Los capos de Medellín, que compartieron tarima con Petro, quieren salir a los barrios en medio de la campaña de 2026: “Puede ser dos o tres horas al día”

Mucho ha dado de qué hablar el evento del Gobierno Petro que se realizó el pasado sábado, 21 de junio, en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, donde jefes de las estructuras criminales más peligrosas de esa ciudad y del Valle de Aburrá acompañaron al presidente Gustavo Petro en tarima.

En la más reciente edición de la revista SEMANA se revelaron todos los secretos de lo que ocurrió ese día y cómo se está avanzando en la negociación con esas estructuras criminales sin contar con un marco jurídico que permita otorgar beneficios a estos criminales.

Sin embargo, hay un aspecto que está generando bastante preocupación y es la incidencia que puedan tener estos actores criminales en las elecciones de 2026 porque los voceros de las bandas tienen el panorama claro: quieren libertad a cambio de reducir los delitos, dejar de azotar a los barrios del Valle de Aburrá y entregar las armas. Pero el tiempo está corriendo y se agotan las posibilidades. Ellos creen que los “tropiezos” del Gobierno Petro han enredado la situación.

Para que la Casa de Nariño les cumpla a las organizaciones criminales, se debe presentar ante el Congreso de la República un marco jurídico que les dé piso a los beneficios prometidos por el Gobierno, y este no cuenta con los votos suficientes en la próxima legislatura para sacarlo adelante. En efecto, esa batalla se daría al calor de las elecciones de 2026.

Fuentes cercanas a los cabecillas le revelaron a SEMANA que la garantía para que el “espacio de conversación sociojurídico” avance y se materialicen los pactos son los resultados que se obtengan en las próximas elecciones, tanto legislativas como presidenciales. Según ellos, el escenario más conveniente es que los números sean a favor del proyecto político de Petro. Los cabecillas estarían dispuestos a dar esa lucha.

El primer paso se piensa ejecutar en los próximos meses, con base en información suministrada por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los delegados del Gobierno Petro están haciendo gestiones para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorice la salida por horas de los cabecillas, en medio de la campaña electoral que se avecina, para que puedan tener contacto con sus bases y la población civil en los barrios. “Pueden ser de dos a tres horas, pero que salgan”, contó una de las fuentes.

Aunque a la luz de los diálogos se trataría de una especie de pedagogía para socializar los avances de los diálogos con el Gobierno Petro, hay temor por la incidencia que puedan tener estos criminales y un posible constreñimiento al elector.

Lo que buscan el Gobierno Petro y los delincuentes es que la ciudadanía conozca qué es lo que se está tratando de pactar y lo que viene para el proceso, aunque en la sombra estaría una precampaña que buscaría favorecer al Pacto Histórico con el fin de asegurar un marco jurídico en el próximo cuatrienio.

Para el exsecretario de Seguridad de Medellín y el actual concejal Andrés Tobón, del movimiento Creemos, estas organizaciones sí tendrían el poder para ejercer presión electoral y proteger sus objetivos. “Es un riesgo latente. Ellos no tienen la legitimidad social, pero si se trata de un ejercicio de constreñimiento y amenaza, que ejerzan el uso de la violencia, existe el riesgo de un beneficio electoral en función de quienes ellos quieran”, dijo.

La experiencia en Colombia ha mostrado que los criminales han hecho pedagogía con la ciudadanía, pero cuando el proceso de paz está en su fase final y cuenta con todas las herramientas jurídicas para poder hacer ese ejercicio. El hecho más reciente fue cuando las Farc firmaron el Acuerdo de La Habana e hicieron recorridos por Colombia para contarles a los ciudadanos lo que se había acordado e impulsar el plebiscito en el que finalmente ganó el ‘no’.

La diferencia es que ya había unos compromisos claros entre las partes y estaba pactado que las Farc, al dejar las armas, ingresarían a la política colombiana.

Por esa razón, la idea que tienen con estos criminales de Antioquia es bastante peligrosa porque podría tratarse de una presión delincuencial en sectores del departamento para apoyar a determinados candidatos.

En 2026, los colombianos deberán elegir en las urnas al nuevo Congreso de la República (8 de marzo), y posteriormente decidir, en primera vuelta, quién será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño (31 de mayo).