De la mano del Tío Sam: tres escándalos de corrupción destapados en Estados Unidos

El tema de 2017 en América Latina fue la corrupción, y Colombia no estuvo por fuera de la tendencia. Las noticias sobre los escándalos de Odebrecht, el cartel de la toga y el Fifagate sacudieron al país. Según la última encuesta de Invamer contratada por SEMANA, Caracol y Blu Radio, los colombianos consideran la corrupción como el principal problema del que deberá ocuparse el presidente que gane las elecciones del año que viene.

La lista de los salpicados en los tres procesos es impactante. Por el cartel de la toga, tres expresidentes de la Corte Suprema

–Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino– responden ante la justicia señalados de haber cobrado sobornos millonarios a cambio de favorecer, con fallos judiciales, a políticos. La Corte Suprema de Justicia está revisando decenas de expedientes de congresistas que habrían sido clientes del cartel; entre estos están los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, ya detenidos por haber hecho millonarios pagos a cambio de retorcer el destino de los procesos en su contra. El ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno está preso y solicitado en extradición.

De otra parte, por el escándalo de Odebrecht está condenado el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien confesó haber recibido y tramitado sobornos. También hay investigaciones contra las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Hace un par de meses fue detenido el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, señalado de ‘reclutar’ a los llamados buldócer, el grupo de congresistas que habrían influido en favor de la multinacional brasileña a cambio de coimas. Están en apuros varios altos exfuncionarios del gobierno y el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, quien también fue privado de la libertad.

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Y por el Fifagate, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Bedoya permanece en Estados Unidos a la espera de ir a juicio en los primeros meses de 2018. A finales de 2016, Bedoya le confesó a la Fiscalía de Nueva York que aceptó pagos hasta 2015. El 2017 fue el año de los peores escándalos judiciales en mucho tiempo.

Los tres casos –Odebrecht, el cartel de la toga y el Fifagate– tienen un denominador común: la información en la que se basan los procesos judiciales viene fundamentalmente del exterior. Y sobre todo del Tío Sam. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha convertido en una especie de cabeza transnacional de la lucha contra la corrupción. Ese país lideró la investigación sobre la Fifa, que se inició en 2015, después de que le siguió la pista a manejos irregulares en la Copa América de 2016. Las pistas llevaron a los fiscales gringos a indagar y encontrar pagos de sobornos a las federaciones de países en todos los continentes, en procesos como la escogencia de Qatar para realizar el Mundial de 2022 y ventas de derechos de televisión. La mirada indignada del Tío Sam se paseó por todo el mundo.

Odebrecht también es un monstruo transnacional. No solo porque la constructora brasileña pagó por contratos de infraestructura en toda América Latina, sino porque el FBI estadounidense terminó involucrado en la investigación de lo que, a la postre, se había convertido en una multinacional del delito. Justamente el Departamento de Justicia en Washington reveló en diciembre de 2016 que las actividades corruptas de la constructora brasileña se extendieron a 11 países y alcanzaron 788 millones de dólares.

Y el Tío Sam asoma sus barbas en las prácticas de corrupción destapadas en la Justicia colombiana: todo comenzó con una declaración de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, a la justicia en Miami. A raíz de su testimonio, la DEA en la capital de Florida puso en marcha la operación para grabar conversaciones entre Lyons y el entonces fiscal Gustavo Moreno. Con ello quedó probado que Moreno recibió coimas como fiscal anticorrupción. Estas pruebas están en manos de la Fiscalía de Colombia y constituyen la columna vertebral de su investigación en el caso del cartel de la toga.

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La presencia de autoridades judiciales estadounidenses en procesos nacionales de varios países tiene varias explicaciones. La principal es que han cambiado las actividades delictivas que se internacionalizan para esconderse de los sistemas judiciales de los países. Ya no se limitan al narcotráfico, la trata de personas o el lavado de dinero, delitos que concentraron la cooperación judicial hace tres décadas. En los tiempos actuales los delincuentes de cuello blanco también distribuyen sus actividades en varios países con el fin de pasar inadvertidos. Dividen el delito para que no se note. Cuando el exviceministro Gabriel García afirmó que no tenía nada, no faltaba a la verdad: sus propiedades no estaban en Colombia, sino en el exterior.

La delincuencia no tiene fronteras y menos la que utiliza métodos sofisticados de manejo del dinero. Ante la corrupción internacionalizada, los países han buscado transnacionalizar las políticas para perseguirlo. Los convenios tienen menos que ver con coordinar las Policías nacionales e intercambiar información, como en el pasado, y se concentran en una comunicación que puede ser informal. No necesariamente se trata del intercambio tradicional de pruebas por las vías diplomáticas, sino reuniones de trabajo en las que el país que posee la información da pistas sobre dónde encontrar a los delincuentes.

En Estados Unidos el Departamento de Justicia lleva el liderazgo. Agencias especializadas –la DEA, el FBI– realizan las investigaciones, pero el fiscal general tiene en Washington la visión completa. En gran medida el vicefiscal Kenneth Blanco impulsó la cooperación con Colombia en los escándalos recientes, antes de su paso a la Secretaría del Tesoro, donde se dedicará a adelantar investigaciones sobre transacciones de dinero.

El protagonismo del Tío Sam en la lucha contra el crimen tiene dos explicaciones principales. La primera, que los delincuentes de otros países utilizan el sistema financiero de ese país para hacer transacciones y dejan rastro. La segunda, que los corruptos realizan actividades en territorio de ese país. Fue el caso de la Copa América, que permitió que la Justicia norteamericana le metiera la mano a la corrupta estructura de la Fifa.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fortalece la cooperación internacional como una de sus prioridades. En Estados Unidos ha utilizado el buen ambiente que existe hacia Colombia en el campo político. Porque la cooperación informal y expedita necesita de confianza entre las partes, condición que en muchas ocasiones ha sido un obstáculo. Martínez también desbloqueó la comunicación judicial con Panamá, que había estado muy cerrada en el pasado. Por este conducto ha llegado información útil para la Justicia.

Los resultados, en general, son tanto de cal como de arena. La información reunida por la Justicia colombiana en el caso de Odebrecht no ha llegado de las autoridades judiciales del Brasil, sino de la empresa. Los brasileños en materia judicial tienen una política según la cual las pruebas aportadas no pueden utilizarse contra entidades ni personas de ese país, condición que Colombia no ha aceptado.

Y en los tres casos que dominaron la agenda en 2017 –Odebrecht, Fifa y Corte Suprema de Justicia– se han concretado esquemas diferentes. En el caso de Lyons y de Gustavo Moreno, la DEA ha compartido los audios de las conversaciones porque no forman parte de procesos en Estados Unidos. Los sobornos del cartel de la toga son crímenes contra la ley colombiana y no interesan en el país del norte. Estados Unidos ha solicitado la extradición de Moreno para juzgarlo por conspiración para lavar dinero, que es un delito allá. El presidente Juan Manuel Santos anunció que concederá la extradición, pero que se llevará a cabo después de que la Justicia colombiana agote las diligencias para obtener su verdad sobre los casos de corrupción en los que está involucrado.

El caso de Odebrecht es diferente. La investigación en Estados Unidos no llegó hasta la etapa de juicio porque la empresa negoció y se declaró culpable. Esta figura facilita el intercambio o envío de pruebas porque no se necesitan para el proceso en ese país. Y en cuanto a Bedoya, el expresidente de la Federación de Fútbol, su fórmula consistió en presentarse ante el Tío Sam para suministrar información a cambio de beneficios judiciales. En este punto no ha habido aporte de datos de Estados Unidos a Colombia.

Los colombianos recordarán el año que termina por los escándalos de corrupción. La historia dirá que en 2017 hubo un quiebre: en un número creciente de oportunidades, las fronteras ya no constituyen un obstáculo para la justicia.