Nación
Llamado de atención al juez que ordenó el traslado de Pipe Tuluá a su celda de lujo en La Picota
El cabecilla de la organización criminal que le declaró la guerra a los funcionarios del Inpec alega una “vulneración de derechos”.
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Hay un asunto que quedó pendiente de entender en la tutela que ordenó el traslado de Andrés Felipe Marín alias Pipe Tuluá, de la estación de Policía de los Mártires, en el centro de Bogotá, a la cárcel La Picota. ¿Cómo un juez de Valledupar, recibe la tutela de un funcionario público de Cali, para resolver un asunto de Bogotá?
Aun así, el juez consideró que los derechos fundamentales del cabecilla de la organización criminal, que le declaró la guerra a los funcionarios del Inpec, estaban en riesgo por mantenerse en la estación de los Mártires y donde han estado otros criminales, incluso de mayor calado, como alias Otoniel.

“En consecuencia, cuando está en riesgo la vida o integridad de una persona privada de la libertad, la competencia territorial en materia de tutela debe interpretarse de manera flexible, a fin de garantizar la intervención inmediata del juez constitucional”, dijo el juez segundo promiscuo del circuito en Villanueva, Cristian Camilo López, al explicar por qué podía conocer en La Guajira una tutela de hechos ocurridos en Bogotá.
El juez ordenó al Inpec trasladarlo a la cárcel La Picota, donde se encontraba en una celda de lujo, con beneficios otorgados por ese supuesto impulso en el proceso de paz total con el gobierno nacional. El Inpec impugnó la decisión y el juez advirtió que abriría un incidente de desacato en contra del director del instituto penitenciario.
A pesar de impugnar la tutela, el juez, de acuerdo con fuentes del proceso, no remitió el expediente al tribunal para que allí se resolviera el recurso que aún le queda al Inpec, de ahí el llamado de atención que le hicieron al juzgado para que entendiera la gravedad del asunto y le diera traslado a los documentos.
SEMANA habló con el responsable de radicar la tutela en favor del cabecilla criminal. Resultó ser un funcionario público de la Universidad del Valle, auxiliar administrativo que sin una explicación razonable terminó peleando por los derechos del señalado asesino de guardianes del Inpec.
“Eso hay falsificación de datos, manipulación de información porque no es conmigo… eso hay suplantación de datos, es delicado de manejar, muy delicado”, señaló. Al cuestionarlo puntualmente si fue el responsable de radicar la tutela, dijo: “Es un tema complejo… No puedo decir sí o no, admitirlo o negarlo es un tema complejo”.

Se espera que en los próximos días el tribunal resuelva la impugnación del Inpec y así se logre evitar el traslado del cabecilla de La Inmaculada, mantenerlo en la estación de policía de los Mártires, donde aguarda los trámites de extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.