Lluvia de amenazas contra guardias del Inpec: en la mira, funcionarios de la cárcel de La Dorada y El Buen Pastor

Una lluvia de amenazas se ha desatado contra los guardias del Inpec en medio de las medidas de “autoprotección” que el propio Gobierno Petro les ha pedido a estos funcionarios, dejando en el aire la idea que no habría la capacidad suficiente para garantizar la seguridad y la vida de quienes custodian las cárceles en Colombia.

El primer caso se reportó contra el comandante de vigilancia de la cárcel La Dorada, en Caldas, a quien amenazaron mediante video tres hombres encapuchados que aparecen portando armas de fuego y haciendo fuertes advertencias contra la vida del funcionario.

En el video se escucha: “Señor capitán Juan Camilo López Sepulveda, solicitamos su traslado lo más pronto posible. Tenga en cuenta que más que una advertencia, también es una amenaza por el trato y el comportamiento de ser una persona doble. Y a sus dragoneantes, como los frailes Durán y Santi Ibáñez, y otro más. Esta advertencia es para ustedes”.

La amenaza también alerta: “Tiene usted, señor capitán, un plazo de 32 horas para que se vayan. Ustedes creen que porque tienen un uniforme no se les puede hacer nada; están muy equivocados. Usted manda allá adentro como se le da la gana, pero aquí afuera mandamos nosotros. Que le vaya quedando claro que no todo es como usted quiere. Haga las cosas por las buenas y no por las malas”.

Esa fue la nueva amenaza que se dio en contra de un funcionario del Inpec, en medio de los 23 funcionarios que han sido asesinados solamente durante el gobierno de Gustavo Petro. Pero ante lo que parecería una falta de garantías para salvaguardar la vida de estos funcionarios, ahora la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, les pidió “autoprotección”.

“Este es un llamado a los nuevos guardianes para que extremen las medidas de seguridad y ejerzan la autoprotección”, fue lo que dijo la ministra Buitrago durante el III Congreso Internacional y Conversatorio Nacional de Ejecución de Penas, organizado por el Consejo Superior de la Judicatura en Barranquilla.

Frente a esa declaración, se dieron fuertes críticas de los propios guardias, que llamaron a la funcionaria del Gobierno Petro “indolente” frente a la grave situación de seguridad y riesgo en la que actualmente se encuentran los funcionarios del instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

El dragoneante Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, explicó: “Rechazamos este tipo de declaraciones de la doctora Ángela María Buitrago, la cual,se ha mostrado indolente con el problema de seguridad (...); no nos sentimos respaldados por la ministra de Justicia. Solicitamos al doctor Petro que nos atienda, ya que en el gobierno ‘Potencia mundial de la vida’ no puede estar ocurriendo una masacre sistemática en contra de los trabajadores del Inpec”.

Amenazas contra guardias del Inpec de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá

Además de las serias amenazas contra los funcionarios en Caldas, también se han generado fuertes advertencias en las últimas horas contra los guardias del Inpec que trabajan en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada en el occidente de Bogotá.

SEMANA conoció un documento interno firmado por el coordinador de transportes del Inpec, dragoneante José Fenando Melgarejo, en el que alerta una amenaza que llegó contra los funcionarios que trabajan en esa prisión del país. El informe no revela los detalles de las amenazas que se dieron contra los guardias de esa cárcel.

En uno de los apartes del documento se señala que el 20 de noviembre, en horas de la mañana, llegó un sobre de manila por el piso con un escrito en el que se lee: “Amenazas a todo el personal de la guardia del establecimiento. Procedo a informar a los dragoneantes de servicio en la puerta de información y me dirijo de inmediato a la dirección a entregar el sobre de manila que queda en custodia de la directora”.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado frente a estos dos delicados hechos que —de nuevo— ponen en la mira las vidas de los funcionarios que sirven en la custodia de las cárceles del país, mientras que el Gobierno les pide “autoprotección”.