Las sombras que rodean al mayor Giovanny Pineda. Habría abusado de su cargo como oficial de inteligencia para perseguir y chuzar

La inteligencia de la Policía de Colombia es una de las más prestigiosas del mundo, clave para desarticular organizaciones criminales, dar con peligrosos narcos y hasta lograr la incautación de sus multimillonarios bienes obtenidos de forma ilegal. Sin embargo, las labores de inteligencia son delicadas, comprometen interceptaciones de comunicaciones y debe probarse que las fortunas que se incautan sean producto de actividades ilegales y sobre todo los agentes deben actuar apegados a las normas.

Este no parece ser el caso del mayor de la Policía Giovanny Pineda, quien ha sido denunciado en varias ocasiones y es investigado por presuntamente interceptar comunicaciones de forma arbitraria, pasándose por la faja las normas, y hasta lo señalan de estar involucrado en el cambiazo de los famosos lingotes de oro y relojes de lujo que le fueron incautados a Carlos Felipe Toro, conocido como Pipe Montoya.

La historia compromete a dos investigaciones que estaban a cargo del hoy mayor Pineda. La primera, contra Jhon Henry González, a quien se le investigaba por presuntamente pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando del temido alias Don Mario, proceso del que fue absuelto, pero luego se le abrió otro más, esta vez vinculándolo con los paramilitares pero esta vez bajo las ordenes de alias Otoniel. Resulta llamativo que a una persona no se le puede juzgar dos veces por los mismos hechos y, además, que Don Mario y Otoniel eran rivales y enemigos.

El otro caso tiene que ver con la investigación contra alias Pipe Montoya, quien estuvo vinculado a negocios de narcotráfico e incluso pagó condena en Estados Unidos. Sin embargo, no se le ha probado reincidencia criminal desde que regresó al país en 2013, pero aun así le hicieron una diligencia de incautación con fines de extinción de dominio, en la que participó el mayor Pineda, y resultaron haciendo el cambiazo de lingotes de oro por latas y relojes de lujo por baratijas.

Las chuzadas y el acoso

En el caso de González, conocido con el alias de Medio Labio, fue capturado en 2009 por el delito de financiación del terrorismo y concierto para delinquir de la mano de alias Don Mario y aunque fue calificado como “el jefe más poderoso de los Gaitanistas”, en 2015 fue absuelto y declarado inocente.

Sin embargo, se le habría abierto un proceso paralelo en 2011 por los mismos delitos, pero esta vez lo relacionaban con Otoniel. Un asunto que genera dudas porque la ley es clara en que a una persona no se le puede procesar dos veces por el mismo delito. En febrero del 23 ordenan la libertad porque no se probó que perteneciera a una organización criminal.

En el centro de todo este proceso está el mayor de la Dijín Giovanny Pineda, quien abría cometido tozudas irregularidades en la investigación. Para interceptar las comunicaciones Jhon Henry González, el mayor, se habría valido de estrategias presuntamente ilegales y delicadas.

Todo empezó cuando, para obtener su teléfono, en abril de 2019, le pidió a la Fiscalía ordenar la interceptación de Luz María Herrera, mamá de Jhon Henry, a la que le impusieron el alias de Mary, con información supuestamente obtenida por una fuente no formal que nunca se conoció.

La finalidad, según una denuncia en su contra conocida por SEMANA, era obtener el teléfono de González y empezar las chuzadas esta vez contra él, tal como empezó a ocurrir en mayo.

Aunque la persecución contra González se daba en el marco de la investigación, al asunto se habría convertido en un acoso ilegal, no solo contra su mamá sino también contra su pareja, Laura Vanessa Villalba, a quien relacionaron supuestamente como parte de la organización criminal por ser pareja de González, pero para la fecha era menor de edad, por lo que si se pretendía investigarla debía ser con las normas para alguien de menos de 18 años. Nunca se le probó relación alguna con grupos ilegales. Esta es otra irregularidad.

Pero el asunto fue más allá, desde entonces, Villalba fue seguida por las autoridades, al punto que incluso la siguieron y fotografiaron en la clínica cuando se encontraba en trabajo de parto y estaba acompañada de González, su pareja.

El acoso no habría parado ahí, en octubre de 2021, según la denuncia, la policía judicial en cabeza del mayor Pineda, aunque sabía que la pareja González – Villalba se encontraba en Colombia, se valió de su cargo para elevar una alerta en Interpol sin argumentos; lo que aumento la persecución presuntamente ilegal.

Por si fuera poco, señala la denuncia, el mayor Pineda habría interrogado Hipólito Mendoza, al abogado de Herrera y Villalba, para que le diera su paradero sin que estuviera acompañado de su representante legal y sin una orden que lo permitiera.

Al abogado Mendoza, a quien le pusieron como remoquete el alias del Doctor, le habrían interceptado ilegalmente más de 1.900 llamadas, la mayor parte de estas con sus defendidos, violando la reserva legal que debe existir entre abogado y cliente.

La incautación de Pipe Montoya

Pero ese no es el único caso en el que las irregularidades rondan la actuación del mayor Pineda. Otra denuncia en su contra que lo involucraría a él y hasta a una fiscal que hoy está prófuga de la justicia, tiene que ver con el caso de Carlos Felipe Toro, conocido como Pipe Montoya, quien es familiar del exnarco y exparamilitar Diego Montoya, alias don Diego.

En el caso de Carlos Felipe Toro, sí estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico, en 2012 regresó al país y empezó, supuestamente, una vida alejada del crimen. Sin embargo, en 2019 le llega un mensaje de la conocida banda La Terraza en el que le advierten que están preguntando por él y que quieren una reunión personal.

Ahí,supuestamente, aparecen emisarios del mayor Pineda pidiendo dinero para dejarlo tranquilo. Pipe Montoya se negó, pero lo que no sabían era que se estaba grabando la reunión, y esta prueba ya forma parte de la denuncia.

El asunto habría empezado tiempo atrás, en 2016, cuando llega a la Dijín un correo remitido de la cuenta albeiropeñanieto@gmail.com en el que empiezan los seguimientos a ocho personas ligadas al Clan del Golfo, relacionadas con negocios de narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

La fiscal María Teresa Suarez, condenada, hoy prófuga de la justicia, inicia la investigación y este es el génesis de las irregularidades en las que aprovechando esta investigación, más adelante incluye, sin ningún tipo de pruebas, a Pipe Montoya y hasta el interceptan sus comunicaciones.

La fiscal Suarez es trasladada a antinarcóticos y de forma irregular se lleva el proceso, en 2017 llega otro correo, esta vez el remitente es albertopeñanieto16@gmail.com y justo la delegación de Suarez lo relaciona con asuntos de narcotráfico.

Con este mensaje se justifican, de forma irregular, las interceptaciones contra Pipe Montoya, su esposa María Fernanda Ángel, un hombre llamado Germán y otro que le decía Yandel o Pollo. Ese correo llega el 7 de junio y, al otro día, sin la más mínima verificación, empiezan las interceptaciones irregulares.

Seis meses después se habría presentado otra irregularidad: un informe de una analista para legalizar la información de las interceptaciones, subordinada del entonces capitán Pineda, quien dice que no lo realizó ella y que le falsearon la firma, pero luego pide ser escuchada de nuevo y se echa para atrás y presenta la insólita excusa de que ella autorizó que este delicado documento fuera firmado por un tercero.

Pero como el tema tendría un interés en los bienes de Pipe Montoya, en 2019 aparece de nuevo la prófuga fiscal María Teresa Suarez y con un informe de la unidad de investigación que encabezaba Pineda queda atrás el tema de narcotráfico y se autorizan las interceptaciones esta vez por sospechas de lavado de activos.

Ahí es cuando se da la reunión con los supuestos emisarios de Pineda. A Pipe Montoya lo habría abordado una persona que conoció cuando estuvo extraditado en los Estados Unidos y le dice que hay unos abogados de Cali que quieren hablar con él. Esa persona se toma el trabajo de viajar a Colombia para estar en la reunión.

La reunión se da finalmente en Bogotá, y Carlos Felipe Toro la graba a escondidas. Las personas le dicen que a él y a su esposa los están investigando por lavado de activos y que ellos son amigos del grupo de la Dijín que lleva la investigación (el de Pineda).

Las evidencias señalan que en esa reunión participó un abogado llamado Luis Eduardo Murillo, exmiembro de la Dijín y excompañero del mayor Pineda y Ángello Fernando Vásquez, quienes le dan a entender que tienen como frenar la investigación pero, al señalar que se trataba de lavado de activos, Carlos Felipe Toro dice que no tiene nada de que esconder. La reunión termina con una advertencia de captura para él y su esposa.

Señala la versión, que ya está en manos de las autoridades, que ante la negativa de Pipe Montoya a los pocos meses efectivamente se dio la mentada orden de captura contra él y su pareja María Fernanda Ángel.

El proceso también tuvo un nuevo cambio, esta vez pasó de narcotráfico a lavado de activos. Ahí se ordena nuevamente la interceptación a María Fernanda, pero el asunto es tan irregular que incluso ponen el teléfono de la pareja de Pipe Montoya pero con otro nombre. También se ordenó un peritaje patrimonial de Pipe Montoya y de su pareja, el cual fue manipulado, según las pruebas.

Y llegó el momento del cambiazo, el 9 de diciembre de 2019, proceden con las capturas y allanamiento, procedimiento en el que ocurre otra presunta irregularidad. El entonces capitán Pineda, supuestamente, estaba en curso de ascenso y no tenía por qué estar involucrado en el operativo; sin embargo, aunque la orden de allanamiento señalaba que la diligencia la debía encabezar el líder de la investigación Francisco Morales, Pineda da la orden de reemplazarlo por el subintendente Sergio Sánchez, su amigo personal.

Los dos realizan la diligencia de allanamiento en el condominio Villas de Pueblo Viejo, en donde incautan los lingotes de oro, los 69 relojes de lujo y 218 millones de pesos en efectivo.

En marzo de 2020 se declara ilegal el allanamiento, pero los bienes que habían pasado por las manos del mayor Pineda y su subordinado el intendente Sánchez durante tres meses, y de ahí pasan a manos del depositario. Consignaron el dinero y se perdió, el oro se convirtió en latas y los relojes en baratijas, sin cumplir los mínimos protocolos.

El proceso quedó dormido por dos años, hasta que lo toma el fiscal 90 y empieza la investigación por el cambiazo con irregularidades como que los videos de allanamiento en el que participaron Pineda y Sánchez no están completos, fueron editados. Las interceptaciones se hicieron de forma irregular, se perdieron los elementos de valor que fueron incautados, el caso ha pasado por manos de varios fiscales y no hay respuestas.

Un asunto oscuro que detonó cuando Carlos Felipe Toro, conocido como Pipe Montoya, fue presionado para que colaborara a cambio de que lo dejaran tranquilo, una historia a la que le falta mucho por escribir y dudas por responder.