Nación
Lavaban dinero con contrabando desde Asia por más de $71.000 millones: así cayó la poderosa estructura
En el proceso se reportaron aprehensiones de mercancía de contrabando por un valor de 9.137 millones de pesos.
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Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

Una red dedicada al ingreso y comercialización de mercancía de contrabando procedente de Asia fue desarticulada tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que, junto a la Dijín, judicializó a ocho personas y reportó movimientos de dinero que superarían los 71.562 millones de pesos.
Los hechos, según la Fiscalía, consistían en el ingreso irregular de contenedores con textiles, confecciones y otros artículos al puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.
Esos contenedores, según la investigación, eran trasladados en tractocamiones a Bogotá y Cali, y comercializados al por mayor y al detal a través de siete sociedades que actuaban como canal de distribución hacia puntos comerciales y otras ciudades.
En diligencias realizas en Bogotá y Cali fueron capturadas seis personas de origen chino y dos colombianos: Liwei Chei, Meimei Zhu, Yilei Qiu, Kaman Qiu, Fujun Xia, Feisen Chen, Yovany Andrés Álvarez Quintero y Luis Fernanda Coba Sierra.
La Fiscalía les imputó, de acuerdo con responsabilidades individuales, los delitos de favorecimiento y facilitación de contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados.
La investigación arrancó en agosto de 2022 por funcionarios de la Policía Nacional. Desde allí, la Fiscalía documentó movimientos y operaciones que demuestran la existencia de la organización, su asentamiento en Bogotá y su presunta coordinación por parte de los ciudadanos de origen chino.
Durante el proceso se reportaron nueve aprehensiones de mercancía de contrabando con un valor aduanero aproximado de 9.137 millones de pesos.
Adicionalmente, los investigadores señalan que las maniobras de la red habrían permitido dar apariencia de legalidad a 71.562 millones de pesos de origen ilícito y que, como resultado de esas actividades, se habría obtenido un incremento patrimonial injustificado de 2.696 millones de pesos.
La investigación también documentó que la red habría enviado mercancía hacia diferentes regiones del país: Ipiales (Nariño), Popayán (Cauca), Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda), municipios de Boyacá, Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander), entre otros.
Los fiscales que llevan el caso señalan que, entre 2017 y junio del presente año, varios de los procesados habrían estado vinculados a mercancías sobre las cuales la autoridad aduanera impuso medidas cautelares de aprehensión por no contar con los documentos exigidos por el régimen aduanero.
También constan sanciones relacionadas con infracciones al régimen aduanero sobre sociedades vinculadas al grupo investigado.



