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Los escenarios de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Devolverla, hundirla, medidas cautelares y aprobarla, las opciones
SEMANA consultó a un exmagistrado del alto tribunal que explicó los cuatro escenarios que se podrían presentar con la llegada inminente del acto legislativo a la constitucional.
Es inevitable que apenas el presidente Gustavo Petro firme la reforma pensional para que se convierta en ley, termine pasando por una revisión en la Corte Constitucional a través de una demanda. Por eso, SEMANA consultó a un experto exmagistrado de ese alto tribunal para saber los escenarios a los que se vería enfrentada la cuestionada reforma.
El exmagistrado Luis Guillermo Guerrero, en diálogo con SEMANA, explicó que si esa demanda llega al alto tribunal se podrían presentar cuatro escenarios: que la aprueben, que la declaren inexequible, que la devuelvan al Congreso o que le pongan medidas cautelares.
Sobre el primer escenario, que la Corte acepte la reforma, Guerrero explicó: “Tendría que examinar el trámite que se dio en la Cámara para verificar exactamente cómo ocurrió la sesión, pues lo que se conoce por medios de comunicación es que se presentó una proposición suscrita por un conjunto de representantes y que se procedió a votar. La Corte tendría que examinar eso y decir que se habría aprobado esa proposición, pero que no obstante hubo oportunidad para el debate y para votar. Yo lo veo difícil por la manera como ocurrió”.
Y es que la reforma pensional fue aprobada sin discusión y, de hecho, tenía plazo para debatirse hasta el próximo 20 de junio. El tema es que si no logran aprobarla en esa fecha, se hundiría el proyecto, pero como fue aprobada sólo falta la firma del presidente Gustavo Petro para implementarla.
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Sobre el segundo escenario, que la Corte declare inexequible la polémica reforma pensional, el exmagistrado Luis Guillermo Guerrero indicó: “Como en este caso no se dio esa división, es complejo pensar que en relación con todo un articulado no había ninguna observación, ninguna sugerencia, ninguna discrepancia en la Cámara y que no aprobaron simplemente lo del Senado. Entonces eso es lo que nos conduce en escenario de posible inconstitucionalidad”.
Pero allí aparece un tercer escenario que plantea el jurista y es que cuando existen vicios de trámite, si son subsanables, se deben devolver al Congreso de la República para que se haga el debido proceso y, si es el caso, regrese a la Corte Constitucional para que se verifique que efectivamente la situación se resolvió y se proceda. En este caso, el posible vicio sería subsanable porque se presentó en el último debate y existe la circunstancia de que se dé ese trámite.
Sin embargo, Guerrero hizo una importante explicación y es que “hay que tener en cuenta que el proyecto debía estar aprobado antes del 20 de junio y, por lo tanto, ya no cabría subsanar el vicio. Hay precedentes en ese sentido. Ya no cabría porque el proyecto regresaría a trámite en una tercera legislatura, y sólo puede tramitarse en dos”.
Otro de los escenarios que parece lejano, pero también se ve en el radar, es el de la suspensión provisional, una medida que hasta el momento la Corte no habría puesto en funcionamiento, y es suspender la vigencia de la norma para evitar un daño al ordenamiento jurídico mientras el alto tribunal decide. Sin embargo, hay que recordar que la reforma pensional empieza a regir hasta el otro año, lo que le quitaría presión a la Constitucional para hacer uso de esa figura.
“El hecho de que la Corte dijera que se suspende no afectaría esa circunstancia porque igual lo que estaba previsto era que entrara a regir el próximo año, o sea, si la Corte antes de la fecha de la vigencia ya admite una decisión definitiva, pues ya diría la Corte, o es exequible o es inexequible, y la decisión sería oportuna, digamos, en ese momento y no habría tenido sentido una suspensión previa”, agregó el exmagistrado Guerrero.
Para el experto jurista consultado por esta revista, hay un serio indicio de que la reforma pensional se caiga en la Corte Constitucional, teniendo presente que no habría existido el suficiente debate en la Cámara de Representantes y eso hace que la iniciativa quede vulnerable ante una revisión de constitucionalidad.