Las carpetas secretas: lo que 15 ONG le piden al gobierno de EE.UU.

La investigación que SEMANA publicó con el título de "Las carpetas secretas", que ya fue tema en medios de comunicación de Estados Unidos, lo es ahora entre organizaciones de derechos humanos de ese país.

Quince de ellas acaban de dar a conocer una carta remitida al Departamento de Estado y a la embajada en Bogotá, en la cual le piden al gobierno estadounidense investigar a fondo los hechos que involucran a la inteligencia militar colombiana y revisar la ayuda que da al país en este aspecto.

La investigación reveló la existencia de perfilamientos, hechos por miembros de la inteligencia militar, de por lo menos 130 personas entre periodistas nacionales y extranjeros, defensores de derechos humanos, políticos, jueces y líderes sindicales. Hasta un alto funcionario de la Presidencia fue objeto del seguimiento e investigación de sus actividades y relaciones hasta en su ámbito personal.

En la carta, dirigida al secretario asistente para el hemisferio occidental,  Michael Kozak, y al embajador estadounidense en Bogotá, Philip Goldberg, las organizaciones expresan su "profunda preocupación" por las revelaciones y por lo que estas dicen sobre "la incapacidad de Colombia para reformar sus servicios militares y de inteligencia".  En la comunicación se incluye un recuento de acciones ilegales en que ha estado involucrada la inteligencia colombiana desde 1998 hasta la fecha.

"La persistencia de este tipo de vigilancia sugiere que un segmento importante de los servicios militares y de inteligencia de Colombia - y de la clase política - no aprecian el papel fundamental de una prensa libre, de las organizaciones de derechos humanos y de otras organizaciones de la sociedad civil, y de la disidencia pacífica en cualquier democracia vibrante", dice el texto de la comunicación.

Las organizaciones de derechos humanos señalan como "muy preocupante" escuchar que algunos equipos de inteligencia de los Estados Unidos pueden haber sido utilizados para estos esfuerzos ilegales. SEMANA -destaca la carta-  "confirmó con fuentes de la embajada de EE.UU. que los americanos recuperaron de varias unidades militares el equipo táctico de monitoreo y localización que les había prestado".

Las organizaciones firmantes hacen una serie de recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos, que empiezan por "la creación de un grupo independiente de expertos bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y recomendar medidas para lograr la justicia y la no repetición".

Otras recomendaciones plantean una revisión exhaustiva de la doctrina y la formación militar para garantizar que promueva una comprensión adecuada del papel de los militares en una sociedad democrática. Igualmente recomiendan instar al gobierno colombiano a que proporcione todas las medidas de protección necesarias a individuos y organizaciones afectadas, y también a que depure todos los archivos de inteligencia y revele todo el alcance de las operaciones ilegales de inteligencia.

Dicen, igualmente, que EE.UU., a través de sus agencias de investigación, debería verificar el alcance total de las operaciones ilegales de inteligencia colombianas, aclarando quién estaba a cargo, a quién informaba, qué tipo de inteligencia se llevaba a cabo y con qué objetivos, e informar cuando el gobierno de los Estados Unidos se enteró de estas acciones de los servicios militares y de inteligencia colombianos y si las agencias de inteligencia de los Estados Unidos cooperaron con sus contrapartes incluso después de enterarse de esas acciones.

Otras recomendación es "investigar si los receptores de entrenamiento y/o equipo estadounidense participaron en la orden o implementación de estas actividades ilegales y suspender inmediatamente a los individuos y unidades involucrados de recibir entrenamiento y equipo estadounidense, según la Ley Leahy".

Y una más es "suspender todo el apoyo estadounidense a los servicios militares y de inteligencia de Colombia si el gobierno colombiano no suspende inmediatamente e investiga y procesa con prontitud a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron estas actividades ilegales".

La carta la firman: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Red de Liderazgo Religioso de Chicago sobre América Latina, Colombia Grassroots Support, Nueva Jersey, Comité de Derechos Humanos de Colombia, Washington DC, Grupo de Estudios Colombianos, Centro de Graduados - College University of New York, Grupo de Estudios Colombianos, La Nueva Escuela, Instituto Internacional sobre la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG),  Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA),  Oxfam América, Beca de Paz Presbiteriana, School of the Americas Watch, Iglesia Unida de Cristo, Ministerios de Justicia y Testigos, Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Colectivo de Solidaridad de Testigos por la Paz