Lo que se sabe del bombardeo del Ejército en el que murieron al menos ocho niños

Hace una semana el país se enteró de los resultados de un operativo militar que desataron la que puede ser la mayor crisis del gobierno Duque. El senador Roy Barreras reveló, en pleno debate de moción de censura, que el Ejército había ordenado un bombardeo en el que murieron al menos ocho niños que habían sido reclutados por las disidencias de las Farc. Ocho días después, el presidente tuvo que nombrar a un nuevo ministro, mientras en la opinión pública subsisten preguntas sobre lo que ocurrió en las selvas caqueteñas en ese trágico operativo militar.

Esto es lo que se sabe:

El operativo

Estuvo enfocado en Gildardo Cucho, uno de los supuestos jefes de las disidencias de las Farc comandandas por Gentil Duarte, que dominan buena parte de las selvas del oriente colombiano. En su más reciente edición, la revista SEMANA reveló los detalles de esta movida militar bautizada como operación Atai. Por medio de una fuente humana, la inteligencia del Ejército localizó las coordenadas de un campamento móvil en área rural de San Vicente del Caguán. A las 11:03 de la noche del 29 de agosto, la Fuerza Aérea bombardeó el sitio.

Media hora después, soldados del Batallón Lancheros llegaron al lugar en helicópteros. Allí encontraron los gigantescos cráteres de las explosiones en un área afectada de 200 metros de diámetro. Y desperdigados por allí localizaron restos humanos desmembrados, prendas de vestir, botas, uniformes camuflados, fotografías, cuadernos. También hallaron armas y municiones. Agentes forenses llegaron horas después a hacer el levantamiento. La operación militar fue beta, es decir, de un tipo que requiere autorización presidencial antes de ejecutarse.

Las víctimas

El trabajo forense en el campamento bombardeado duró alrededor de seis horas. Luego de eso, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Villavicencio. Cuatro días después, el Ejército entregó públicamente los resultados de Atai. En rueda de prensa se reportó la muerte de 14 disidentes, entre ellos Gildardo Cucho. El presidente calificó esa operación como "impecable". Pero era un reporte incompleto, que obviaba que al menos la mitad de las víctimas eran menores de edad.

Según Medicina Legal, al instituto llegaron 17 cuerpos. Quince ya fueron identificados y entre estos aparecieron ocho menores de edad. Como faltan dos identidades por consolidar, la cifra de niños fallecidos, al menos con los restos encontrados, podría ser de diez. Varios de estos menores fueron reclutados a la fuerza en la región, e incluso explotados sexualmente por los disidentes. Ángela María Pérez, de 12 años, fue una de ellas. Su madre llegó a ir al campamento para intentar liberarla, pero la joven, con miedo, le pidió que se fuera antes de que la vieran.

Los afectados por Atai fueron más. El viernes pasado, SEMANA reveló que al menos una adolescente más sobrevivió al bombardeo, aunque perdió un brazo.

El reclutamiento forzado

Los menores habían sido reclutados forzosamente por las disidencias de Gildardo Cucho y eso no era un secreto en la región cuando se ordenó la operación en la que murieron. Herner Carreño, el personero de Puerto Rico, Meta, había dado informes públicos en los que denunciaba, con algunos nombres propios, la situación de los niños que luego murieron.

También, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, había advertido que las disidencias del frente 62, al mando de Cucho, estaban recorriendo escuelas y veredas en plan de reclutamiento. Sánchez encendió las alarmas en consejos comunitarios realizados en febrero y mayo, con presencia de delegados de Fiscalía, Personería, Ejército, Policía y del Gobierno departamental. A esas alertas se sumó el gobernador Álvaro Pacheco, quien denunció el 8 de agosto que cinco menores en veredas de San Vicente del Caguán, Montañita y Puerto Rico habían sido reclutados.

La identidad de Cucho

El operativo se lanzó con alias Gildardo Cucho como objetivo. Sin embargo, resultó que las autoridades tienen tres nombres asociados con ese alias: Mario López, José Marín Ramírez y Rogelio Bolívar. Este último fue el que confirmaron luego de cotejar con muestras de ADN a dos hermanas. Sin embargo, ese no es el nombre que estaba en los informes de inteligencia cuando decidieron bombardear.

Los cuestionamientos

Hace una semana, cuando dio a conocer la muerte de los niños, el senador Roy Barreras lanzó un cuestionamiento que el gobierno aún no ha resuelto a cabalidad. “¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Por qué le escondió eso al país o no se lo contaron sus hombres?”, le dijo a Botero. El entonces ministro, sin embargo, intervino en esa misma sesión mostrando conocimiento del operativo.

Pero la crítica de fondo que a la larga tumbó al ministro es sobre la decisión de lanzar un operativo contra un campamento donde había menores de edad. Si el Ejército no lo sabía, ¿hubo negligencia de la inteligencia militar? Si lo sabía, ¿era legítimo e incluso legal hacerlo? Y en cualquiera de los dos casos: ¿Podían ejecutar un bombardeo así a la luz del Derecho Internacional Humanitario? Para resolver esos interrogantes hace falta información sobre elementos como el rol que tenían los menores en el campamento y los mismos informes con los que las Fuerzas Militares construyeron el operativo. A la larga, tendrá que ser la justicia la que establezca si cabe imputar responsabilidades, y de qué tipo, por el bombardeo que mató a al menos ocho niños.