Luis Ordulio, reconocido líder social que había sido secuestrado en Boyacá, apareció muerto en Arauca

El pasado 19 de septiembre, el departamento de Arauca se vio sacudido por el asesinato de Luis Ordulio Ramón, un destacado líder social que había sido secuestrado hace más de un mes en Boyacá. Este crimen encendió las alarmas en la región y las autoridades han comenzado a investigar los detalles que rodean este nuevo hecho.

Luis Ordulio Ramón era una figura importante en su comunidad, reconocido por su compromiso y dedicación a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región. Era miembro activo de varias organizaciones, incluyendo la Asociación de Cacaoteros del Municipio de Cubará (ASOCAB), la Asociación de Juntas de Acción Comunal de su vereda y la Asociación de Agricultores de Cubará. Su trabajo en estas instituciones reflejaba su deseo de promover el desarrollo sostenible y el bienestar de su comunidad, lo que lo convirtió en un objetivo para aquellos que se oponen a estas iniciativas.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entregó detalles sobre el caso, resaltando la cifra de 119 líderes sociales asesinados en lo que va del año. Esta alarmante estadística pone de manifiesto el peligro que enfrentan quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de proyectos comunitarios en Colombia.

El secuestro de Luis Ordulio Ramón se llevó a cabo el pasado 12 de agosto, en su finca en Cubará, Boyacá, desde donde las autoridades le perdieron el rastro, hasta que fue hallado sin vida en la isla del Charo, en el municipio de Saravena, Arauca.

Ante este hecho, los familiares y amigos de Ramón exigen respuestas y justicia, esperando que las autoridades actúen con prontitud para esclarecer este crimen y garantizar la seguridad de quienes continúan la lucha por la paz y la justicia en Colombia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana (AT) 011/23 que incluye al municipio de Saravena y la AT 019/23 en el que advierte sobre los riesgos que enfrentan los líderes. Según el informe, estos riesgos están relacionados con el interés de los actores armados ilegales en ciertos territorios específicos, lo que también obstaculiza el proceso de reincorporación de los excombatientes.

“Señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos humanos”, dice el documento de Indepaz.

De acuerdo con Indepaz, en este territorio habría presencia del ELN, Frente 10 y Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente y bandas de carácter local.