Los indultos al M-19 fueron derogados por una ley: Néstor Humberto Martínez revela la norma y habla del caso de Gustavo Petro

SEMANA: En su columna en el diario El Tiempo, usted asegura que el indulto que el Estado le dio al M-19, que incluía los hechos del Palacio de Justicia, hoy está derogado. ¿Cómo es eso posible?

Néstor Humberto Martínez: Es muy importante tener en cuenta que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra como la toma del Palacio de Justicia, las desapariciones y todo lo que ahí ocurrió son imprescriptibles y no pueden ser objetos de indulto a la luz de la Constitución y a la luz del derecho internacional hoy. Y lo que yo escribí en la columna es que es muy interesante advertir justamente que así lo reconoció el Congreso recientemente. Sorprende que no nos hayamos dado cuenta de que la ley 77, que fue la que autorizó al presidente en el año 1989 para conceder estos indultos, fue derogada. Eso sucedió hace unos pocos años por la ley 2085 del 2021, de depuración normativa. Allí, dice el Congreso de la República que se retira del ordenamiento jurídico, comillas, por contravención con el orden constitucional.

Y es así. La ley no puede indultar esos delitos de lesa humanidad y esos crímenes de guerra. Sería inconstitucional. Así lo declaró ya el Congreso de la República y frente a la Constitución nadie puede alegar derechos adquiridos, lo que obliga a que estos hechos puedan ser investigados y judicializados, como lo han pedido las víctimas en estos días. Debe haber verdad, justicia y no repetición.

SEMANA: ¿Cómo puede ser posible que el Congreso derogue una ley tan trascendental en la historia del conflicto en Colombia sin que nos demos cuenta?

N.H.M: Habría que decir, en primer lugar, que este proyecto fue elaborado por el Gobierno Nacional luego de muchos años de estudio, en desarrollo de esa política de simplificar la normatividad en Colombia. De tal manera que esto no puede ser un accidente, sino que ha debido ser el fruto de un juicioso estudio que se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque y que se le presentó al Congreso de la República que, a su vez, avaló la característica de inconstitucionalidad de la ley 77 de 1989, entre otras muchas leyes.

Y esto tiene una importancia vital. Uno no puede asumir que el congreso irresponsablemente pasó esta ley sin haberla estudiado. Quiere decir que gobierno y Congreso, dos poderes públicos han calificado la inconstitucionalidad de la ley de indulto al M-19.

SEMANA: ¿Jurídicamente qué significa para las personas que fueron indultadas que esa ley esté derogada?

N.H.M: Pues mire usted, alguna vez una juez de orden público consideró que el indulto era improcedente y abrió unos procesos penales. De hecho libró órdenes de captura contra la comandancia del M-19 y lo hizo con base en la inaplicabilidad de la norma frente a la Constitución, porque el indulto solamente es posible frente al delito político. Es decir, frente a la rebelión, pero no puede ser que estos execrables crímenes sean conexos de un delito político. De tal manera que ya la justicia había tenido un antecedente de inaplicabilidad de la ley.

Ahora que el Congreso, a iniciativa del gobierno, califican la inconstitucionalidad, podría decirse que una ley que está vigente ya determinó que esa ley ha salido del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es inaplicable y, en consecuencia, tiene que recordarse que frente a la Constitución, nadie puede alegar derechos adquiridos.

SEMANA: ¿Pero eso qué significaría? ¿Se podrían reabrir procesos contra miembros del M-19?

N.H.M: Yo creo que la justicia podría reabrir. Se haría un debate, por supuesto, al respecto. Pero ese debate estaría resuelto por la existencia de una ley vigente. Quiero subrayar que está surtiendo todos los efectos que calificó el retiro de esa norma del orden jurídico por contravenir el orden constitucional.

SEMANA: Han pasado muchos años y hay unas nuevas generaciones que no vivieron esa época de Colombia. ¿Cómo se dieron esos indultos al M-19?

N.H.M: Antes de eso, quiero decir que es claro que hubo un acuerdo criminal entre el narcotráfico, el cartel de Medellín y el M-19. El cartel de Medellín financió la toma del Palacio de Justicia. Eso está muy claro. Está acreditado, existen las pruebas y los testimonios. Existe el testimonio de Popeye que recogió precisamente en la revista Semana, por ejemplo.

Y, en consecuencia, ahora lo que eh corresponde es identificar el tipo de crímenes que allí se dieron. Hubo tiros de gracia a los magistrados de la Corte Suprema, hubo desapariciones, y se presentó una verdadera guerra al interior del Palacio de Justicia.

SEMANA: ¿Pero cómo se produjeron esos indultos?

N.H.M: En ese momento, en el gobierno del presidente Virgilio Barco, se tramitaba un proceso de paz con el M-19 que llegó a consolidarse en la transición con el gobierno de Gaviria y para lograr la desmovilización del M-19 se planteó esa ley de indulto.

Fíjese que en el proceso de las FARC se logra la desmovilización, pero no se pueden indultar, no se pueden amnistiar los delitos de lesa humanidad y por eso la JEP está condenando en este momento, está sentenciando esos delitos que son imprescriptibles. Lo mismo ha debido ocurrir en aquella época. Sin embargo, desde entonces, se ha dicho que hubo un intento generalizado, se expidieron unos decretos por parte del gobierno de la época y, entonces, quedaron libres de polvo y paja quienes fueron los autores de estos bárbaros crímenes que se cometieron al interior del Palacio de Justicia.

Lo que dice la comunidad internacional, el derecho internacional de la guerra y la Constitución es que los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar. Los beneficiarios de esos indultos no fueron miles, fueron apenas unos cientos.

SEMANA: ¿Cómo es el caso, judicialmente hablando, del presidente Petro?

N.H.M: En el caso de Petro, él tiene la razón cuando dice que él nunca fue indultado. Eso es cierto. Y en los listados del Ministerio de Justicia no aparece su nombre dentro de la relación de guerrilleros del M-19 que obtuvieron esa declaración de amnistía o de indulto. Petro fue beneficiario de un auto de cesación de procedimiento. Es decir, se le suspendió, se le cesó el procedimiento que se le había abierto justamente con ocasión de la investigación penal por la toma del Palacio de Justicia. Pero el presidente Petro tiene razón, él no ha sido ni indultado ni amnistiado.

SEMANA: ¿Qué piensa usted de toda esta controversia que se ha armado alrededor de las declaraciones del presidente Petro, que ha intentado cambiar el relato sobre la responsabilidad del M-19?

N.H.M: Yo creo que se está tratando de reescribir la historia frente al país ofendiendo de manera grave a las víctimas. No se puede hablar de genialidad esa toma del Palacio, no se puede desconocer que la toma estuvo contaminada por intereses del narcotráfico. No se puede desconocer que hubo un tiro de gracia del M-19 contra el magistrado Manuel Gaona y contra otros magistrados que estaban en el baño, secuestrados por el M-19. Y no se puede hablar de este operativo como si se tratara de un operativo de liberación del espíritu de la Nación en beneficio de los derechos sociales y de reivindicaciones colectivas.

Realmente ese es un muy mal mensaje para el país. Las víctimas tienen derecho a que haya verdad y justicia. Y si vuelven y miran lo que hizo el gobierno nacional y el congreso con la ley 2085 del 2021, como lo digo hoy en el periódico El Tiempo, podría ser que el camino esté despejado para que haya justicia y finalmente se cierren las heridas. Colombia tiene que entender que no puede haber procesos de paz si no hay justicia. Y eso dice relación con la desmovilización del M-19 y también con la desmovilización de las FARC. Si al final de todo este proceso con las FARC no hay justicia, nunca vamos a cerrar las heridas de la guerra.

SEMANA: ¿Cómo vivió usted la toma del Palacio de Justicia?

N.H.M: Yo había construido una amistad relativamente cercana con el presidente de la corte, Alfonso Reyes Echandía, alrededor de un tema del cual él era pionero. Reyes Echandía era una mente privilegiada. Él creía que era necesario empezar en los años 80 a sistematizar la justicia. Y desde la Cámara de Comercio de Bogotá yo me había propuesto desarrollar ese proyecto. Y, para ese momento, ya había logrado la sistematización del juzgado 32 civil del circuito de Bogotá.

El presidente Reyes Echandía me pidió que sistematizáramos entonces, como una segunda etapa, todo el Tribunal Superior de Bogotá. Era un gran desafío, pero había que empezar. Lo llamé al Palacio ese seis de noviembre para que acordáramos entonces la fecha de lanzamiento de este proyecto. Cuando estábamos hablando, él me dice que siente unos ruidos muy extraños fuera de su oficina y me dice, “Perdóneme un momento que algo está sonando.” Deja el teléfono descolgado, regresa a los segundos y me dice, “Algo pasa, esto es muy raro”. Y tiró el teléfono, me colgó. No pude terminar la conversación. Estaba empezando en ese momento el 6 de noviembre la toma del Palacio de Justicia.

Fue una llamada antes del mediodía. No volví a oír su voz, sino horas después, cuando pedía que cesara el fuego al presidente de la República. Fue un episodio muy doloroso.