Llueven críticas a Navarro Wolff por duro mensaje a las disidencias de las Farc

Una lluvia de críticas y mensajes de reproche cayeron este lunes -22 de mayo- contra el exsenador Antonio Navarro Wolff, quien por medio de sus redes sociales condenó el asesinato de cuatro menores indígenas en la frontera entre el Amazonas y Caquetá, a manos de las disidencias de las Farc, pero no usó las palabras correctas y esto no cayó muy bien entre el resto de internautas que no dudaron en reprocharle por lo que dijo.

Este miembro de la Alianza Verde escribió inicialmente que “asesinar menores de edad es un delito de lesa humanidad, así sean desertores de un grupo armado” y fue precisamente el término “desertor” y no “disidencia” para referirse a quienes se salieron del proceso de paz y volvieron al delito con el nombre de las Farc, fue la que generó molestia y eso se evidenció en los comentarios de respuesta.

Así mismo, los usuarios de Twitter tomaron estas palabras, que rápidamente fueron borradas, como si Navarro Wolff, quien en su momento también fue guerrillero del M-19, estuviera justificando el asesinato de los menores de edad, pese a que su intención inicial era condenarlo. Si bien después de esto cambió lo que dijo y publicó el mismo mensaje, pero con un sentido diferente, las críticas le siguieron lloviendo.

“Asesinar menores de edad indígenas porque abandonan un grupo armado, es un delito de lesa humanidad. Por supuesto, más grave aún si fueron reclutados a la fuerza”, dice el segundo trino de este político.

“‘Más grave si fueron reclutados a la fuerza’ y ¿cómo cree que están allá? ¿Se levantaron un día y decidieron ingresaron a la Farc?”, se puede leer en algunas respuestas.

¿Cuál fue el caso de los menores indígenas asesinados?

Una grave denuncia realizó el pasado sábado la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC): cuatro menores indígenas fueron asesinados en la Comunidad el Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá. Según indican en la misiva, el conflicto armado en el Putumayo sigue vulnerando sus derechos humanos.

El más reciente hecho de violencia comenzó desde el pasado 26 de marzo y tuvo un desenlace fatal. Integrantes del frente Carolina Ramírez realizaron un reclutamiento forzado de un joven menor de edad en la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui, llamado Luis Alberto Matías Capera.

Comunican que este joven, decidió escapar de este grupo armado que lo había reclutado forzosamente junto a otros tres jóvenes más que se encontraban en su misma situación y que también hacen parte del pueblo Murui. Sin embargo, fueron encontrados y asesinados por estos disidentes de las Farc.

“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho”, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, dice la denuncia oficial.

Por el grave hecho, desde la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) hacen un llamado al Ministerio del Interior, Fiscalía General de La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ejército Nacional de Colombia, Unidad Nacional de Protección – UNP, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernación del Departamento de Putumayo, a Defensoría del pueblo, y a los órganos multilaterales como MAPPOEA y ONU para que protejan a las comunidades, eviten el reclutamiento de niños y capturen a los responsables de la masacre.

“Solicitamos que acompañen este caso y en el marco de sus funciones, realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios de los derechos humanos, como posible confinamiento y desplazamientos forzados.”, dice la denuncia.

Así mismo, exigieron a los grupos ilegales, al margen de la ley, el respeto por la vida e integridad personal de los indígenas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.