NACIÓN
Lupa a empresas de transporte por no devolver recursos de reposición
La Superintendencia de Transporte señala que las compañías habrían incumplido esta normativa, por lo que podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes.
Siete empresas de transporte podrían ser multadas con hasta 700 salarios mínimos legales vigentes en caso de ser encontradas responsables de no devolver los dineros de reposición vehicular a los propietarios.
Cabe mencionar que el Gobierno nacional expidió el decreto 575 de 2020, mediante el cual se previó que “durante el término de la emergencia sanitaria (…) los propietarios de los vehículos están habilitados para retirar hasta el 85 por ciento de los recursos aportados a los programas periódicos de reposición con el fin de garantizar un ingreso mínimo”.
Sin embargo, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación preliminar contra las compañías para establecer si incumplieron o no la normativa expedida por el Ejecutivo.
Las empresas que serán investigadas por el ente de control son: Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima Ltda.; la Cooperativa de Transportadores del Medio Magdalena Ltda.; la Empresa Corta Distancia Ltda.; Taxis Furatena S.A.; Flota San Vicente S.A.; Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. y el Expreso de Transporte Colectivo del Oriente.
Bajo este panorama, la entidad detectó que ya se recibieron reiteradas quejas de varios propietarios, en las que se indica que las empresas hacían caso omiso a sus solicitudes de devolución de dineros del fondo de reposición.
"El Gobierno nacional ha desplegado muchos esfuerzos para aliviar la situación económica generada por la pandemia y, en esa línea, la Superintendencia de Transporte verificará el cumplimiento de las mismas”, dijo el superintendente, Camilo Pabón Almanza.
Agregó que, "contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa".