Los enredos judiciales de la fiscal de “apoyo” en el caso Nicolás Petro: su nombre aparece en otro expediente

Este lunes, la Fiscalía firmó una resolución para designar a María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro. Lo hizo luego de que SEMANA revelara una nueva imputación de cargos por hechos de corrupción en la Gobernación del Atlántico.

La Fiscalía aseguró que la participación de la fiscal es de “acompañamiento y asesoría”, irónicamente, cuando la encargada del proceso superó sola las etapas más complejas del expediente hasta llevarlo a las puertas del juicio. Es una resolución de apoyo, cuando ya no se requiere el apoyo.

La nueva fiscal de “apoyo” apareció en un expediente que se convirtió en una papa caliente para la Fiscalía. Se trata del caso Meyendorff, que incluye un eterno proceso de extinción de dominio y otro por lavado de activos, este último tan enredado que estuvo archivado y luego fue revivido sin explicación.

El principal problema en el expediente contra los Meyendorff, y que enreda a la fiscal de apoyo Ramírez Meléndez, es que se trata de una investigación con casi dos décadas en despachos judiciales y que motivó una millonaria ocupación de bienes con fines de extinción de dominio, la cual lleva 13 años sin resolverse.

Ese proceso por lavado de activos en contra los Meyendorff fue archivado y, sin explicación, revivido en la Fiscalía, a pesar de las evidencias que encontraron los abogados en los anaqueles del ente acusador y que confirmaban el archivo. Documentos firmados por directivas de la Fiscalía en noviembre de 2015: “Teniendo como última actuación registrada en el sistema orden de archivo 27/11/2015 por la doctora Luz Ángela Bahamón”.

Las pruebas confirmaron que el proceso por lavado de activos efectivamente fue archivado y, casi diez años después, resucitado sin ninguna prueba más que la necesidad de mantener vigente la extinción de dominio que surgió con ese proceso y que 13 años después la Fiscalía insiste en defender, pero sin resolver.

“Como quiera que no se vislumbre la existencia de los requisitos descritos en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, se continuará con la investigación correspondiente a fin de determinar si existe mérito para archivar o, por el contrario, para acusar conforme a los parámetros de la Ley 906 de 2004”, señala un documento de la Fiscalía que abrió un nuevo capítulo en este escándalo.

Es curioso que el proceso contra Ignacio Álvarez Meyendorff, en la dirección de lavado de activos, estuvo en manos de la fiscal Lucy Laborde, la misma que recibió por asignación especial el caso contra Nicolás Petro, y luego aterrizó en el despacho de la fiscal Ramírez Meléndez, ahora el “apoyo” en el juicio contra el hijo del presidente.

El proceso por lavado de activos contra los Meyendorff, y que resucitó en los anaqueles de la Fiscalía, se convirtió en un incidente de desacato que abrió un magistrado del Tribunal de Bogotá contra la fiscal Luz Adriana Camargo, porque llevan 17 años buscando sin encontrar, señalando sin imputar y extinguiendo bienes sin investigar. No lograron decidir si imputan, archivan o precluyen esa investigación.

“Cabe destacar que ya se había programado audiencia de formulación de imputación, lo que permite corregir que la Fiscalía contaba desde ese momento con elementos materiales, productores y vivencias físicas suficientes para dar por concluida la etapa de indagación, procediendo la formulación de hipotensión de imputación para cerrar esta etapa que lleva cerca de 17 años”, señala el incidente de desacato.

La fiscal María Isabel Ramírez entregó el proceso por lavado de activos contra los Meyendorff, justo antes del incidente de desacato que enreda a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Sin embargo, en la respuesta de la Fiscalía al Tribunal de Bogotá, es ella quien hace graves advertencias para dejar como responsable a su antecesora.

“Como quiera que para esa fecha no había recibido el proceso físico, no conocía el contenido del mismo ni de los hechos jurídicamente relevantes, máxime cuando su homóloga 3.ª DECLA, no entregó nada respecto a la imputación que pretendía realizar si contaba o no con los elementos para el efecto”, señaló un documento del Tribunal de Bogotá con la respuesta de la Fiscalía.

El enredo del caso Meyendorff tiene antecedentes con denuncias, tutelas y desacatos, hasta en la Corte Suprema de Justicia. Son varios los funcionarios vinculados en lo que está por convertirse en una millonaria demanda y compulsas de copias de un proceso que mostró todo lo que no se debe hacer en una investigación: los errores se tapan con errores.