“Los militares implicados no han dicho quiénes de arriba les dieron las órdenes": Madres de Soacha

“Los que hicieron esto no pensaron que había hijos, hermanos, madres, que se iban a encargar de buscar a los responsables”, dijo a los magistrados de la JEP Soraida Muñoz, madre de uno de los jóvenes de Soacha que fue asesinado por el Ejército para ser presentado como un supuesto guerrillero dado de baja en combate. Toda una farza bastante conocida por el país. En una audiencia ante la justicia transicional los familiares de los jóvenes recordaron sus historias y solicitaron que las responsabilidades no se queden en los mandos bajos. 

El 10 de agosto de 2008, Jaime Castillo Peña desapareció en Soacha. Dos días después, el 12 de agosto, fue reportado como guerrillero dado de baja en combate en Ocaña, Norte de Santander. Tenía 42 años. 

Estiven Valencia Sanabria era el menor de varios hermanos, cantaba y quería estudiar para ser médico veterinario cuando terminara el colegio. Cuando desapareció, engañado por miembros de la Brigada 15 del Ejército que le ofrecieron un supuesto trabajo, aún era menor de edad. 

Jackeline Castillo, hermana de Jaime, se enteró de la aparición en Norte de Santander de varios jóvenes desaparecidos por esos mismos días en Soacha y, al ver que su hermano continuaba sin aparecer, tomó la decisión de viajar hasta allí. En Ocaña, encontró a Jaime en una fosa común en la que había otros 5 cuerpos. Al preguntar por la causa de muerte, los funcionarios de Medicina Legal, le informaron que su hermano había sido dado de baja en un combate con el Ejército. "Era guerrillero”, le dijeron. 

Anderson Rodríguez, hermano de Estiven, Luego de varios días de incertidumbre se enteró que su hermano menor había muerto, supuestamente, en combates contra el Ejército. Le mostraron fotos de Estiven, en ellas aparecía vestido con camuflados y portaba un arma. La explicación fue la misma que recibió Jackeline: "guerrillero". 

Al igual que ellos, otras madres, esposas, hermanos y familiares de víctimas de los llamados “Falsos positivos”, fueron escuchados este jueves por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto dentro del Caso 003, que hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre los años 2007 y 2008. 

“En nombre de todas las familias, sentimos la importancia de poder expresar públicamente quienes eran nuestros familiares y desmentir las versiones que han dado aquí los militares” dijo Jackeline Castillo ante los magistrados de la JEP.

La sesión tenía como objetivo que los familiares de los jóvenes que fueron engañados, asesinados y presentados como guerrilleros muertos, hicieran sus observaciones a las 31 versiones rendidas por militares involucrados en estos hechos. 

Para los familiares, con las versiones entregadas hasta ahora por los militares no se ha contribuido al esclarecimiento de los hechos. Los implicados, dicen, únicamente buscan obtener beneficios judiciales por parte de la JEP, sin aportar realmente a la verdad y a la justicia en este caso.   

“Ellos dicen que las órdenes vinieron de arriba, pero no dices de quien ¿Ministerio de Defensa, Presidencia?”, dijo Anderson Rodriguez.

En este sentido, cuestionaron que en todas las versiones rendidas hasta ahora por militares, estos siempre manifiestan no recordar o desconocer a los superiores jerárquicos que impartieron las órdenes de realizar ejecuciones extrajudiciales. “Si se están acogiendo a la verdad, que empiecen por hablar de las personas que los mandaron”, insistió Soraida Muñoz, madre de uno de los jóvenes asesinados. 

Su hijo, Jony Duvian Soto, tenía 21 años cuando fue engañado y asesinado por miembros de la Brigada 15 del Ejército. Su sueño, irónicamente, era poder ser soldado profesional.“Mi hijo les prestó el servicio militar, dos años para poder tener su libreta militar, quería ser soldado profesional  y aun así me lo mataron”, recordó Soraida. 

Hasta ahora, en el caso 003 hay acreditadas 314 víctimas y se han presentado 17 informes de organizaciones de víctimas. Los testimonios escuchados hoy por la JEP, serán claves para que la justicia especial pueda estudiar los procesos que contra oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública se adelantan por su participación y responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales.