Los cuestionamientos de la Procuraduría al multimillonario contrato del SENA para seguridad privada en 6 departamentos

SEMANA conoció en primicia los cuestionamientos que la Procuraduría General de la Nación hizo sobre un multimillonario contrato del SENA por 25.000 millones de pesos, para prestar servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la Dirección General, y las sedes en Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainia, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

Uno de los primeros interrogantes de la Procuraduría en las observaciones del proceso se dio sobre la forma en que se avaluó el contrato por esa multimillonaria suma, teniendo en cuenta que para este tipo de servicios hay una tarifa mínima regulatoria.

Por eso, el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, planteó la siguiente pregunta en el documento: “¿Cuál fue la metodología utilizada por la Entidad para establecer el valor estimado del (de los) contrato(s), por la suma de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE $25.000.000.000 M/CTE, conforme a los lineamientos de la circular No. 20241300000445 para el Componente Humano y la metodología utilizada para establecer los valores del Componente Tecnológico.

Así mismo, el procurador Arrieta pidió desglosar los porcentajes del presupuesto establecido por la entidad tanto en el equipo humano como en el tecnológico, teniendo en cuenta que dicho contrato requiere servicios de cámara, monitores, alarmas, control de visitantes y hasta un drone.

Otro de los cuestionamientos se basó en la certificación bajo juramento que debe presentar el proponente, para acreditar que la Licencia de Funcionamiento tiene la acreditación para operar medios tecnológicos, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad.

“Indique las razones jurídicas para exigir como requisito una certificación juramentada y explicar por qué no requiere la copia de la licencia o credencial de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada conforme a los artículos 3 y 48 del Decreto 356 de 19942“, fue el requerimiento de la Procuraduría al Sena.

Otra controversia en ese contrato se ha centrado en la experiencia para los oferentes, pues deben acreditar tres certificaciones contractuales o copias de contratos sobre la prestación del servicio de seguridad. Y advierte el contrato: “Como mínimo uno de los contratos deberá estar relacionado con la prestación del servicio de vigilancia en entidades educativas“.

Por eso, la Procuraduría solicitó: “Indiciar las razones jurídicas para solicitar que mínimo uno de los contratos deba estar relacionado con la prestación del servicio de vigilancia en entidades educativas, tendiendo en cuenta que dicho servicio no se encuentra en ninguna de las once categorías de la clasificación de los SVSP de la Guía para la Contratación”.

Los cuestionamientos también se basaron en la falta de cuantía frente al tiempo de experiencia de esos contratos y las razones detrás de la solicitud de experiencia en medios tecnológicos, pero no permite las demás opciones establecidas por dicha Guía.

El SENA también deberá explicar por qué solicitaron un director de operaciones para ese contrato, con diploma o certificación ISO, pues la Corte Constitucional ha establecido en sentencias pasadas que ese tipo de documentos no habilitan para participar en una licitación.

“Indicar las razones jurídicas y técnicas que limitaron la experiencia del Director de Operaciones a un “Oficial Superior en uso del buen retiro de las fuerzas militares o de la policía nacional”. Allegar el estudio que se adelantó para establecer esta categorización", es otra de las preguntas que deberá resolver el Servicio Nacional de Aprendizaje.

Las observaciones también llegaron a otros perfiles dentro de ese contrato como el coordinador operativo del contrato, el líder de seguridad, los consultores de seguridad, y el supervisor.

La Procuraduría también alertó que durante la revisión del contrato, se percataron que los requisitos de los jefes de operaciones y los coordinadores operativos, tiene diferentes requisitos para acreditar el perfil dependiendo de la regional apesar de son los mismos servicios de vigilancia.

“Se solicita a la entidad revisar y analizar si los requisitos que se exigen en los perfiles antes señalados pueden restringir la participación de interesados en el proceso de selección al no ser claros en la descripción del nivel de educación, la forma de certificarlo y la pertinencia de solicitarlo”, dice el documento.

El Sena también deberá explicar cuál fue el análisis implementado para el estudio de la oferta, la estructuración del proceso de selección, las razones jurídicas o financieras que establecieron los indicadores e indicar la metodología que usaron para garantizar la prularidad de oferentes.