Arde la Sierra: el preocupante retorno a la ilegalidad de los exjefes paras

Hasta una casa del barrio Campo Alegre, en el noroccidente de Barranquilla, llegaron el pasado 7 de septiembre hombres del GOES e investigadores judiciales de la Policía para realizar el operativo de captura de Norberto Quiroga Poveda, un excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocido con el alias de 5-5, a quien señalan de ser el nuevo cabecilla del grupo delincuencial conocido como Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - antes Los Pachencas -, en reemplazo de los abatidos Jesús María Aguirre, alias Chucho Pachenca, y Deimer Patiño Giraldo, alias 80.

Más allá de lo llamativo de que en el momento de la captura contara con esquema de seguridad suministrado por la Unidad Nacional de Protección, de la espectacularidad del operativo (denominado “Operación Odín”) y del anuncio público de la captura que hizo horas después el presidente Iván Duque, el caso de Quiroga Poveda es de cuidado porque es uno de los varios denunciados por líderes del departamento del Magdalena e investigadores del fenómeno de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, que señalan que varios de los excomandantes paramilitares que ya fueron repatriados a Colombia después de cumplir condenas en Estados Unidos han retomado sus actividades delictivas.

La información oficial del Ministerio de Justicia indica que 32 comandantes fueron extraditados a Estados Unidos en aplicación de la ley de Justicia y Paz o 975 firmada durante el gobierno del entonces presidente de la república Álvaro Uribe Vélez con 38 distintos grupos paramilitares entre los años 2003 y 2066. Sin embargo, los números no cuadran para el antropólogo e investigador Lerber Dimas, quien señala que los excomandantes que fueron solicitados en extradición son en el Proceso de Paz con las AUC son 39 y de ese número 26 ya obtuvieron la orden de repatriación; de estos, 7 siguen privados de la libertad (Jorge 40, Pacho Musso, Chema Bala, HH, Gordo Lindo, 55 y Macaco); 2 están muertos; 2 se quedaron en Estados Unidos, (Álzate y el Tuso Sierra); dos murieron y de seis no se sabe.

En el listado del gobierno faltarían Jairo Antonio Musso Gómez, alías Pacho Musso, extraditado en junio de 2004 y luego de 6 años preso en Estados Unidos regresó al país, en donde fue capturado en el 2011 en el barrio Madelena de Bogotá por temas relacionados con narcotráfico. Además, Jesús Antonio Giraldo, alias el Mono; Omar Ochoa Ballesteros, alias el Viejo, José María Barros Ipuana, alias Chema Bala, quien sigue preso; Juan Carlos Muñoz, alias Caliche; Heiner Gómez Arias, alias Julián; Luis Manuel Sánchez, alias Mocho; y Arturo Calderón Salamanca, alias Moisés (estos dos últimos del poderoso Bloque Libertadores del Bloque Central Bolívar).

Con el cruce de nombres se puede concluir que la mayoría de las extradiciones se concentran en excomandantes que tenían actuar en el Caribe colombiano a través del Bloque Resistencia Tayrona (16), el Bloque Norte (6) y el Bloque Vencedores de Arauca (4), este último señalado de haber comprado la franquicia del manejo del narcotráfico a Hernán Giraldo y a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y de apoyar su trabajo en estructuras como el grupo de los 40 en Barranquilla, al mando de alias Salomón, y luego con en el Bloque Nevado de Santa Marta, de los mellizos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera.

El interés de muchos en el país sobre la ruta de retorno y los posibles compromisos de estos con la justicia colombiana se incrementó luego de que, a finales de septiembre, el senador Antonio Sanguino publicara que, según una respuesta que le fue dada por el Ministerio de Justicia a un derecho de petición, el Gobierno Nacional manifestó que no sabía del paradero de 8 de los excomandantes paramilitares luego de que estos pagaran condenas en prisiones de Estados Unidos.

Según el senador, en la lista de ‘desaparecidos’ suministrada por el gobierno nacional están Jhon Eidelber Cano Correa, alias Flechas, señalado en un tiempo como uno de los capos del Cartel del Norte del Valle y quien apareció en las listas paramilitares como pieza clave en la estructura financiera de Hernán Giraldo; Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho; Huber Aníbal Gómez Luna, alias El Mello Rico; Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias Topo; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Jhon Alexander Posada Vergara, alias Jhonny Cano; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias Nacho; y José Gregorio Terán Vásquez, alias El Pipón. Dimas señala que en la lista general de aquellos con orden de repatriación, por ejemplo, hay varios de los que lo único comprobable es que fueron extraditados, pero de los que no se sabe si regresaron, si fueron condenados o están en libertad.

De Jesús Antonio Giraldo Serna, alias el Mono, por ejemplo, dos miembros de la comunidad del corregimiento de Guachaca le dijeron a SEMANA que luego de su retorno al país se hizo cargo de la administración de varios negocios de su hermano Hernán Giraldo. Uno de los hijos del Mono fue capturado a finales de agosto, en el momento en que recibía una extorsión de un comerciante de El Rodadero a nombre del grupo Los Pachencas.

Sorprende también que el Ministerio de Justicia diga que no sabe del paradero de Fredy Castillo, alias Pinocho, cuando a comienzos de este año este protagonizó un enfrentamiento de declaraciones con la coronel (r) Sandra Vallejos, actual secretaria de seguridad de Santa Marta.

El choque se originó porque en esos días circuló un panfleto en el que lo señalaban como el principal financiador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), pero Pinocho se presentó de forma voluntaria a la URI de la Fiscalía y conminó a Vallejos a encontrarse cara a cara. “Ya pagué mis cuentas con la justicia. Ahora soy comerciante y por mi trabajo con la comunidad he sido amenazado”, dijo. Sin embargo, una fuente le contó a SEMANA que Pinocho se habría aliado con alias el Mello Rico para tener el control de algunos negocios que funcionan en la zona de tolerancia de Santa Marta, en las calles 9 y 10.

Dos de los excomandantes de los que el gobierno dice no tener información ya murieron. El primero, Álvaro Padilla Redondo, falleció de muerte natural en enero de 2015; y Álvaro Padilla Meléndez fue asesinado en el barrio El Cerro, de Cali, el 15 de diciembre de 2012. Otro, Héctor Ignacio Rodríguez, alias Nacho, vive en Santa Marta, amparado bajo el poder económico familiar originado en negocios en la marina de la ciudad.

De los ocho reportados como ‘desparecidos’ por el ministerio de Justicia, José Terán Vásquez, según Sanguino, es el único que está planillado para responder ante Justicia y Paz, el resto aparecen sin antecedentes ni cuentas pendientes con la justicia colombiana.

En diálogo con SEMANA, el senador por el Partido Verde insistió, como lo planteó en el debate de control político realizado por la bancada de oposición en la Comisión Segunda del Congreso, que todo obedece a un perverso propósito de ocultamiento de la verdad paramilitar como resultado de las abruptas extradiciones de los jefes de las AUC. “El gobierno de la época privilegió que estos paramilitares respondieran por el delito de narcotráfico ante Estados Unidos, sobre su comparecencia ante la justicia colombiana por graves violaciones a los derechos humanos. Pero resulta de especial gravedad que, en el Gobierno, que representa al uribismo, obstruyan el retorno al país de los extraditados o peor aún, desconozca el paradero de una parte de ellos”.

Con la llegada hace unos días de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, se empezó a completar la lista de primera línea de excomandantes paramilitares repatriados. Faltan Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Guillermo Pérez Álzate, alias Pablo Sevillano, quien pagó su pena en Estados Unidos, pero no ha regresado al país; Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, condenado a 24 años por narcotráfico; Salvatore Mancuso Gómez, que está a la espera de que las autoridades del país norteamericano definan su futuro; y Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón, a quien lo espera una condena de 8 años por múltiples delitos, entre esos desaparición forzada, homicidio, reclutamiento de menores y violencia sexual, casi todos cometidos en la Sierra Nevada.

En Santa Marta ha hecho carrera la expresión “lluvia de cocaína” para referirse a la invasión de droga que vive la ciudad, lo que ha desembocado en el crecimiento de grupos criminales y el incremento de la violencia. El fenómeno, para algunos investigadores que le siguen la pista, está directamente relacionado con la reorganización de las estructuras criminales presentes, de la mano del regreso de antiguos excomandantes paramilitares o ex975, como se les conoce, que parecen estar dispuestos a todo con tal de quedarse con el control del territorio.