Las tres evidencias sobre el glifosato que tienen en la encrucijada al ministro de Salud

La voluntad del presidente Iván Duque es clara: hay que reanudar las fumigaciones con glifosato para atacar los cultivos de coca. El Gobierno le atribuye a la droga la violencia que golpea a varias regiones del país, dada la guerra que libran los grupos armados ilegales por el control del narcotráfico.

Duque ha dicho que está trabajando en el cumplimiento de las seis exigencias que hizo la Corte Constitucional para que las avionetas puedan volver a fumigar sobre las selvas del país, donde hay sembradas unas 154.000 hectáreas de coca, según el reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde el 2015 estas operaciones quedaron suspendidas porque, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se advirtió el riesgo que representaba el glifosato para la salud de las personas. En las advertencias a partir de la evidencia científica jugó un papel determinante el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Su mano derecha fue Fernando Ruiz, hoy ministro de Salud y quien afronta una verdadera encrucijada.

Duque y el uribismo quieren que el herbicida se vuelva a usar cuanto antes, y adicional a ello está la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le pidió al Gobierno fumigar de nuevo.

Pero hace cinco años Ruiz fue el primero en advertir las conclusiones de la monografía de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). La investigación concluyó que había una relación entre el uso sistemático y repetitivo del herbicida y el cáncer.

A Duque no le quedará fácil ordenar de nuevo las fumigaciones sin contar un aval del Ministerio de Salud. ¿Qué decisión tomará el ministro Ruiz, a quien todos le reconocen su larga experiencia, trayectoria y carácter eminentemente técnico?

Estas son las tres evidencias sobre el glifosato que tienen en una encrucijada al ministro.

En primer lugar está el estudio de la IARC, que es una agencia que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuando se conocieron sus resultados en 2015, Ruiz fue el que se los informó al entonces ministro Gaviria. Se trata de una investigación adelantada por 17 expertos de 11 países que publicaron sus resultados en la revista The Lancet Oncology.

Ellos determinaron que hay una conexión entre el uso sistemático y repetitivo del glifosato y el cáncer.

En segundo lugar, en el 2017, los profesores Daniel Mejía y Adriana Camacho, de la Universidad de los Andes, revelaron una investigación sobre las consecuencias del glifosato en la salud. Ellos demostraron empíricamente que la exposición al glifosato tiene efectos causales significativos en la incidencia de enfermedades respiratorias, dermatológicas y en abortos espontáneos.

En tercer lugar, el profesor Rodrigo Soares, de la Universidad de Columbia, publicó en el 2019 una investigación sobre los efectos del glifosato en la mortalidad infantil. Concluyó que, al contaminar las fuentes de agua, el glifosato aumenta casi en una muerte adicional por cada 1.000 niños nacidos vivos. Además, el herbicida está relacionado con más de 500 decesos adicionales en menores.

Como la Corte Constitucional ha dicho que el Gobierno debe considerar y ponderar toda la evidencia científica para minimizar los riesgos en la salud, el papel del ministro Ruiz va a resultar clave.

El funcionario ha recibido aplausos por lo realizado para contener la pandemia de la covid-19 y hace unos años le tocó lidiar con el zika y el chikunguña. Dado que en el pasado se opuso rotundamente, ahora el país está a la expectativa de su opinión sobre el plan de Duque de fumigar con glifosato los cultivos de coca.