pesos. El resultado fue la crisis de la semana pasada. Pero no son solo los medicamentos, directores de hospitales y médicos le confirmaron a SEMANA que hoy muchas entidades ya no reciben a los usuarios de la Nueva EPS simplemente porque esta no les paga.

Las EPS que no están intervenidas, por otro lado, se quieren ir. Es el caso de dos de las EPS que mejor han prestado sus servicios a los colombianos: Compensar, con 2 millones de afiliados, y Sura, con 5,5 millones. Ambas le pidieron al Gobierno el retiro voluntario. En el caso de Compensar, en enero, la Superintendencia de Salud rechazó esa solicitud y dijo que esta debe seguir prestando el servicio.

Compensar se quedó entonces, pero solo opera en Bogotá y Cundinamarca, que es donde tiene la mayoría de afiliados. A Sura también le negaron este pedido el año pasado. “Esto ha venido acompañado de la estrategia de la intimidación y del fusil. Todos son activistas. Un superintendente que vigila el sistema no puede ser parcializado”, dijo una fuente del sector.

4. El cierre de servicios

La falta de recursos en el sistema de salud también ha generado un doloroso inri. Y, tristemente, los niños han sido las mayores víctimas. El país ha visto apagar sus unidades de neonatología y pediatría, los lugares donde se resguardaba el inicio de la vida. Sitios emblemáticos donde miles de colombianos han tenido a sus hijos anunciaron su cierre: San Ignacio, en Bogotá, y la Clínica Farallones, de Cali, dejaron de atender partos.

“Hace 27 años abrieron esta clínica como la Clínica Materno Infantil, hoy no es materno ni infantil. Las tarifas que pagan las EPS son muy bajas y no las pagan a tiempo”, contó Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, ante el cierre de esa unidad en Farallones. Los pediatras han alertado que con lo que está pasando, el país no tiene suficientes camas para atender a sus niños. El déficit puede ser superior a las 20.000 camas. Situaciones similares se viven en las áreas de psiquiatría y cirugía.

El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Salud, Mauricio Echeverri, aseguró que ni en los peores momentos de la pandemia por covid-19 la red había experimentado un problema de tal magnitud: “Los servicios que más se han cerrado son los económicamente menos viables. El sector público no tiene con qué atender porque no cuenta con insumos y el sector privado no atiende porque no le pagan”.

Un anestesiólogo que labora en una clínica de Medellín narró bajo reserva que todos los días faltan elementos en los quirófanos y han clausurado algunos de ellos por la escasez: “Hay días en que estamos sin relajantes musculares, lo que imposibilita las cirugías. Se ha disminuido la atención en quirófanos porque no están pagando, hay despidos y demoras en las nóminas”.

Esta versión fue confirmada por Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia: “La crisis del sistema de salud ahora sí es real y es insostenible. Entran a un paciente a un quirófano y les puede faltar un medicamento que necesitan. No tienen liquidez para pagar las nóminas, los medicamentos, los insumos y las pólizas”. La semana pasada, el departamento vio el colapso a los ojos. El hospital Pablo Tobón Uribe se declaró en “estado de emergencia hospitalaria” debido a que experimentó un desbordamiento en su capacidad de atención en urgencias, tanto de adultos como de niños.

El exsuperintendente Aristizábal advierte que, después de las unidades pediátricas, se verá la crisis de urgencias en más lugares. “La red empieza a cerrar servicios porque no tiene cómo mantenerse. Esto es un dominó”.

La gráfica de las quejas del sistema de salud en la Defensoría del Pueblo refleja la crisis. Ni siquiera en los años de pandemia, en que miles de personas enfermaron y se habló incluso de montar hospitales de campaña para atender el covid, hubo tanto malestar con el sistema. En 2020, la cifra de quejas que llegaron a esa entidad fue de 16.483; en 2021, fueron 17.780; en 2022, 19.077. Pero cuando llegó Gustavo Petro, la cifra se salió de toda proporción. El primer año, en 2023, ya fueron 25.896; el año pasado, 33.538 y este año se proyectan 35.000.

El superintendente de Salud, Helver Rubiano, le dijo a SEMANA que las dos principales causas de reclamo fueron la negación de consulta con especialistas y la falta de oportunidad en la asignación de la cita. Agregó que “la tasa nacional de reclamos es de 346,13 por cada 10.000 afiliados y que del total de EPS, cuatro de las intervenidas están por debajo de la tasa nacional de reclamo”.

Lo triste es que ni siquiera hay ya ante quién quejarse. El último recurso de muchos pacientes es la tutela, que también está disparada. Para el primer año de Gobierno, se calculaba que había unas 10.000 anuales y en 2025 podrían cerrar en casi 30.000. Pero ya ni estas funcionan. Según cifras de la Defensoría, solo en Bogotá y Cundinamarca, de 452 tutelas, se solicitaron 141 desacatos.

Todo este panorama solo puede desembocar en la pérdida irremediable de cientos de vidas. “Todos vamos a morir, pero otra cosa es morir porque no hay atención o medicamentos. Estamos ante una crisis humanitaria, con un agravante que es la indiferencia del Gobierno ante el dolor”, asegura Néstor Álvarez, presidente de Pacientes de Alto Costo.

“Definitivamente sí. La gente sí está hoy falleciendo, los que están falleciendo por falta de oportunidad de tratamiento”, añade Jorge García, director de Retorno Vital y paciente diabético insulinodependiente y trasplantado renal.

Lo que está pasando es grave. Pero puede ser peor. Como explica el exsuperintendente Aristizábal, el sistema llegó a lo que se conoce como un riesgo sistémico. “Ahora sí estamos en una falla generalizada que puede costarnos muchos muertos”, sentencia.