Le sale otro problema a la UNP: empresa denuncia que la entidad no le pagó parte de un contrato y ahora está en quiebra

Una reciente polémica estalló cuando se descubrió que un grupo de disidentes de las Farc, incluidos cabecillas de la organización criminal, viajaba en una caravana de lujosas camionetas de la UNP en Antioquia. Estos hombres, acusados de graves delitos, retornaban de una reunión de comandantes en Norte de Santander para discutir avances en el proceso de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro.

Entre los ocupantes, siete fueron capturados, incluyendo a Erilinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, un cabecilla de las disidencias de las Farc en Antioquia. A pesar de ser detenido en flagrancia por portar un arma ilegal, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó su liberación, argumentando que Ramiro estaba beneficiado por la suspensión de órdenes de captura en el marco de los diálogos de paz en curso con el gobierno.

No obstante, expertos penalistas advierten que la suspensión de las órdenes de captura solo se aplica a hechos anteriores al acuerdo y no cubre nuevas actividades ilegales. Si los miembros de las disidencias, involucrados en los diálogos, incurren en nuevos delitos, como en este caso, deberían ser capturados y procesados por esos actos recientes, lo que ha generado críticas hacia la decisión de la fiscalía.

Sin embargo, este no es el único escándalo en el que se ha visto involucrada la UNP recientemente.

Ahora, SEMANA conoció que la entidad fue denunciada por una empresa a la que, según señala, no le pagó una parte de un contrato que ganó por licitación, y se firmó en 2018.

La denuncia viene de parte de Group Integral Multiservices, compañía que, según su fundador, Andrés Figueroa, quebró, luego de que se le incumplieran los pagos correspondientes.

“Yo tenía dos empresas, de las cuales en cada una se apalancaban, una con la otra. El tema comercial de la de las empresas eran suministros y operación logística, yo hacía eventos, conciertos”, dijo.

Por lo que explicó que en 2018 salió una licitación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se hizo por la plataforma Secop II, donde se publicó la convocatoria.

“Como yo contrataba con el Estado, ya había tenido experiencia en este tipo de contratación, uno permanentemente está verificando las plataformas para ver qué sale”, contó.

La convocatoria era para la operación logística del plan de bienestar de todos los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a nivel nacional. El contrato estaba por cerca de $ 1.350 millones.

“Yo cumplí con todo lo que ellos requirieron. Aparte de que era la ejecución durante todo un año, como ellos sacaron una licitación tarde, se pretendía que se ejecutara en menos de seis meses, todo lo que se debe ejecutar en un año”, denunció.

“De todas maneras con eso no había problema porque, pues, yo tenía la capacidad, la experiencia. En medio de la ejecución del contrato, la supervisora fue bastante arbitraria con muchas cosas, hacía requerimientos raros. Como empresa, financieramente, cuando es una licitación donde la adjudican y se supone que el rubro de ese contrato ya está dispuesto para quien se ganó el contrato y dependiendo, pues como vaya ejecutando el contrato, se van haciendo los pagos”, agregó.

El empresario aseguró que el supervisor decía que ellos se habían equivocado en el estudio de mercado, y que era mucha plata para ese contrato, Figueroa añadió: “Pero eso es algo en lo que yo no tenía que ver. Ellos me adjudicaron eso, ya ellos hicieron el estudio mal y todo es problema de ellos. Esto porque con mis proveedores contraté”.

Por lo que dijo: “Como empresa, yo comprometí todos esos dineros de mi empresa, pagué anticipado. Se ejecutó el 50 % del contrato. Llegó un momento en que ellos me pidieron que siguiera ejecutando y yo lo hacía porque era mi compromiso”.

“Llega un momento en que dejaron de pagarme, porque se ejecutaba una actividad, digamos Día del Niño, entonces se hacía. Y siempre a final de mes pasaba la cuenta de cobro y me pagaban lo que se había ejecutado en ese mes. Resultado que los pagos que me hicieron fue hasta el mes de octubre. No me realizaron más pagos. Me quedaron adeudando unas facturas”, aseguró.

Así las cosas, según Figueroa, en vista de que el tiempo límite se acercaba porque el contrato era hasta el 31 de diciembre de 2018, y no se había ejecutado todo el presupuesto, solicitó una prórroga en tiempo para que se pudiera ejecutar, o que ellos comprometieran los recursos, y continuar la ejecución en 2019.

Ellos dijeron: “No se puede hacer. Tendría que haberlo pasado mucho tiempo antes”. Según Figueroa, citando al dueño de la compañía argumentó: “Yo lo había pasado con mucho tiempo de anticipación, por lo que dejaron de cancelarme unas facturas, y a la fecha aún no las han cancelado” denunció.

Además, dijo que a eso se le suma que el 50 % restante del contrato. “No sé si la supervisora no hizo la reserva presupuestal para poderme pagar. Sí sí, tal vez lo desconocía. En ese sentido, llevo cinco años sin que me paguen el servicio que yo ya les presté, que ellos lo consumieron” declaró.

El denunciante afirma que le deben cerca de $ 700 millones, y asegura: “no sé donde están”, y cuenta que le liquidaron unilateralmente el contrato, de forma arbitraria.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó el fallo del juzgado que dijo que la entidad debía hacer el pago a la empresa, pero tras un recurso de reposición, afirma que no han respondido al caso.

SEMANA se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para escuchar su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.